jueves. 28.03.2024

Un fallo en el detector de incendios en la Unidad de Hospitalización de Psiquiatría, ubicada en el edificio '2 de noviembre' de Valdecilla producido a mediados de agosto facilitó la fuga de cuatro pacientes de la misma.

Así lo ha dado a conocer este lunes, en el Pleno del Parlamento de Cantabria, la consejera de Sanidad, María Luisa Real (PSOE), que ha citado este suceso al detallar, a preguntas de Podemos, algunos de los "incumplimientos" de la adjudicataria del contrato de colaboración público-privada de Valdecilla, Smart Hospital Cantabria, que gestiona 12 servicios no clínicos.

Respecto a este suceso, Real ha explicado que el 18 de agosto se detectó el fallo del detector de incendio a causa de un conato que se produjo en la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica de Valdecilla y que causó "problemas de seguridad" ya que permitió la fuga de cuatro pacientes.

En su intervención, la consejera no ha dado más explicaciones sobre este suceso ni acerca de lo ocurrido con los fugados.

Además de esta incidencia motivada, según ha expuesto, por un "incumplimiento" de la adjudicataria del contrato de Valdecilla de algunas de sus obligaciones, ha citado otra decena de incumplimientos.

Real ha explicado que el 18 de agosto se detectó el fallo del detector de incendio a causa de un conato que se produjo en la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica de Valdecilla y que causó "problemas de seguridad" ya que permitió la fuga de cuatro pacientes

Así, ha citado la falta de puesta a disposición de trabajadores y pacientes de los formularios de quejas y reclamaciones; la no realización de la encuesta anual de satisfacción de los pacientes y usuarios; la implantación "incompleta" de la plataforma AURORA, sistema informático que se encarga de la gestión de las incidencias o "déficit" en el sistema de gestión de almacenes, que no permite, según ha explicado, gestionar pedidos.

También ha denunciado "déficit" en la dotación de microinformática, pues se ha detectado falta de equipamiento informático -de aproximadamente una veintena de tablets-; la falta de wifi, hasta agosto, en algunas zona del hospital; la caída de algunas nuevas luminarias tipo LED en diversas zonas del hospital; humedades en algunas habitaciones de la torre C, e incumplimiento en las bolsas de recogida de residuos.

Real ha explicado que, con el objetivo de hacer un seguimiento del cumplimiento de las obligaciones por parte de Smart Hospital Cantabria en los distintos servicios, desde la Gerencia del Hospital se le ha pedido documentación de carácter general y acerca de los planes específicos para cada servicio.

En este sentido, ha denunciado que la empresa pone "continuamente dificultades" para remitir dicha información y ha asegurado que cuando lo hace lo presenta de forma "incompleta", lo que -ha dicho- dificulta el seguimiento y hace necesario insistir en las solicitudes.

Concretamente, Smart Hospital Cantabria gestiona doce servicios no clínicos: limpieza, desratización, desinsectación y desinfección; seguridad y vigilancia; gestión de residuos; mantenimiento general; mantenimiento electromédica, incluida alta tecnología, conservación de viales y jardines; restauración; gestión energética; central de abastecimientos de aguas; gestión de almacenes y archivo de logística de distribución y de transportes de materiales; servicio de impresión y reprografía, e informática.

Real también ha expuesto en su respuesta parlamentaria a la pregunta de Podemos las medidas adoptadas ante estos "incumplimientos".

Así, ha señalado que "cualquier incidencia" que surja en los servicios se comunica a Smart Hospital Cantabria por correo electrónico para que la resuelva a la mayor brevedad y, posteriormente, los responsables de los mismos realizan un seguimiento para verificar que se ha actuado para arreglarlas.

También ha explicado que dado que no está implantado de forma completa el sistema informático de gestión de incidencias se ha creado por parte del hospital una cuenta de correo electrónico, [email protected], para que los usuarios comuniquen los incumplimientos.

Además, y como ya avanzó, se está "tramitando" la anulación administrativa de la resolución dictada el 17 de junio de 2015 por el anterior director gerente de Valdecilla, César Pascual, sobre la aplicación de las deducciones.

La consejera mantiene que en dicha resolución se resuelve que el criterio de aplicación del mecanismo de deducciones y la entrada en vigor de los objetivos de rendimiento y de calidad y disponibilidad de los servicios será de aplicación a partir de los seis meses de la entrada en funcionamiento de los mismos en la nueva infraestructura.

Ahora ha explicado que lo que se pretende es dejarla sin efecto, momento -ha dicho- en el que se procederán a aplicar las deducciones de forma automática sobre cada una de las tarifas del servicio.

Contratos temporales

Por otra parte, en el Pleno de este lunes Real ha sido cuestionada, esta vez por Ciudadanos, sobre la repercusión en Cantabria de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea sobre los contratos temporales.

La consejera de Sanidad ha señalado que se trata de una interpretación solicitada por los TSJ de Madrid y País Vasco, cuya aplicación le corresponde a los tribunales y que es el Estado, si lo considera oportuno, el que debe adaptar la normativa básica que regula los contratos de interinidad, sustitución o eventual.

Asimismo, ha defendido el compromiso del Gobierno con el empleo "estable y de calidad", y ha destacado al respecto, que el Ejecutivo está desarrollando las ofertas de empleo público de 2012, 2013, 2014 y 2015, que además de ser "exiguas" en los últimos años por la limitación que supone la tasa de reposición que aprueba el Gobierno central, "encima no se estaban ejecutando".

Acondicionamiento de carreteras

Por otro lado, el consejero de Obras Públicas, José María Mazón, ha explicado a preguntas del PP, que el contrato para el acondicionamiento de márgenes en diversas carreteras mediante siega y desbroces mecánicos, se ha encarecido porque el proyecto "se ha mejorado notablemente" después de que el PP lo "redujera enormemente en la anterior legislatura".

Su antecesor en el cargo, Francisco Rodríguez Argüeso, ha denunciado que el contrato se ha encarecido un 34% para "hacer lo mismo". "No hay derecho", ha lamentado, tras anunciar que pedirá la comparecencia de Mazón en comisión para profundizar en este asunto.

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