“Una AMPA no debe estar al servicio de la Dirección del colegio, y la del Parayas lo ha estado; se ha desentendido y ha dejado todo en manos de la Dirección del centro”. Así se ha expresado en declaraciones a eldiariocantabria José Miguel Silió, padre de un alumno del Colegio Público Especial Parayas de Maliaño (Camargo), cuya denuncia al director y a la secretaria del centro, a una inspectora y al inspector jefe de Educación y a la directora general de Innovación y Centros Educativos y al consejero de Educación por la “imposición” de la jornada lectiva continua en el colegio y las “irregularidades e ilegalidades” cometidas para llevarla a cabo ha motivado la apertura de diligencias de investigación por parte de la Fiscalía de Cantabria. “Yo era socio de la AMPA, solicité una reunión para tratar este tema y la AMPA no convocó la reunión que yo creo que sí está obligada a convocar cuando un socio se lo pide”, ha denunciado Silió. El padre del alumno ha querido salir así al paso de algunas de las reacciones al artículo publicado el pasado 13 de septiembre en este diario. “Cuando Yolanda Espada dice, en representación del AMPA, que en ningún momento ha habido mala fe por parte del equipo directivo ni de la propia AMPA, ¿a qué se refiere exactamente?”, se ha preguntado Silió. “Usted misma parece reconocer que algo no se ha hecho bien”, ha añadido.
Silió insta a la AMPA a preguntarse “por qué un padre ha tenido que llegar hasta la Justicia”
La vicepresidenta de la AMPA del colegio Parayas durante el curso pasado [Guadalupe] ha asegurado, en los comentarios al artículo de este diario, que Silió “no puede decir que me he negado hacer una reunión a título AMPA, porque no era necesario, ya que para volver a explicar lo que dijo en su día el director y que no vaya nadie, como pasó en la convocatoria para el cambio de AMPA…”. El padre insiste en que “en una conversación telefónica que tuvimos tras una llamada que me hizo ella”, él solicitó a Guadalupe dicha reunión de padres para abordar el cambio de horario lectivo y asegura que la entonces vicepresidenta de la AMPA “se desentendió, pues según ella ya estábamos informados por el director”. “El mundo al revés: resulta que madres salen a los medios desarrollando una función inapropiada de sus competencias, pues las AMPAs fueron creadas para defender los intereses de las familias en los colegios, pero aquí sirven de portavoces de la Dirección del centro”, ha denunciado Silió, que también ha instado a la AMPA a preguntarse “por qué un padre ha tenido que llegar hasta la Justicia con este asunto”. “Yo lo único que hago es defender los derechos e intereses de mi hijo, algo que ustedes no han sido capaces de hacer”, ha añadido.
Precisamente porque está dispuesto a todo para defender esos derechos e intereses de su hijo, Silió quiere llevar su caso al Parlamento autonómico, y es que ahora pretende volver a reunirse con los grupos parlamentarios “para que la regulación de los colegios especiales se lleve a cabo a través de la futura ley de garantía de derechos de las personas con discapacidad” –cuyo anteproyecto aprobó el Gobierno cántabro en marzo con el objetivo de que la ley pudiera ser aprobada este año por el Parlamento “con el mayor consenso posible”–, para que dichos centros “no dependan de una Orden que pueda modificar un consejero sino de una ley que sólo pueda modificar el Parlamento”. Según anunció el Gobierno cántabro, el anteproyecto de ley “aborda de forma integral todos los aspectos con los que personas con discapacidad interaccionan en su vida diaria”, entre ellos el educativo (“evaluación para determinar las necesidades de apoyos educativos, promoción de la adaptación curricular, flexibilización del tiempo de permanencia en las etapas educativas, promoción de la formación del profesorado en materia de discapacidad y medidas de adaptación y formación en discapacidad en el ámbito universitario”, informó el Ejecutivo autonómico).
El padre ya ha sido citado para reunirse el próximo martes con Pablo Zuloaga
Aunque Silió es consciente de que la Educación está transferida a la comunidad autónoma, ha anunciado a este diario que tras solicitarlo ya ha sido citado para reunirse el próximo martes con Pablo Zuloaga, delegado del Gobierno español en la comunidad autónoma además de secretario general del PSOE de Cantabria, partido al que pertenecen al menos dos de las personas a las que la Fiscalía ha abierto diligencias de investigación: el consejero de Educación, Francisco Fernández Mañanes, y la directora general de Innovación y Centros Educativos, Isabel Fernández, que precisamente llegaron al Gobierno y a la Administración autonómicos, respectivamente, tras la victoria de Zuloaga en las primarias a la Secretaría General del partido.
