jueves 26/5/22

En la primera semana de marzo del presente año, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), presentó la documentación necesaria para formalizar e instaurar la Sección Sindical de CSIF en el Servicio Municipal de Transportes Urbanos de Santander (SMTU). Es de agradecer la recepción a la misma por el Comité de Empresa del "SMTU" y por las restantes Secciones Sindicales en el Servicio. El compromiso de la Sección Sindical de CSIF en el SMTU y de su Delegado Sindical, es la de "sumar" y reivindicar los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras del Servicio, mediante el diálogo y comunicación. Por lo que se ha presentado la siguiente solicitud al Servicio Municipal de Transportes urbanos de Santander.

Así, el Delegado de la Sección Sindical de CSIF en el Servicio de Transportes Urbanos de Santander (SMUT) y dirección, a efecto de notificaciones a expresado que se en fecha 29 de diciembre de 2021 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado  la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Que la Disposición Final Tercera de dicha norma establece su entrada en vigor al día siguiente de su publicación, esto es, el 30 de diciembre de 2021.

Que, a su vez, el apartado segundo de su artículo 2 contempla un calendario en el que la primera fecha de referencia es el 1 de junio de 2022, ya que para dicha fecha deberá estar aprobada y publicada en el Boletín Oficial de Cantabria la Oferta de Empleo Público en que se recojan todas las plazas susceptibles de estabilización. Además, conforme a los dispuestos en el apartado primero del artículo 2 y en la Disposición Adicional Octava de la Ley 20/2021, los requisitos para considerar una plaza susceptible de estabilización aumentan considerablemente.

Que, en consecuencia, por medio de la presente, SOLICITA que, en ejecución de la Ley, se impulse de manera urgente la tramitación de los procesos de estabilización en el Servicio Municipal de Transportes Urbanos de Santander, con la finalidad de reducir la tasa de cobertura temporal de plazas estructurales y evitar así posteriores pronunciamientos judiciales sobre la constitucionalidad de la norma.

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