La vicepresidenta del Gobierno de Cantabria y consejera de Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos, ha dicho que “hay que confiar en que no vamos a asistir” a la demolición de la depuradora de Vuelta Ostrera hasta que no se haya construido una alternativa, porque de lo contrario “estaríamos ante una catástrofe ambiental importante”, y ha pedido “voluntad” al Ministerio para cumplir la sentencia que declara ilegal esta instalación, después de que el Tribunal Supremo haya denegado una nueva prórroga al departamento que dirige Isabel García Tejerina.
“El Gobierno de Cantabria quiere colaborar, pero poco podemos hacer si quien tiene que hacer el proyecto no quiere y lo demora”, ha dicho la vicepresidenta en respuesta a una pregunta formulada este lunes en el Pleno del Parlamento por el portavoz de Ciudadanos, Rubén Gómez. Díaz Tezanos ha asegurado que el Gobierno de Cantabria “no tiene ningún conflicto” con el Ministerio, que ha “ofrecido toda la colaboración y ayuda para construir cuanto antes una nueva depuradora”, que ha hecho “todo lo necesario para dar cumplimiento a la sentencia” y que “siempre estamos dispuestos a dialogar y llegar a acuerdos”.
La consejera de Medio Ambiente ha comenzado su intervención reprobando todo el expediente administrativo de la depuradora de Vuelta Ostrera, que supuso “un atropello a la ley desde el principio”, y ha añadido que la decisión de construirla en un lugar que invadía el dominio público marítimo-terrestre, tomada en tiempos de Aznar (PP), “va a suponer un quebranto de más de 100 millones de euros”.
Díaz Tezanos ha señalado que el Gobierno central, que consiguió una prórroga hasta el año 2020, tenía inicialmente hasta el año 2013 para construir la alternativa a Vuelta Ostrera, gracias a un pacto impulsado por el primer bipartito PRC/PSOE, que puso de acuerdo al Gobierno central y a Arca, la asociación ecologista demandante. Ha añadido que en 2011, el Gobierno de Zapatero (PSOE) dejó la licitación anunciada y abierto el plazo para que las empresas presentaran ofertas.
Además, ha arremetido contra el PP de Cantabria, cuyo presidente, Ignacio Diego, afirmó antes de llegar a la Presidencia autonómica, que iba a “expropiar” la sentencia de Vuelta Ostrera, y posteriormente, su consejero de Medio Ambiente, Javier Fernández, dijo que iba a “indultar y legalizar” Vuelta Ostrera mediante una reforma de la Ley de Costas, pero “ni una cosa ni otra”, ha apostillado Díaz Tezanos.
