La promoción y protección del patrimonio lingüístico de Cantabria ha vuelto a ser protagonista en el Senado. El representante designado por las Corts Valencianes, del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més Per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya en Comú Podem), Carles Mulet, interpelaba al Estado sobre sus actuaciones para proteger el cántabru, tanto las ya tomadas como las que tenía previsto tomar. En una extensa respuesta, el Gobierno de España dejaba claro su labor para proteger lenguas cooficiales, pero su responsabilidad solo llega hasta ese punto.
Así, explica al senador que “dicha voluntad de protección y respeto” del plurilingüismo en España se traduce en “políticas eficientes de protección de las lenguas cooficiales distintas del castellano y de promoción del plurilingüismo, así como de garantía de los derechos de los ciudadanos que residen en Comunidades Autónomas con lenguas cooficiales”. El problema, por tanto, sigue siendo la cooficialidad, en la que insiste una y otra vez el Estado.
De hecho, señala que las políticas del Gobierno se han traducido en normas que “tienen por objeto directo reconocer y fomentar el uso de dichas lenguas en todos los ámbitos, así como en otras actuaciones y medidas con idéntico objetivo”, pero en ningún momento menciona a las lenguas minoritarias. En este sentido, llega a recordar en su escrito la creación del Consejo de las Lenguas Oficiales en la Administración General del Estado y la Oficina para las Lenguas Oficiales, que impulsa el uso de estas lenguas en cada comunidad autónoma, “lo que se ha traducido en avances en la traducción de impresos, modelos, carteles, etc.”, de lo que se deduce que en ningún caso se actúa en las comunidades sin esa lengua cooficial, como es el caso de Cantabria.
La única mención explícita a las lenguas minoritarias, entre las que se encuentra el cántabru y que era el objeto de la pregunta, son los informes trienales que presenta España al Consejo de Europa, dentro del marco de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias de la UNESCO. Sin embargo, tan solo se limita a decir que el Comité de Expertos “detectó avances muy considerables” en la aplicación de los compromisos, y que el informe incluye un “amplio apartado” dedicado a las lenguas minoritarias con información aportada, en el caso de nuestra comunidad, por el Gobierno y entidades locales.
Termina su respuesta reiterando su apoyo a las lenguas cooficiales a través del Instituto Cervantes, que es “promotor y difusor de las lenguas españolas en el extranjero, con especial mención a los cursos en lenguas cooficiales que se imparten en sus delegaciones de todo el mundo”.
CONSTITUCIÓN
Mulet, en otra pregunta dirigida al Gobierno de España, cuestiona si la Constitución ha sido traducida al cántabru, ya que sí se encuentra en el resto de lenguas cooficiales. El Estado aclara que “la traducción del texto constitucional a las diferentes lenguas de carácter no oficial es una tarea que deberá ser abordada conjuntamente entre las diferentes Administraciones competentes y asociaciones y comunidades de hablantes”, ya que no existe una institución académica que determine la traducción oficial de “lenguas de tradición eminentemente oral con múltiples variedades y dialectos”.
Para el escritor cántabro Gelu Marín, lo que hace el Gobierno central es mostrar un “desprecio manifiesto y vergonzoso hacia las expresiones lingüísticas cántabras”, así como hacia la “población cántabro-hablante”. De hecho, señala que el Estado ni siquiera ha tenido en cuenta el informe de la UNESCO que en 2009 incluyó el cántabru en su Libro Rojo afirmando que es una “lengua en peligro claro de desaparición”.
“En realidad, ni tan siquiera exhibe, muestra o se plantea acciones resolutivo-operativas al problema generado de descomposición y abuso de una lengua (castellana), sobre la otra (cántabra), que es minoritaria y además se encuentra gravemente amenazada”, critica el escritor, apuntando que diversos estudios e informes avalan esta situación.
Al igual que el senador, Marín recuerda que la Constitución “equipara en derechos y deberes la lengua española y la propia de cada Comunidad”, por lo que la gestión del patrimonio lingüístico de Cantabria estaría incumpliendo con la Carta Magna, en concreto con los artículos 3.3 y 46. Por si esto no fuera suficiente, el escritor apunta diferentes leyes y normativas nacionales e internacionales que avalan la protección y el fomento del cántabru, desde el propio Estatuto de Autonomía de Cantabria (artículo 30), hasta la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria (artículo 98.6), pasando por la Ley de Educación autonómica (artículo 10).
Marín también recuerda que la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias de la UNESCO insta a “las partes” a “tomar en consideración las necesidades y los deseos expresados por los grupos que emplean dichas lenguas”, creándose, “si fuera necesario, órganos encargados de asesorar” sobre todas las cuestiones relativas a las lenguas minoritarias, clarificando que el principio de autogobierno local establece que son las autoridades locales y regionales las que tienen las responsabilidades en esta materia.
