viernes. 29.03.2024

El fiscal ha rebajado de tres a dos años de cárcel la petición de pena al policía local de Santander acusado de falsificar un documento para evitar una multa por aparcar mal su vehículo, agente que este jueves ha reconocido lo sucedido en el juicio contra él. "Esos garabatos los he hecho yo", ha manifestado a preguntas de las partes durante la vista, celebrada en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, tras exhibirle el escrito en cuestión: un pliego de descargo que elaboró en su "tiempo libre" en su "casa", no durante el desempeño del puesto.

"Me pueden juzgar por imbécil o idiota, pero yo no he tratado de hacer daño o mal a nadie" , ha expresado el agente

En él plasmó su firma y la del efectivo con el que habitualmente patrullaba -hizo "un garabato por mi compañero y otro por mí", ha indicado- y puso también el sello del Consistorio y del Cuerpo, con la intención de que le retirasen la sanción propuesta -de 200 euros- por otro agente que en ese momento estaba en prácticas y, en su opinión, no facultado para multar.

En concreto, y según el fiscal, el implicado "quiso aparentar que su coche se le averió" y por ello se encontraba en la acera de la calle Gravina, mal aparcado. Con ese fin, hizo un escrito en el que "de forma mendaz" hacía constar que había intervenido junto a su compañero cuando el propietario del turismo -él mismo- "les había requerido porque su coche se había averiado y al volver, tras llamar a la grúa, se encontró con que había sido sancionado". "No entiendo, a día de hoy, cómo puede hacer algo tan estúpido, tan simple. Es que no tiene lógica", ha esgrimido el procesado, que en el momento de lo ocurrido -en mayo de 2019- llevaba 38 años en el Cuerpo y que ha asegurado que ha pagado "todas" las multas de la veintena que ha acumulado a lo largo de su vida, "muchas" de las cuales se las han "metido" compañeros de la Policía Local, e incluida ésta en cuestión, "aunque sigo considerando que no es justa". "Me pueden juzgar por imbécil o idiota, pero yo no he tratado de hacer daño o mal a nadie", ha expresado en otro momento del interrogatorio, en el que ha confesado que "en ningún momento" pensó que su actuar tendría "trascendencia, ni siquiera administrativa".

El plenario se ha celebrado después de que las partes hayan intentado llegar a un acuerdo a propuesta del representante del ministerio público. Un extremo que le ha agradecido el implicado, que no ha aceptado la conformidad planteada ya que lo quiere es "pasar página" y jubilarse. En este sentido, ha manifestado que lo que hizo le ha "condicionado la vida", pues le han "quitado" de su trabajo -desempeñaba funciones de control de alcoholemias- "sin esperar a una sentencia", a lo que se ha sumado el "deterioro personal y familiar".

En el juicio han testificado dos policías: el que sancionó el turismo -porque estaba "mal aparcado" encima de la acera junto a varios más- y que ha asegurado que no sabía que el vehículo en cuestión que era de un compañero. Y también ha declarado el efectivo que solía patrullar con el procesado, y que ha corroborado que no participó en el documento objeto del juicio, documento que vio "con posterioridad" a su elaboración, después también de que su compañero le comentara lo que había hecho y a lo que no dio "importancia".

INTIMIDACIÓN

En la prueba pericial ha comparecido tres expertos que examinaron al denunciado, uno de los cuales no se ha ratificado en su informe al explicar que lo elaboró en una situación de "intimidación" por parte del acusado y de su esposa. Ha explicado que el procesado acudió a su consulta en octubre porque lo estaba "pasando mal" ya que le imputaban falsedad documental. Entonces, por dos veces, al hacerle preguntas se le queda "mirando y no responde", por lo que consideró "obvio" el motivo de la visita: "Vino a fingir una patología, no sé si neurológica o psiquiátrica, en su defensa", generando una situación "bastante desagradable". Así las cosas, "como no quería hablar", este psiquiatra remitió al policía a psicoterapia, tras lo cual regresó un mes después solicitando un fármaco, que le recetó después de volver a quedarse mirando y sin responder otras "dos veces". Ha aclarado al respecto que consideró que podía tener "problemas" si le decía "la verdad" y no le recetaba "nada", extremo este último por el que se decantó, pero convencido de que no se iba a tomar el medicamento. Posteriormente, regresó a la consulta a por el informe, algo que había "previsto" el experto, que ha indicado que el agente gritó "esto es una vergüenza" al comprobar la fecha del mismo mientras que su mujer se quedó "de pie, en actitud intimidatoria". Entonces, modificó el papel con la intención de que "se larguen por donde han venido", se ha justificado el médico, que cree que solo tenía otra opción: llamar a la Policía porque le estaban "intimidando".

Los otros dos peritos habían tratado al agente en su consulta. Uno de ellos le diagnosticó en octubre un cuadro "depresivo grave" en el que se ha ratificado en la vista, al entender que "estaba mal" a raíz de la situación generada por el documento falsificado. Y el tercer profesional constató un trastorno "compatible con angustia" en el ámbito laboral en agosto de 2020, cuando el paciente se mostró "muy arrepentido y confuso" con el asunto de la multa. Ha añadido que ya había sufrido trastorno ansioso-depresivo desde 2014 y que estaba en tratamiento, también por motivos de trabajo y "disputas" con compañeros de rango superior por los que refería "hostigamiento, acoso e injusticias". Ha destacado que a su juicio tenía un primer trastorno de desorden "no integrado", por lo que al no haber recibido un tratamiento "adecuado" quedaban "rescoldos" o "huellas". Así, el caso de la multa hizo de "disparador", no por la sanción en sí sino por cómo la interpretó, al considerarla "injusta". Esto genera una "respuesta emocional en la que no sabe medir las consecuencias de sus actos". "Si se la hubiera puesto un agente con la autoridad pertinente para ello, no habría reaccionado así", ha concluido este médico.

ESCASA TRASCENDENCIA

El fiscal considera que los hechos enjuiciados son constitutivos de un delito de falsedad en documento oficial por el que solicitaba una condena para el acusado de tres años de prisión, inhabilitación para el cargo de agente local durante dos años y multa de 1.440 euros. Sin embargo, tras la vista oral, ha modificado sus conclusiones, al tener en cuenta la atenuante analógica muy cualificada de confesión de los hechos, con lo que ha rebajado la petición a dos años de cárcel, multa de 960 euros e inhabilitación para policía durante 18 meses, calificación y pena a las que se ha adherido la acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Santander.

La defensa ha insistido e la libre absolución de su cliente aunque ha planteado que, subsidiariamente, en el caso de ser de ser condenado, lo sea a multa de 900 euros. El representante del ministerio público ha destacado que el acusado ha reconocido los hechos, "de escasa trascendencia", ya que el objetivo era "simplemente" que le quitaran una multa de 200 euros. El abogado del Consistorio ha subrayado el reconocimiento "palmario" de lo sucedido, en tanto que el letrado defensor ha incidido en que su patrocinado ha pedido "disculpas" por el "error", una cuestión "burda" que "no tiene trascendencia penal". El juicio ha quedado visto para sentencia.

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