A punto de terminar el Permiso de Investigación Solía en Cantabria, ya quedan muy pocas dudas y bastantes certezas sobre Emerita Resources. Ni sus gabinetes de comunicación han conseguido disfrazar una realidad que se ha mostrado tozuda y que se puede resumir en dos palabras: mentira y fraude.
En los próximos días conoceremos varios hitos importantes. El primero es saber qué resolverá el Gobierno de Cantabria sobre la prórroga del permiso de investigación solicitada por Cantábrica de Zinc habida cuenta de que no se han cumplido ni uno solo de los compromisos adquiridos por Joaquín Merino, presidente de Emerita Resources, y Ramón Escudero, en sus comparecencias públicas para explicar su proyecto.
La justicia andaluza parece haber caído en lo que tiene toda la apariencia de la versión empresarial del timo de la estampita
Lo cierto es que ambos, Merino y Escudero han unido sus respectivas carreras profesionales en el mismo objetivo: la especulación, la mentira y el uso fraudulento de la justicia para la obtención de sus espurios fines. Hasta tal punto que Escudero se convirtió en consejero de Cantábrica de Zinc, la empresa adjudicataria del Permiso de Investigación Solía.
También conoceremos si el proceso judicial reabierto por orden de Mercedes Alaya sigue adelante tras la tercera fase de instrucción sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar o, si por el contrario, las experiencias que han vivido otras tres administraciones autonómicas pueden servir de muestra de la actividad de embaucamiento de una empresa que no sólo no es solvente económicamente sino reputacionalmente. Lo cierto es que únicamente la justicia andaluza parece haber caído en lo que tiene toda la apariencia de la versión empresarial del timo de la estampita.
Hace apenas unos días finalizó en el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla la ronda de declaraciones con los tres últimos funcionarios de la Junta de Andalucía que participaron en la adjudicación del concurso minero de Aznalcóllar.
En 2013, la Junta de Andalucía anunciaba la reapertura de la mina de Aznalcóllar como parte de una estrategia que pretendía poner en valor los recursos naturales mineros en un momento de alza de precios de los minerales. Junto con esta puesta en valor, la Administración andaluza también pretendía un ahorro para el contribuyente, ya que el correcto mantenimiento de las balsas con los residuos generaba una costosa factura al erario público que, entonces, ya alcanzaba los 72 millones de euros. A partir de la adjudicación, la operación de esas balsas se asumía por la empresa adjudicataria del concurso.
La judicialización del concurso llevada a cabo por Emerita ha truncado carreras profesionales
Cinco largos años de instrucciones que han puesto de manifiesto la indignación, no sólo de Aznalcóllar, sino también de todos los municipios del área de influencia que se verían beneficiados por la actividad minera. La exasperante judicialización de este concurso durante el último quinquenio ha vuelto a suponer la parálisis de la actividad minera prevista en la zona, lo que ha encendido también los ánimos y la paciencia del pueblo de Aznalcóllar, completamente favorable a la reapertura de la instalación.
Hace pocos días, el alcalde, Juan José Fernández, pedía celeridad a la Justicia ya que “están en juego los proyectos de vida de mucha gente”. Es necesario recordar que la comarca vive una larga depresión económica desde que la tragedia provocada por la rotura de la balsa de lodos tóxicos de la instalación que gestionaba Boliden y la caída en picado del precio de los metales, provocó el cierre de la mina.
La reapertura de la causa por parte de la juez Alaya ha vuelto a poner el foco en una quincena de funcionarios de la Junta, lesionando de nuevo su reputación profesional después de que la investigación a la que han sido sometidos haya sido archivada en dos ocasiones -noviembre de 2015 y marzo de 2019- por el Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla a cuyo frente está la magistrada Patricia Fernández.
Pero, además de los funcionarios que participaron en la Mesa del concurso, también quienes ocupaban cargos en la Junta de Andalucía en ese momento. En prácticamente todos los casos, la judicialización del concurso llevada a cabo por Emerita ha truncado carreras profesionales, pero sobre todo, ha puesto en el foco mediático la profesionalidad de los funcionarios que, en los pasillos, manifiestan su "enfado y hartazgo" por una situación que parece que nunca termina y que no sólo les afecta a ellos, también a sus familias.
En todos los casos, en todas las declaraciones hechas a lo largo de tres instrucciones todos los declarantes se han ratificado en la limpieza del concurso.
En Cantabria, es Emerita la denunciada por la empresa que quedó en segundo lugar
La novedad más importante en esta fase fue la declaración de Vicente Fernández, que desveló la situación de insolvencia de Emerita entre los años 2013 y 2015, algo que parece que queda ratificado después de conocer que en Asturias no pudieron hacer frente a la fianza de 12.500 euros para poder llevar a cabo el Proyecto de Investigación "Marina" o la expulsión del proceso del concurso de los derechos de explotación de la mina "Las Morras" en Extremadura por no haber podido demostrar su solvencia económica, las medidas medioambientales o el plan de trabajo y su viabilidad económica.
Vicente Fernández ha sido uno de los mayores damnificados por la eterna judicialización de este proceso, ya que presentó su dimisión como presidente de SEPI incluso antes de conocerse públicamente su condición de investigado años después de que la causa se archivara dos veces, e incluso de que hubiera ganado una querella al abogado representante de Emerita Resources, Ramón Escudero, por vulneración de su honor en unas declaraciones a un conocido programa de una cadena de extrema derecha. Fernández donó los 5.000 euros que el juez impuso a Escudero a causas benéficas.
Hoy, son muchos los directivos, representantes sindicales y trabajadores del grupo SEPI que reclaman su vuelta a la gestión que tuvo que interrumpir a los 15 meses de su llegada y que se caracterizó por un impulso indiscutible de las empresas del Grupo.
Maria José Asensio, también investigada en este proceso como Directora de Industria, Energía y Minas y Presidenta de la Mesa del Concurso, también ha salido ya de su cargo en la Junta de Andalucía y ha vuelto a su puesto de profesora en la Universidad de Huelva.
En Cantabria, es Emerita la denunciada por la empresa que quedó en segundo lugar. En este momento está activo un contencioso administrativo que, con las informaciones conocidas hasta ahora, tiene visos de salir adelante y que demostraría el "maquillaje" de la documentación que presentó para optar al concurso de la reapertura de la mina de zinc.
Lo cierto es que los 17 millones de euros que prometieron para el permiso de investigación fueron un espejismo y el millón de euros invertido ha sido a costa de las empresas locales que también se sienten estafadas por la empresa de Joaquín Merino. En la comarca ya no puede engañar a nadie, el espejismo no dura eternamente.
En Cantabria está pendiente la prórroga del permiso de investigación Solía
Entre los funcionarios que han visto de nuevo mancillada su profesionalidad se confía en que la juez resuelva cuanto antes el proceso y se recuerda que la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar ha sido ya examinada incluso por la Intervención General del Estado, que respondió a la solicitud de auxilio judicial cursada en su día por la instructora. Dicha Intervención remitió en junio de 2018 al juzgado un informe cuyas conclusiones avalan la actuación de la administración autonómica con datos muy clarificadores: el procedimiento respetó la Ley de Contratos, las valoraciones técnicas hechas por la Mesa de Contratación fueron ajustadas a la ley y la adjudicación del proyecto a la agrupación empresarial México Minorbis encajó plenamente en el ordenamiento jurídico. Por añadidura, no ha existido el más mínimo indicio en la instrucción que apunte a la existencia de cualquier infracción penal.
La misma Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, UCO, el órgano central del servicio de Policía Judicial de la Guardia Civil, investigó también la adjudicación de Aznalcóllar, concluyendo terminantemente en octubre de 2017 que no se habían detectado influencias sobre ningún miembro de la Mesa del Concurso ni de su Comisión Técnica que trataran de favorecer a ninguna de las ofertas presentadas. Para la UCO, la limpieza del procedimiento es clara y cristalina.
EMERITA, MÁS SOMBRAS QUE LUCES
La larga instrucción judicial ha evidenciado que allá donde ha aterrizado la filial canadiense, la actividad minera se ha paralizado sin que, hasta el momento, se haya podido ver gestión minera alguna en alguna de las comunidades donde concursaron para permisos de investigación o de derechos de explotación.
A lo largo de todo el proceso se ha puesto en duda la solvencia de Emerita Resources para poder afrontar alguno de los proyectos. Incluso el anunciado respaldo de Forbes&Manhattan parece mucho menor de lo anunciado dado que la empresa de Joaquín Merino no ha podido hacer frente a cantidades nimias de fianzas de algunos de los proyectos y, en el caso de Extremadura, no han podido evidenciar la solvencia económica.
Además, hoy está en duda la veracidad de la documentación aportada al concurso cántabro para la apertura de la mina de zinc, ya que, además del estado de insolvencia declarado en la documentación, se investiga la verdadera participación de Forbes&Manhattan en el accionariado de su filial si atendemos a la información depositada en la Bolsa de Canadá. Desde que se inició el concurso para la reapertura de Aznalcóllar, esta participación nunca ha superado el 13%. Puede ser la explicación de que tuvieran que recurrir a un préstamo de 200.000 euros al 18% para obtener algo de liquidez y una ampliación de capital de dos millones de euros que sabían que no se lograría. Y no se logró.
Lo cierto es que en estado de insolvencia intentaron acceder a los proyectos de Andalucía, Asturias y Extremadura y, en los tres casos, el único resultado obtenido ha sido el de la paralización de la actividad minera. En Cantabria está pendiente la prórroga del permiso de investigación Solía, que previsiblemente, dado el rotundo incumplimiento de todos y cada uno de sus compromisos, no se otorgará. Recordemos que eran los años más duros de la crisis en España, con una alta tasa de desempleo.
SECTOR MINERO INDIGNADO
En España no se conoce actividad minera de la empresa desde que, en 2011, optara a algunos de los concursos que se han mencionado anteriormente.
El sector minero extractivo ha manifestado su rechazo por la filial canadiense y, en concreto, por Joaquín Merino, CEO de Emérita que, no sólo se ha ganado la animadversión de las personas afectadas por la judicialización y la paralización de la actividad, sino también por el sector en general. De hecho, llama la atención que absolutamente nadie haya salido en su ayuda ante el caudal de informaciones que han salido en los últimos días.
"Por fin se va conociendo que tras Emerita no hay una empresa minera, sino un fondo de especulación sin escrúpulos, estamos deseando que se desenmascare y que deje de hacer daño a un sector honesto", una aseveración que repiten varias de las personas consultadas del sector.
