Luis, Rocío y sus dos hijos, uno de ellos de siete años, se han visto obligados este jueves a abandonar el piso en el que viven en la calle Valderrama, número 4. A pesar de haber pagado un año de alquiler por adelantado (del que todavía quedan varios meses) y una fianza superior a los 500 euros, el impago de los suministros ha llevado a los propietarios a solicitar su desahucio. Desde minutos antes de las 10:00 horas de la mañana la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se ha concentrado frente al portal para impedir que la policía y los representantes judiciales llevaran a cabo el desahucio antes de que se produjera la mudanza.
Como ya anunció el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, Liberbank ha ofrecido a la familia un piso en régimen de alquiler social. El problema ha sido que la entidad no ha facilitado las llaves hasta última hora de la noche del miércoles, por lo que el traslado no ha podido producirse hasta esta mañana. Ante esta situación, tanto la PAH como la familia han solicitado una “moratoria que permita hacer la mudanza” sin contratiempos.
Revilla “pidió el auto para hablar con el juez, pero no lo ha hecho”, algo que para la plataforma demuestra “cómo actúa el Gobierno regional”, ha declarado Antonio González
Fuentes de la PAH han señalado que “anoche dieron las llaves. (La familia) solo pide un día para la mudanza”, que en el momento de estas declaraciones se estaba llevando a cabo. La organización en todo momento ha querido dejar claro que “no se opone” siempre y cuando las fuerzas de seguridad permitan hacer la mudanza.
A este respecto, y después de consultar con la procuradora, Judith Fernández, las autoridades han decidido ofrecer por escrito una moratoria de varias horas, en concreto hasta las 13:00 horas, algo que “el juez a última hora nos denegó”. En este sentido, y como han denunciado los propios afectados, “la dueña del piso ha dicho que ni una hora más”, a lo que han añadido que “no le debo nada a la dueña”, en referencia a la diferencia entre la deuda y el pago previo realizado por la familia.
Que Revilla demuestre sus palabras
Aunque al desahucio ha acudido el portavoz de Ganemos Santander Sí Puede, Antonio Mantecón, los comentarios más escuchados han hecho referencia a la ausencia del presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, quien no solo ha escenificado su compromiso con un apretón de manos con Podemos, sino que en su reunión con la PAH llegó a prometer su intermediación en este proceso concreto.
En este sentido, y como ha declarado Antonio González, presidente de la PAH en Cantabria a eldiariocantabria.es, Revilla “pidió el auto para hablar con el juez, pero no lo ha hecho”, algo que para la plataforma demuestra “cómo actúa el Gobierno regional”. “Las palabritas están muy bien para la prensa, pero queremos hechos”, ha declarado González, quien ha recordado que “le creímos, pero son palabras vacías”.
“Dialogaremos, pero cuando demuestre que sus palabras valen algo”, ha sentenciado el presidente de la PAH, quien a las 13:00 horas todavía estaba ayudando en la mudanza a Luis y Rocío. “Todavía estamos bajando cosas”, ha aseverado, aunque “no queda mucho”. Para las primeras horas de la tarde, y bajo la mirada de la policía allí desplazada, han terminado el proceso.
Calma tensa
Un proceso que durante algunos minutos ha estado marcado por una calma tensa entre los miembros de la PAH y los propios afectados han vivido situaciones de calma tensa cuando las autoridades judiciales han exigido “una hora concreta”. “¿Nos van a impedir hacer la mudanza?”, se han preguntado los representantes de la PAH, a lo que el afectado ha jurado que “hoy devuelvo las llaves”, para añadir a continuación que nadie le iba a impedir terminar con el traslado. “A mí me llevan preso, pero no me impiden hacer la mudanza”, ha aseverado.
Para la PAH “es solo cuestión de voluntad” el lograr dicha moratoria, algo que finalmente se ha impuesto. Fuentes de la PAH han señalado que “nos hemos involucrado” en el caso de esta familia “porque la situación es crítica”. “Por eso mediamos con Liberbank, que anoche entregó las llaves”, han explicado.
La situación crítica de Luis y Rocío, ambos de 46 años, surge por la crisis económica. La mujer se encuentra en el paro desde el 2004. Él, por su parte, ha trabajado como pescadero y camarero durante varias décadas, pero en los últimos años solo encuentra trabajo de forma esporádica durante algunos meses.
El propio Luis ha reconocido que “no sale nada”, y que este año solo ha podido trabajar unos meses. A esto se suma la falta de ayudas, solicitadas pero todavía no recibidas. “Estamos muy agradecidos, todos se han volcado”, ha explicado el afectado.
La situación familiar es igualmente complicada. Como ha explicado Luis el hijo menor de la pareja, de siete años, “no sabe nada”, y la intención es que siga así. “Cree que nos cambiamos de casa, y está ilusionado”, ha detallado el afectado, por lo que “tengo claro que mi hijo ya tiene que tener su nueva habitación” cuando regrese del colegio. Por su parte, “el mayor también está buscando trabajo” para ayudar a la economía del núcleo familiar.
Situación loca
Otro de los miembros de la PAH, Roberto Mazorra, ha reiterado que el retraso en la mudanza se ha producido porque “teníamos el piso, pero sin las llaves”. A este respecto, ha criticado la “inflexibilidad de la procuradora y de la parte demandante, a la que no se le debe nada”.
“Es una situación loca a nivel judicial”, ha valorado Mazorra, quien ha recordado que “no se puede desahuciar con un menor, de siete años”. El representante de la PAH ha asegurado que “la familia está mal, pero hemos logrado solucionar un problema”.
A este respecto, también ha mencionado que “no hay protocolos ni en el Gobierno ni en el Ayuntamiento”, aunque todos se han volcado en el apoyo a la familia. De hecho, y según ha dicho Mazorra, “lo que hemos conseguido ha sido por nuestros contactos”. “Si no lo hubiéramos conseguido estaríamos ahora mismo frente a una carga policial”, ha dicho el representante de la PAH minutos después de lograr la moratoria.
Luis y Rocío firmaron el contrato en septiembre de 2014 y pagaron por adelantado 6.600 euros, correspondientes a las mensualidades de un año, además del aval de un mes (550 euros). Sin embargo, en junio de 2015 se presentó la demanda de desahucio por el impago de los suministros. En ese momento todavía quedaban de pagar tres meses, es decir, 1.650 euros y el correspondiente aval. En total, 2.200 euros.
La deuda de la familia en ese momento era de 932 euros y el juzgado de primera instancia nº 2 de Santander dictó sentencia poco más de dos meses después ordenando su desahucio.
