La Fiscalía investiga al pedáneo de la Junta Vecinal de Novales, del Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo, el ‘popular’ Antonio Rodríguez Diego, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos y caudales públicos, que se habrían cometido desde 2011 hasta mayo de 2015.
Rodríguez Diego habría instalado “un modus operanti” en la Junta por el que habría aprobado pagos directos a su nombre, sin justificación ni expediente, por importe de 11.070 euros; además de haber recibido otros importes a través de una supuesta Comisión de Festejos, primero, y de la Asociación Nacelagua, después, por valor de 33.600 euros. Asimismo, habría aprobado pagos a terceros, sin expedientes de contratación, por importe de 30.656,7 euros.
La investigación de la Fiscalía se produce después de la denuncia realizada por los representantes regionalistas en Novales, Ignacio Javier Abril y Héctor Íñigo Gutiérrez, el pasado miércoles, para que se investigaran estos hechos que consideran “muy graves” porque el pedáneo habría “actuado de espaldas a la ley, recibido fondos públicos sin control, realizado contratos ilegales y utilizado la Asociación Nacelagua y la Comisión de Festejos para saltarse la legislación”.
Los regionalistas presentaron la denuncia después de haber “constatado” que “varias actuaciones de Rodríguez Diego pueden suponer la comisión de un delito”, además de “una ilegalidad grosera”.
Las elecciones de mayo de 2015 supuso la llegada de los vocales regionalistas a la Junta Vecinal de Novales. Desde entonces han querido conocer el estado de las cuentas municipales, así como la tramitación de expedientes para las fiestas o la contratación de personal. Para ello, han solicitado, “en reiteradas ocasiones” la documentación pertinente sin que el pedáneo les haya “facilitado ningún tipo de información”.
Los regionalistas han explicado que, después de reiteradas peticiones de documentación, “solo nos ha dejado consultar el libro de cuentas”. La lectura de este libro es lo que les ha permitido descubrir, “con asombro, una serie de irregularidades” que pueden suponer la comisión de un delito.
En este sentido, han comprobado que, desde el 2011 hasta la fecha, han sido reiterados los pagos directos, sin justificación ni expediente, que el propio Antonio Rodríguez Diego se ha hecho a sí mismo, alcanzando los 11.070 euros.
Así, consta que Rodríguez Diego habría cobrado, repartido en diferentes mensualidades, 3.000 euros en 2011, 2012 y 2013; 1.300 en 2014; y 770 euros hasta mayo de 2015 “por trabajos a costa de Novales, sin ser declarados, ni justificados ni autorizados por la Entidad en ninguna de sus reuniones”.
A ello, se suma las cantidades que habría percibido como representante de la Comisión de Fiesta, “cuya existencia no ha sido constatada por ninguno de los vecinos del pueblo”, en los años 2011, 2012 y 2013, y como presidente y tesorero de la Asociación Nacealgua, en 2014. Las cantidades por este concepto alcanzan los 33.600 euros.
De este modo, habría dispuesto de 10.000 euros, en 2011; 7.600 euros, en 2012; 9.000 euros, en 2013; y 7.000 euros, en 2014.
Para los regionalistas, esta “irregularidad” es “muy grave” porque el dinero de las fiestas corresponde a una subvención del Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo, “cuya justificación es ficticia al no existir contratos ni facturas, y además porque se gestiona de manera opaca una cantidad superior a los 5.000 euros de rendimientos obtenidos en el bar de la fiesta y con los patrocinios de la cartelería”.
Esta irregularidad es muy grave porque el dinero de las fiestas corresponde a una subvención del Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo
Pagos sin expediente de contratación
Además de todos estos asientos, en el libro de cuentas se descubre que se habrían realizado pagos irregulares sin expediente de contratación, lo que infringe la Ley de Contratos del Sector Público.
Así, en el año 2012, se habrían efectuado pagos por valor de 25.582 por alquiler de maquinaria y equipo de construcción, por la contratación de un abogado y por el arreglo de maquinaria; mientras que en el 2013, aparece el pago de 1.574,7 euros por consumo de gasolina y de 3.500 euros por arreglo de maquinaria, que es la misma empresa que el año anterior.
Otro de los asuntos que denuncian los regionalistas, es la contratación irregular de trabajadores en 2012. Una práctica que, según consta en la denuncia, “ya se utiliza en periodos anteriores”, indicándose que se habría producido pagos en B a varias personas.
En total, constan el pago total de 3.589 euros a cuatro personas, destacando los 208 euros que habría cobrado José Francisco Sánchez Quintan, vocal del Partido Popular en la Junta de Novales por lo que “incumplió la ley de incompatibilidades de la Administración Local”.
Los representantes regionalistas han hecho hincapié en que el “modus operandi” de Rodríguez Diego “continúa” y han mostrado su preocupación porque en el libro de cuentas “desde mayo de 2015 hasta ahora, no consta la existencia de ningún asiento económico”.
Por todo ello, han confiado en que la Fiscalía investigue para esclarecer los hechos y poder conocer los libros de actas y de cuentas, los contratos y facturas que justifiquen los gastos e ingresos realizados por la Junta Vecinal.
