La Plataforma Stop Desahucios ha denunciado que recientemente se han anunciado dos desahucios en Santander para el 16 y el 19 de junio, lo que supone echar de sus hogares a dos familias en pleno estado de alarma. El juzgado de primera instancia Nº 8 de Santander confirmaba la fecha de lanzamiento de la vivienda de Cristina y Víctor para el próximo martes 16. Cristina, de 43 años, tiene una discapacidad física del 67% y se encuentra en situación de desempleo desde hace cinco años. Su pareja, Víctor, tiene 33 años y trabaja actualmente a media jornada como dependiente de frutería.
Víctor fue despedido a principios del estado de alarma y, por ese motivo, podría haber tenido derecho la moratoria de desahucios aprobada por el Gobierno. Sin embargo, la orden de lanzamiento fue dictada poco antes del estado de alarma, en febrero de 2020, y, por ello, no es aplicable. Cristina y Víctor viven en la calle Floranes desde diciembre de 2016. En 2019 comenzaron a tener graves problemas económicos y dejaron de pagar algunos recibos del alquiler. En la demanda que presentaron contra ellos figura una deuda de poco más de 2.000 euros.
La propietaria y demandante de dicho inmueble, Beyos y Ponga, que es la empresa instrumental inmobiliaria de Liberbank, inició demanda en noviembre de 2019
Según señala Stop Desahucios, actualmente se encuentran a la espera de que los servicios sociales del Ayuntamiento de Santander remitan al juzgado el necesario informe de Vulnerabilidad para poder suspender el desahucio, requisito indispensable para poder parar el lanzamiento. En paralelo, la pareja está tramitando la obtención de un piso de alquiler social en la oficina de emergencia habitacional del gobierno de Cantabria. Pero, según fuentes de la plataforma, en este momento “la pareja no tiene alternativa habitacional y podría terminar en la calle”.
Además, la pareja ha sufrido una “total indefensión ya que la oficina de orientación jurídica les negó el derecho a justicia gratuita” a principios de marzo, alegando que se habían pasado los plazos. “Algo absolutamente ilegal”, a juicio de Roberto Mazorra, portavoz de la plataforma. “Mientras duran los procedimientos judiciales -muchas veces, incluso después-, los afectados tienen derecho a la justicia gratuita y a un abogado de oficio. Los plazos tienen que ver con la posibilidad de pedir la suspensión del juicio y también con la presentación del escrito de oposición a la demanda en tiempo y forma. Pero la defensa es mucho más, siendo fundamental por propia lógica, sobre todo, para que no se produzca indefensión y desigualdad entre las partes. Además, al negarles el derecho de defensa, todo fue mucho más rápido y al no haber oposición de ningún tipo, no hubo oportunidad de presentar recurso alguno, aplicándose el procedimiento exprés sin la celebración siquiera de juicio. Una vergüenza y un abuso”, explica dicho portavoz.
El otro desahucio denunciado por la Plataforma ha sido ordenado por el juzgado de instrucción Nº4 de Santander para el viernes día 19. La afectada es Lidia, una mujer de 33 años en paro y con dos hijos menores, de 7 y 6 años de edad. Lidia se mantiene con una exigua renta social básica y vive desde septiembre de 2019 en su vivienda de la calle José Mª de Cossío. La propietaria y demandante de dicho inmueble, Beyos y Ponga, que es la empresa instrumental inmobiliaria de Liberbank, inició demanda en noviembre de 2019. “Todo ha sido muy acelerado, como en el caso anterior”, señala Mazorra.
En febrero de 2020, dicho juzgado emitía ya sentencia condenando a Lidia por usurpación a una multa de 180 euros y al desalojo de la vivienda. Lidia presentó posteriormente recurso de apelación a la Audiencia Provincial, la cual, respondía mediante sentencia el pasado 4 de mayo de 2020, es decir, en pleno estado de alarma. Actualmente, Lidia y su abogada están valorando la posibilidad de presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo ya que la sentencia contiene algunos errores de apreciación de las pruebas que serían rebatibles ante el alto tribunal, como explica Stop Desahucios.
Para Mazorra, “la ejecución de dos desahucios en pleno estado de alarma, además de ser algo muy dudoso desde el punto de vista jurídico, es una absoluta inmoralidad. La pandemia todavía no ha terminado, probablemente habrá otro rebrote en pocos meses, y en estas condiciones se echa a la calle a dos familias, una de ellas con dos menores”. El portavoz califica de “auténtico despropósito y una absoluta indecencia” esta decisión, de la que considera responsables a “los demandantes, los propios juzgados y, sobre todo, el gobierno central y las administraciones públicas, que deberían poner remedio a este tipo de locuras”.
