sábado 27/11/21
URBANISMO

DEBA denuncia la “complicidad pasiva” de la oposición de Santander en El Pilón

El Gobierno de Cantabria ha anunciado que el borrador de la nueva ‘ley del suelo’ ya está avanzado para regular el derecho al realojo de forma general.

Los vecinos del Pilón, frente a sus casas
Los vecinos del Pilón, frente a sus casas

La Plataforma en Defensa de la Bahía (DEBA) ha afirmado que todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Santander son "corresponsables" de lo que sucede en el barrio de El Pilón, y en ese sentido, ha censurado la "complicidad pasiva" de los grupos de la oposición, por su "inhibición y falta de iniciativa".

DEBA afirma que el equipo de Gobierno "actúa como mero agente inmobiliario en defensa de los intereses económicos de los promotores y no como representante y garante del interés general de la ciudad y sus habitantes. Y añade que la "inhibición" de los grupos de la oposición les sitúa en una actitud de "apoyo por omisión, de la misma desvergonzada filosofía de destrozo urbanístico terminal que pretende el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente.

En un comunicado de prensa, DEBA recuerda que algunos grupos políticos llevaban en sus programas la conveniencia de revisar y modificar el PGOU, pero parece "como si una vez conseguido el puesto de concejal, el diseño del espacio de la ciudad dejara de ser prioritario", dice.

A la vez, denuncia que recientemente se han hecho varias modificaciones del PGOU, todas ellas "a petición y en beneficio de banqueros, promotores y constructores". "Lo que se pide en el Pilón es lo mismo, pero en esta ocasión para beneficio de la ciudad y sus habitantes", añade DEBA, quien insiste en que el equipo de Gobierno "no tiene voluntad política más que para defender exclusivamente a los promotores".

DEBA denuncia que la unidad de actuación en el Barrio de El Pilón, de nuevo en marcha después de tres meses de "tregua", supone "expulsar a varias decenas de familias de sus casas para construir en este emblemático espacio de la fisonomía y cultura santanderinas, 140 nuevas viviendas en bloques de ocho alturas, derribando las viviendas de tres alturas que ahora existen".

Tras asegurar que actuaciones como ésta se prevén en otros 90 lugares de la ciudad, DEBA sostiene que todos los grupos municipales, bien sean del gobierno o de la oposición, "son corresponsables del mantenimiento de este desastroso plan, mientras no hagan algo eficaz  para evitar que acabe arrasando los pocos espacios que aún quedan libres y expulsando de sus hogares a los actuales habitantes de las 90 unidades de actuación previstas".

Para DEBA, "la paralización urgente y la revisión en profundidad de este modelo de urbanismo al servicio exclusivo de intereses especulativos, debiera ser la prioridad absoluta de todos los grupos municipales que, salvo el PP, incluían en sus programas electorales la revisión del Plan General.

Borrador avanzado

El Gobierno de Cantabria ha comunicado que tiene "ya avanzado" un borrador de su proyecto para dotar a la Comunidad Autónoma de una nueva 'ley del suelo' que regulará, entre otros aspectos, el derecho al realojo de una forma "general" y no situaciones "específicas" de ayuntamientos.

La vicepresidenta de Cantabria y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, ha realizado esta puntualización un día después de hacerse público su disconformidad con la proposición de ley registrada por el PP en el Parlamento regional para regular el derecho de realojo y solucionar de esta forma la problemática en el barrio santanderino de El Pilón.

Díaz Tezanos, que en su departamento también tiene incluidas las  competencias relativas a Ordenación del Territorio y Urbanismo, ha insistido en que, como ya ha explicado anteriormente en varias ocasiones, el Ayuntamiento de Santander "tiene mecanismos suficientes para dar respuesta" a esta problemática.

De esta forma, ha asegurado que el proyecto en el que trabaja el Ejecutivo regional para una nueva Ley de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, que data de 2001 y ha sufrido varias modificaciones y la última revisión está vigente desde 2015, no atenderá situaciones concretas de los ayuntamientos sino que a la cuestión de los realojos se dará respuesta de una forma general.

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