La sanidad en España es única para todo el Estado, una idea con la que convive la sociedad que no es del todo cierta. Aunque la Ley General de Sanidad de 1986 reconoce el derecho de todos los ciudadanos a la atención sanitaria pública, lo cierto es que existen varios impedimentos que dificultan la aplicación efectiva de este derecho. El caso de la receta electrónica, a pesar de las facilidades que ofrece, también puede perjudicar en determinadas situaciones a los ciudadanos de una comunidad.
En el caso de Cantabria, por ejemplo, permite recoger la medicación “en cualquier farmacia conectada al Sistema de Receta Electrónica” de la Comunidad. Esto implica, como aclara el Servicio Cántabro de Salud (SCS) en su web, que “no puede recoger su medicación en farmacias de otra comunidad”. Ante los problemas que eso puede acarrear a los ciudadanos que vayan a salir de la región por un periodo superior a un mes, el propio SCS recomienda que el médico o la enfermera autoricen “un adelanto de su dispensación para que pueda recogerlo antes de su marcha”.
No todas las comunidades autónomas tienen estos problemas. Este domingo se daba a conocer que, por ejemplo, la receta electrónica gallega podía empezar a utilizarse en otras zonas de España a partir de este lunes. Y aunque por ahora solo es “interoperable” con Canarias, Valencia, Extremadura y Navarra, la intención es que se extienda al resto del territorio nacional.
El objetivo de este proyecto es que los pacientes puedan moverse por todo el territorio nacional y obtener sus medicamentos en cualquier oficina de farmacia, independientemente de la comunidad
Estas facilidades no son en un único sentido, es decir, no benefician únicamente a los pacientes gallegos. Las tarjetas sanitarias de las comunidades con las que Galicia ha llegado a un acuerdo también sirven en las farmacias gallegas.
El objetivo de este proyecto, coordinado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, es que los pacientes puedan moverse por todo el territorio nacional y obtener sus medicamentos en cualquier oficina de farmacia, independientemente de la comunidad donde fueran recetados y lograr así una igualdad efectiva.
En este sentido, por ejemplo, se quiere acabar con los inconvenientes que pueden producirse en algunas comunidades como Cantabria, evitando que los ciudadanos tengan que preocuparse en sus viajes por las fechas de dispensación en las que tienen que retirar la medicación ni acudir a su médico para que les haga anticipos de los fármacos.
El proyecto de receta electrónica del Sistema Nacional de Salud se desarrolló durante 2016 y comenzó su fase de pruebas en septiembre de ese mismo año. Ahora, el Ministerio ha acreditado el correcto funcionamiento del sistema que permite a Galicia interoperar con el resto de las comunidades que están ya participando en él.
La receta electrónica también ha sido una de las protagonistas de las reivindicaciones que los médicos de atención primaria realizaron en el marco del Día Nacional de la Atención Primaria, en concreto para pedir que se extienda “a todos los niveles asistenciales y a todo el Sistema Nacional de Salud”.
Gasto sanitario
Pero las diferencias en la aplicación de la receta electrónica no es, evidentemente, el único desequilibrio en la Sanidad española. Según el informe ‘La Sanidad Española en Cifras’, elaborado por el Círculo de la Sanidad y la Fundación Gaspar Casal, desde el inicio de la crisis y hasta 2014 la diferencia en el gasto sanitario entre comunidades autónomas ha alcanzado el 54%.
"En España hay comunidades que gastan en sanidad un 54% más que otras, lo que habla de un sistema desestructurado, descoordinado, ineficiente e incapaz de asegurar la igualdad", ha denunciado el presidente del Círculo de la Sanidad, Ángel Puente.
El gasto sanitario público por habitante en 2014 se ha reducido un 3,4% en España, resultado "acorde con la situación de crisis vivida, los recortes y las estrategias de contención"
En concreto, en 2014 la comunidad autónoma con un mayor gasto sanitario per cápita fue Castilla y León, con 1.623 euros, 570 euros más que Castilla-La Mancha, que con 1.053 euros por habitante era la que menos gasto destinó ese año a la sanidad.
En cambio, en 2008 la diferencia entre la región que más destinaba (Extremadura, 1.616 euros) y la que menos (Baleares, 1.265 euros) era del 27%. En el caso de Cantabria, se ha mantenido habitualmente en el entorno de la media nacional.
Ante esta situación, Puente ha reclamado que el Ministerio de Sanidad dé "un paso adelante" para garantizar que en España se garantizan unas condiciones mínimas de atención sanitaria equitativas para todos los ciudadanos.
"Eso no debe implicar que si una comunidad autónoma quiere ir más allá en los servicios que presta a sus ciudadanos pueda hacerlo, pero sí que exista una base común, un catálogo de prestaciones que garantice una atención sanitaria igual para los ciudadanos", según este dirigente.
Brecha mayor
Además, el informe muestra cómo en 2012 la brecha sanitaria en gasto por habitante fue incluso mayor, con un 69% de diferencia entre los 1.841 euros de Cantabria y los 1.085 euros de Castilla-La Mancha.
Con respecto a ese año, el gasto sanitario público por habitante en 2014 se ha reducido un 3,4% en España, resultado "acorde con la situación de crisis vivida, los recortes y las estrategias de contención", según los autores del informe.
No obstante, si se tiene en cuenta el reparto porcentual de gasto se observa como la partida destinada a Atención Primaria ha crecido un 44% y el de la especializada hasta un 11,4% entre 2012 y 2014. El de farmacia crece un 0,12% y el de remuneración de personal un 6,2%, ha explicado Alicia Coduras, coordinadora del libro.
Las disminuciones, en cambio, se producen en el porcentaje del gasto en consumos intermedios (-9,7%) y el destinado a conciertos, que baja un 3,8%. Pese a ello, el presidente del Círculo de la Sanidad ha defendido que la colaboración público-privada es la "única forma de gestión que permitiría mantener a largo plazo los elevados estándares de calidad sin comprometer su sostenibilidad".
Mejor salud pero más lista de espera
Por otro lado, el informe también arroja diferencias durante la crisis en múltiples indicadores, como un descenso de la mortalidad y mejores estilos de vida de los españoles pero un menor número de camas, un aumento de las listas de espera y un empeoramiento de la confianza de los ciudadanos en el sistema.
Así, en dos años el sedentarismo se ha reducido un 17,5% entre 2011 y 2014, mientras que consumo de tabaco o el de alcohol de riesgo también se ha reducido, un 4 y 5,9% respectivamente.
En cambio, la tasa de pobreza entre 2012 y 2015 ha crecido un 6,3% reflejando las secuelas de la crisis, con el consiguiente aumento de los problemas de salud mental y de los suicidios.
De igual modo, la morbilidad hospitalaria ha crecido un 2,5% y, mientras que la lista de espera para operarse ha bajado en todos los casos con especial relevancia en Ginecología, la demora para ser citados con el médico especialista aumenta un 36%.
