La Fiscalía ha retirado su acusación contra 39 de los 45 acusados –exalcaldes y exconcejales de PSOE, PRC, PP e IU, constructores y técnicos que se enfrentaban a cerca de 200 años de cárcel– en el juicio del caso La Loma, por supuesta corrupción urbanística en Castro Urdiales, el tercer municipio más poblado de Cantabria. El juicio ha arrancado hoy jueves en la Audiencia Provincial de Cantabria, y ha mantenido parcialmente los cargos contra los exalcaldes Rufino Díaz Helguera (que fue alcalde por el PSOE) y Fernando Muguruza (que lo fue por el PRC), el exarquitecto municipal Pedro Restegui, la técnico de Urbanismo Yolanda Sánchez y el director de obra Valentín Galdós, retirando también buena parte de la acusación contra los seis.
La fiscal sólo mantiene acusaciones, aunque retirando buena parte de ellas, contra Díaz Helguera, Restegui, Sánchez, Saiz, Galdós y Muguruza
Se reduce así a la mínima expresión el escrito inicial de acusación que presentó en el año 2012 la fiscal María Jesús Cañadas, en el que solicitaba cerca de 200 años de cárcel para los acusados por delitos de prevaricación, prevaricación urbanística, cohecho, estafa, falsedad, desobediencia e infidelidad en la custodia de documentos. Ahora, la fiscal sólo mantiene acusaciones, aunque retirando buena parte de ellas, contra el exalcalde por el PSOE Rufino Díaz Helguera, el exarquitecto municipal Pedro Restegui y la técnico de Urbanismo Yolanda Sánchez por cohecho, contra el exarquitecto municipal César Saiz por prevaricación y cohecho, contra el jefe de obra Valentín Galdós por falsedad y cohecho y contra el exalcalde por el PRC Fernando Muguruza por prevaricación en la aprobación del plan parcial del SUNP 12 contraviniendo el informe de Carreteras. Respecto a ese SUNP 12, la Fiscalía señalaba en su primer escrito que el plan parcial aprobado no se correspondía con el informado favorablemente por la Dirección General de Carreteras, de forma que no se respetó el vial autonómico proyectado en la zona y se construyeron viviendas en la zona de protección del mismo, clasificada como equipamiento. Advertido de esta circunstancia por Carreteras, el Ayuntamiento paralizó las obras de edificación de viviendas promovidas por la entidad Vallehermoso División Promoción SAU, que hizo caso omiso y continuó la construcción en la zona de servidumbre del futuro vial.
Todas las acusaciones particulares –salvo la ejercida por la Junta Vecinal de Santullán, uno de los pueblos del municipio de Castro Urdiales– se han adherido a la postura del Ministerio Fiscal y han anunciado su decisión de retirarse del procedimiento penal, y los abogados de las seis personas que continúan con cargos han pedido la suspensión del juicio para reformular las defensas. A la vista de todo ello, el presidente de la Sección Tercera de la Audiencia, Agustín Alonso, ha suspendido el juicio, ha emplazado a la fiscal, Pilar Santamaría, a presentar el nuevo escrito de acusación el próximo lunes para proceder a su estudio y traslado a las partes ese mismo día y ha citado a los 45 acusados a las 10:00 horas del próximo jueves para que ratifiquen en audiencia pública su conformidad o disconformidad. El magistrado ha señalado que se trata de una modificación "muy seria" de los hechos a enjuiciar, pues va a suponer una reducción "muy considerable" del número de partes y de la propia magnitud del procedimiento, lo que obligará a reformular el calendario del juicio, cuya duración se había programado inicialmente para seis meses, hasta el 30 de marzo.
La fiscal saca de la causa todos los sectores en los que el juez instructor vio indicios de delito en la tramitación de los instrumentos urbanísticos, salvo el 12
La fiscal del caso, Pilar Santamaría, ha explicado que para tomar la decisión de "contraer" la acusación ha tomado en consideración por un lado la intención manifestada por los particulares afectados de apartarse del procedimiento penal dado que "su principal interés es la no demolición de sus viviendas", y por otro lado los certificados del secretario del Ayuntamiento que reflejan que los sectores de suelo urbanizable no programado (SUNP) 2, 3, 4 y 7 no han sido desarrollados, por lo que no se ha producido "menoscabo alguno". Así, la fiscal ha sacado de la causa todos los sectores en los que el juez instructor, Luis Acayro Sánchez, vio indicios de delito en la tramitación de los instrumentos urbanísticos, salvo el 12, y en este caso limitando la acusación exclusivamente al informe vinculante de Carreteras.
