La defensa del joven que asesinó a su pareja en enero de 2019 en Laredo, en el primer crimen por violencia de género de ese año en España, ha recurrido la sentencia de la Audiencia de Cantabria que le condena a 27 años de prisión: 24 por acabar con la vida de la chica y tres por amenazas a las compañeras de piso de la víctima que intentaron, en vano, frenar la agresión.
En el recurso, consultado por Europa Press, el abogado del procesado pide que se rebajen de 24 a 20 los años de cárcel por el primer delito y de tres a uno los del segundo tipo delictivo, esto es, 21 en total, apreciándose para ello las atenuantes de confesión y entrega y, también, la de reparación del daño, que rechazó el juez.
Asimismo, esta parte se opone a que su cliente sea expulsado de España tras cumplir tres cuartas partes de la condena o alcanzar el tercer grado penitenciario o la libertad condicional, como se acordó en la sentencia, dictada por la Sección Primera conforme al veredicto del jurado que enjuició los hechos a mediados de abril.
El tribunal declaró al procesado culpable de asesinar -entendieron que hubo enseñamiento y alevosía- en la madrugada del 3 de enero de 2019 a quien hasta entonces y durante dos años había sido su pareja, y amenazar también a dos amigas que vivían con ella y que trataron de socorrerla.
El magistrado presidente del jurado impuso a Tomás Maestre, de 29 años y natural de Ecuador, 24 años de cárcel por un delito de asesinato, con las agravantes de parentesco y de género, pues fue cometido por la "superioridad" que entendía que "tenía sobre la víctima, al ser esta una mujer".
En su resolución, destacaba el hecho de que el hombre grabara videos de la agresión en su teléfono móvil, como "muestra de su deseo de mostrar o demostrar aquella acción, aumentando, si cabe, la humillación de la víctima".
Por este delito, el juez también le prohibió comunicar y acercarse a los familiares de la víctima durante 30 años y estableció una medida de libertad vigilada de diez años tras su salida de prisión. Y en concepto de responsabilidad civil, fijó una indemnización para la hija menor de edad de la fallecida de 120.000 euros, y de 72.500 euros para la madre. Junto a ello, le impuso tres años de cárcel por un delito de amenazas a las compañeras del piso de la víctima, a las que no podrá acercarse ni comunicarse con ellas durante cuatro años.
La sentencia también acordaba la expulsión del condenado del territorio nacional, una vez cumpla tres cuartas partes de las penas de prisión, así como la prohibición de regresar a España en los diez años siguientes.
En el fallo, recurrido ahora ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, el magistrado descartó las atenuantes de confesión y de reparación del daño, al no entender que se había producido el reconocimiento previo de lo sucedido con carácter previo a la actuación policial.
Y respecto a la consignación, de 500 euros antes de iniciarse el juicio, destacó que "no llega al 0,3% del total reclamado" por las acusaciones, que supera los 190.000 euros.
