jueves. 28.03.2024

La realidad de los últimos años en materia de dependencia, con el efecto que las políticas del PP han tenido en el Estado de Bienestar como consecuencia, según su argumentario, de la crisis económica, es un recorte significativo de la inversión en la Ley que comenzó a aplicarse allá por 2007. El anuncio del Gobierno PRC-PSOE de volver a situar a Cantabria a la cabeza en la aplicación de la Ley de Dependencia trata de reparar la situación que el Observatorio Estatal de la Dependencia reflejó en su informe de enero, en el que la región recibía una puntuación de 4,6 sobre 10.

A pesar de la defensa que el anterior Ejecutivo regional de Ignacio Diego y el Gobierno central de Mariano Rajoy han hecho de su gestión de la Ley de Dependencia, lo cierto es que el XIV Informe de este Observatorio denuncia que, a enero de este mismo año, las comunidades autónomas habían dejado de percibir 1.409 millones de euros en financiación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de los que 26,1 millones están destinados para Cantabria.

El documento elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales reconoce que Cantabria es “de esas comunidades que ya atiende a más del 90% de personas con derecho a atención”; sin embargo, la realidad es que durante el pasado año 2014 la evolución en materia de dependencia fue negativa en todos los indicadores.

Los recortes del Ejecutivo central durante el último año coinciden, por ejemplo, con una reducción en el número de solicitantes, que fue del 2,6%. Ligeramente mayor fue el número de personas valoradas para entrar en el servicio, que en el anterior ejercicio fue de 22.695 personas, un 2,9% menos que en 2013.

También se redujo el número de personas con derecho a la asistencia. Cantabria perdió en este sentido 691 personas, lo que supone un descenso del 4,3% en 2014. Mayor fue el descenso en el número de atendidos, superior al 5% (la media nacional es del 3,3%), situando el número total en poco más de 14.000 personas.

Una de las comunidades más castigadas

El XIV Informe también señala una realidad que la sociedad y los profesionales han denunciado en numerosas ocasiones: Cantabria es una de las regiones “más castigadas” en materia de financiación. Asimismo, el Observatorio incide en que la Comunidad Autónoma “carece de buenas prácticas acreditadas”, no tiene “sistemas de información en tiempo real ni un seguimiento sistematizado de la situación”.

Todo ello provoca que la valoración de Cantabria sea inferior al 5 sobre 10 en un ranking que puntúa a Castilla y León con un 10 y a Valencia con un 1,7.

La evolución del gasto público anual promedio por habitante en la región también desvela el valor que el Ejecutivo de Diego ha otorgado a la Ley de Dependencia. Frente a los 176 euros que se invertían en 2011, durante el primer año de legislatura ‘popular’ se redujo hasta los 162,56 euros, terminando así con un periodo de varios años de crecimiento en la inversión.

Igualmente, el gasto público anual promedio por dependiente atendido ascendió, en el último año de Gobierno PRC-PSOE, hasta los 7.028 euros, siendo en 2012 de 6.643 euros, volviendo luego a crecer por encima de los 7.200 euros.

Si atendemos a los empleos directos asociados a este servicio, entre 2009 y 2011 se incrementó en 1.000 el número de trabajadores, un crecimiento progresivo que, de nuevo, fue interrumpido en 2012 por el Ejecutivo del PP, que compensó este recorte con un crecimiento posterior, hasta 2014, de aproximadamente 800 profesionales empleados.

Volver a 2011

Las palabras de la vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos, con las que adquiría el pasado miércoles el compromiso de devolver a Cantabria al primer puesto del ranking de comunidades en materia de Dependencia trata de dar respuesta a las necesidades sociales que expone el Observatorio Estatal de Dependencia y que reclaman diversos sectores de la sociedad, entre ellos la Federación Empresarial de la Dependencia, con cuyo presidente, Víctor Pandal, ha mantenido una reunión recientemente.

El nuevo Ejecutivo regional considera que “la dependencia es un derecho básico", por lo que existe la "obligación de garantizar" su existencia. En 2011 Cantabria era líder en el desarrollo de la Ley, y ahora está “hacia la mitad” de la tabla, más concretamente por debajo de dicha mitad.

Para lograr este objetivo la vicepresidenta ya ha adelantado que existirá una “partida presupuestaria”, aunque ha reconocido que “tiene que recuperarse progresivamente", no sólo el nivel de inversión sino de atención a aquellos que tenían derecho a una prestación prevista en la Ley de Dependencia y que no la han recibido por, según ha dicho, los "recortes del PP a nivel nacional y regional”.

Los recortes en Dependencia que se deben recuperar
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