El fiscal del caso Ecomasa ha pedido nuevas diligencias al detectar irregularidades que podrían constituir delitos de fraude de subvenciones, falsedad en documento oficial y estafa agravada, por parte de los propietarios de Ecomasa (EWI), Andrés de León y Jesús Lavín, en la justificación de la subvención de 190.000 euros que la empresa recibió del Gobierno para impartir cursos de formación a los trabajadores de la fábrica de estufas de Maliaño.
Mientras continúa la instrucción judicial contra los gestores de Ecomasa por presunto delito societario y estafa agravada vinculada al delito de fraude de subvenciones, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Santander, Mercedes Compostizo, ha acordado esta semana el archivo de una parte de la causa contra Lavín y de León.
En concreto la relacionada con los 3,2 millones aportados por Teka al proyecto, por la que inicialmente fueron imputados por supuestos delitos contra los derechos de los trabajadores y de apropiación indebida y estafa. La magistrada considera que esa cantidad no se corresponde con las indemnizaciones por despido de los trabajadores de Teka, dado que a su entender no generaron ese derecho al ser recolocados en la fábrica de estufas de Maliaño, sino de una aportación de capital por parte de Teka a Ewi.
En la justificación se han imputado como gastos del curso a subvencionar, y precisamente como la mayor partida, la adquisición de materiales "evidentemente productivos
La práctica de las nuevas diligencias solicitadas por el fiscal del caso está pendiente de resolver, como también lo está la petición de aclaraciones al informe pericial contable elaborado por el perito judicial sobre el destino de los 18 millones de euros que el Gobierno regional concedió a EWI desde 2012 a través de SODERCAN y el ICAF (Instituto Cántabro de Finanzas), organismos públicos personados como acusación en la querella de los trabajadores contra Lavín y de León.
En un escrito fechado el pasado viernes el fiscal explica que las diligencias practicadas hasta el momento en relación con la subvención por importe de 190.000 euros abonada a EWI, han puesto en evidencia "graves discrepancias, cuando no total oposición", entre lo justificado como gasto subvencionable por la empresa ante el Servicio Cántabro de Empleo, "y la realidad de las actividades formativas realizadas".
Según el fiscal, tres testigos han negado siquiera conocer su condición de profesores designados para tales cursos, y han corroborado que no impartieron formación en los horarios y con los contenidos justificados para obtener la subvención. Otros dos han declarado que impartieron cierta formación pero sin el contenido ni duración justificados por EWI.
Además, en la justificación se han imputado como gastos del curso a subvencionar, y precisamente como la mayor partida, la adquisición de materiales "evidentemente productivos que, difícilmente se pueden haber destinado a la impartición de curso alguno entre diciembre de 2012 y enero de 2013, sino más previsiblemente a la posterior actividad productiva de la planta".
Para el Ministerio Fiscal, "parece obvio" que Ecomasa logró del EMCAN "el pago de unos 190.000 euros (desplazamiento patrimonial) gracias a la previa presentación de unos documentos que aparentemente demostraban que por EWI se había gastado más de dicha cantidad en la impartición de unos cursos pese a ser ello falso (engaño bastante), logrando así apropiarse de aquella cantidad en beneficio propio de EWI (ánimo de lucro) y en perjuicio del patrimonio público (perjuicio ajeno)".
Por todo ello, solicita la práctica de nuevas diligencias, en concreto tomar declaración al director de la fábrica, Mario Palacio, como investigado en relación a los delitos de estafa, fraude de subvenciones y falsedad documental, al considerar que jugó "un papel especialmente relevante" junto a Lavín y de León, dado que fue quien firmó toda la documentación presentada ante el EMCAN.
Además, el fiscal quiere que se pida información a la Fundación Laboral del Metal sobre el material didáctico alquilado por EWI; y a la empresa Mahenor sobre la maquinaria vendida a Ecomasa.
En consonancia con la propuesta del fiscal, la jueza instructora ha decidido archivar tanto la imputación por coacciones del director de la fábrica, como la causa contra la anterior directora del EMCAN, María Angeles Sopeña, por un supuesto delito de falsedad documental en relación con los cursos, que según la querella de los trabajadores no habían sido realizados.
El fiscal señala que las diligencias practicadas hasta la fecha evidencian el "nulo conocimiento" de Sopeña sobre las irregularidades en la impartición de los cursos de EWI.
