Las familias de las niñas Virginia Guerrero y Manuela Torres, de la localidad palentina de Aguilar de Campoo que desaparecieron hace treinta años cuando regresaban de una fiesta en Reinosa, Cantabria, han recurrido al Tribunal Constitucional el archivo de la búsqueda, confirmado por la Audiencia Provincial de Palencia hace un mes.
Los representantes legales de las víctimas, que entonces tenían catorce y trece años, han presentado esta semana recurso de amparo ante el TC, al entender que el auto de la AP dictado en septiembre ratificando el sobreseimiento provisional y archivo de la causa vulnera derechos fundamentales, al igual que resoluciones previas encaminadas a ese fin del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Cervera de Pisuerga.
El Constitucional es "la única vía que nos queda en España", han señalado a esta agencia fuentes cercanas a las familias de Virginia y Manuela, que también son conscientes de la dificultad de que admita su recurso este tribunal, que rechaza la mayoría de los que se interponen. En ese caso, han avanzado, acudirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo.
VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
El objetivo de solicitar amparo al máximo órgano encargado en nuestro país de interpretar la Constitución Española es que determine si la resolución de la Audiencia de Palencia vulnera derechos fundamentales, en concreto a la tutela judicial efectiva.
Asimismo, en su escrito, los allegados a las niñas palentinas solicitan a este tribunal que tenga en cuenta la problemática en España con las personas desparecidas y la "laguna" de jurisprudencia que hay en la materia. En este punto, destacan que el TC nunca se ha pronunciado sobre la necesidad de que la justicia siga actuando ante un caso así, extremo que han contratado con otros supuestos, como asesinatos u homicidios, que prescriben a los veinte años -el doble de tiempo requerido para dar por fallecida a una persona desparecida, que se produce al cabo de una década-. Y también persiguen que el Constitucional deje sin efectos las resoluciones de la Audiencia y el Juzgado de Cervera, al entender que tampoco han admitido diligencias y actuaciones solicitadas por las familias de las niñas para tratar de averiguar qué les pasó a Virginia y Manuela
VISTAS EN UNA DISCOTECA Y HACIENDO AUTO STOP
El día de su desaparición, el 23 de abril de 1992, habían acudido a primera hora de la tarde desde Aguilar a Reinosa, donde fueron vistas en una discoteca, en el Parque Cupido, y luego a la altura de una fábrica de galletas donde hacían auto stop. Según testigos presenciales, ambas subieron a un vehículo SEAT 127 color blanco o claro, y esa fue la última noticia que se tuvo de ellas.
La Policía Judicial de investigó a tres personas, entre ellas un hombre por las similitudes que presentaba la denuncia formulada por una mujer a la que habría ocurrido algo parecido y que desveló a raíz de un programa de televisión sobre el caso de Aguilar en el que se solicitaba colaboración ciudadana. Esta testigo relató que en 1991, junto a una amiga y cuando ambas eran menores, se subieron igualmente a un Seat 127 de color blanco, en la misma zona donde desaparecieron las niñas, y que el conductor trató de desviarse del camino, por lo que tuvo que agarrar el volante para dirigir el vehículo a la cuneta y poder abandonarlo y huir.
A raíz de esto, el caso se reabrió el pasado verano y se decretó el secreto de sumario durante varios meses, en los que la Guardia Civil rastreó más de 7.400 vehículos de ese modelo en seis provincias, 68 de ellos en la misma zona en la que Virginia y Manuela fueron vistas por última vez. También tomaron declaración al propietario del coche al que se subió la denunciante -que no era blanco, sino marrón- y que fue desvinculado del caso tras haberle incluso 'pinchado' el teléfono y la instalación de un dispositivo de seguimiento en su actual turismo. Así las cosas, la jueza instructora concluyó que ninguna de las gestiones policiales ni judiciales practicadas dieron resultado positivo como para implicar al ninguno de los sospechosos, por lo que acordó el sobreseimiento provisional de la causa -como hizo este Juzgado en 2001-, al no constar autor conocido en la perpetración de los hechos que llevó a la desaparición de las menores. El archivo fue confirmado después por la Audiencia y ha sido recurrido ahora ante el Tribunal Constitucional.
