Una comisión judicial del Juzgado de Instrucción nº 2 de Santander se presentó en la mañana de ayer miércoles en la calle San Celedonio de la capital cántabra para practicar el desahucio de cuatro familias –una formada por una madre soltera de dos niños de nueve y ocho años; otra por una pareja con dos niñas también pequeñas; otra por una pareja con una niña de 20 meses, y otra por una pareja con un niño de mes y medio, todas ellas en situación de “extrema necesidad y precariedad”, pues “llevan varios años en desempleo y/o de vez en cuando realizan trabajos muy esporádicos para mantener a sus familias”– y lo hizo con una orden de desalojo que “estaba desfasada” y “no iba dirigida a los vecinos que actualmente residen en dicho bloque de viviendas sino a los anteriores inquilinos”, según ha denunciado en un comunicado la plataforma Stop-Desahucios Cantabria. A pesar de ello, “la comisión judicial y la Policía que los acompañaba procedieron a expulsar de sus viviendas a los vecinos presentes, que no habían sido notificados en ningún momento, y a cambiar las cerraduras”. La plataforma ha denunciado que además una de las cuatro familias fue desahuciada “sin estar presente en ningún momento, encontrándose al llegar a su casa que no podía abrir la puerta y quedando todas sus cosas dentro, incluyendo su propia documentación y la de sus hijos pequeños”. Fue la madre de estas criaturas la que “inmediatamente” se puso en contacto con Stop-Desahucios, que acudió al domicilio poco después.
“No se pueden hacer las cosas de esa forma, se supone que hay un Estado de derecho”
Ya por la tarde, “la Policía volvió al lugar de los hechos para finalizar las actuaciones y abrir las viviendas para que las familias pudieran recoger sus enseres”, encontrándose con la situación que describe Antonio G. Javega, uno de los activistas de la plataforma que estuvieron presentes en el lugar: “Estamos hablando de un bloque de seis viviendas, todas ellas con familias en situación de extrema necesidad: la primera irregularidad es no atender a la situación social de estas personas, habiendo menores de por medio; en segundo lugar, el desahucio no se practica contra las seis familias sino contra cuatro, ya que dos de ellas habían sido identificadas y por tanto recibieron el escrito del juzgado convocándoles a una comparecencia judicial de diligencias previas. El resto, ya fuera porque no estaban presentes cuando se personó la Policía o porque tuvieron miedo a abrir la puerta, no fueron identificadas, y estas personas son las que sufrieron el desahucio”, explica Javega, que insiste en que “todo esto es absurdo” porque algunas de estas familias “llevan más de un año residiendo allí”, ninguna de ellas “ha recibido notificación alguna ni denuncia previa al desahucio” y “ninguna de las familias tiene abogado, otra irregularidad”. “No se pueden hacer las cosas de esa forma, se supone que hay un Estado de derecho”, puntualiza. Por eso “la Policía, con buen criterio, suspendió de facto los cuatro desahucios y explicó a las familias afectadas que recibirán sendos escritos del juzgado explicando la situación en la que quedaban”.
Los vecinos de las seis viviendas decidieron ayer solicitar asistencia jurídica gratuita y presentar denuncia contra la comisión judicial, el secretario-letrado del juzgado y el dispositivo policial de la mañana por “allanamiento, usurpación de atribuciones y abuso de autoridad”, aunque también han hecho constar que no tienen “ninguna queja” del dispositivo policial que se personó por la tarde, pues “tuvieron un trato muy respetuoso y educado” con todos ellos, por lo que les han dado “las gracias por su actitud y su respeto de la ley”, ha explicado uno de los vecinos. Javega coincide en que “los policías de la tarde cumplieron con su deber, esto es hacer respetar la ley, y el trato fue muy bueno, de hecho ellos mismos se sorprendieron de que no hubiera nadie del juzgado en ese momento y sólo estuviera presente la procuradora de la otra parte y el propietario-promotor de las viviendas: otra irregularidad”, ha añadido Javega. Irregularidad que se suma a otras, como que el desalojo “iba dirigido contra los anteriores inquilinos de esas viviendas” –ninguna de las familias afectadas actuales figura entre los nombres de los denunciados en la orden de desalojo– y “el procedimiento penal se inició mucho tiempo antes, hace años”, como las “numerosas irregularidades arquitectónicas” del bloque de viviendas, y es que “la empresa promotora de la construcción de la vivienda se apropió de parte del dominio público, como puede comprobarse porque una de las alcantarillas de la calle se encuentra dentro del portal del edificio”, ha finalizado el activista de Stop-Desahucios.
