El Servicio de Consumo del Gobierno de Cantabria ha remitido 98 denuncias de clientes de la clínica iDental a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria por considerar que podrían existir indicios de algún ilícito penal; y ha abierto cinco expedientes sancionadores con propuestas de multas que suman 77.000 euros, por 48 reclamaciones en las que ha detectado cinco infracciones administrativas, una de ellas por cláusulas abusivas en los contratos.
En total, el Servicio de Consumo, dependiente de la Consejería de Industria y Comercio, ha recibido 145 reclamaciones contra iDental desde 2015 -dos de ellas en ese ejercicio, 17 en 2016, 113 en 2017 y 13 en los primeros meses de 2018-, según datos del Gobierno consultados por Europa Press.
La mayoría de las reclamaciones denuncian mala praxis, retrasos injustificados en el inicio de los tratamientos y durante su ejecución, que provocan que los reclamantes cancelen el mismo y tengan problemas para la devolución del dinero, ya que el pago es por adelantado y en la mayoría de los casos a través de financiación.
En la mayoría de los casos, los consumidores pagaban un tratamiento por adelantado, solicitando muchos de ellos financiación para poder hacer frente a esos pagos
En septiembre de 2017, viendo el incremento del número de denuncias y la gravedad de los hechos que algunas de ellas describen, desde el Servicio de Consumo se decide dar traslado a la Fiscalía de las denuncias que habían tenido entrada en ese organismo hasta esa fecha, por si los hechos descritos en ellas pudieran ser constitutivos de algún ilícito penal.
Tras la apertura de diligencias de investigación para proceder al esclarecimiento de los hechos, la Fiscalía comunicó al Servicio de Consumo que "únicamente constan indicios de la comisión de infracción penal en aquellas denuncias que han pagado por adelantado un tratamiento y que después de un periodo de tiempo razonable, éste no se ha iniciado o bien, no pudiéndose ejecutar el mismo, no se ha producido la devolución del importe abonado anticipadamente".
Entonces es cuando Consumo remite a la Fiscalía los 98 expedientes -dos de 2015, 17 de 2016, 76 de 2017 y tres de 2018-. Desde este departamento se han abierto en 2017 y 2018 cinco expedientes sancionadores que engloban un total de 48 reclamaciones, con propuestas de multas que suman 77.290 euros por cinco infracciones administrativas, cuatro de ellas leves.
La infracción grave es la introducción de cláusulas abusivas en los contratos. Las leves son el suministro de información inexacta o incompleta por empresarios y profesionales a las autoridades competentes o sus agentes; falta de transparencia y exposición pública visible de los precios o incumplimiento de las normas reguladoras en esta materia; y no extender recibo justificante, factura, contrato, …
También se remitieron las reclamaciones sobre mala praxis al Colegio de Odontólogos y Estomatólogos. Desde el Servicio de Consumo se asegura que se han realizado actuaciones inspectoras para cada reclamación, "solicitando documentación acreditativa a los reclamantes y requiriendo a la empresa para que explique los hechos expuestos, teniendo conocimiento hasta la fecha de únicamente dos reclamaciones subsanadas".
A la vez, se ha informado a los reclamantes de la posibilidad de reclamar por vía judicial las cuantías económicas pertinentes, dado que la empresa iDental no se ha sometido al arbitraje extrajudicial de conflictos.
CLIENTES VULNERABLES
Desde el Servicio de Consumo se destaca que lo más grave de esta situación, es que iDental se publicitaba en radio y televisión ofreciendo 'asistencia dental social', dirigiéndose a un público de escaso nivel adquisitivo y por tanto, a un consumidor "altamente vulnerable", que acudía a la clínica atraído por la publicidad y las 'ayudas' que anunciaban.
En la mayoría de los casos, los consumidores pagaban un tratamiento por adelantado, solicitando muchos de ellos financiación para poder hacer frente a esos pagos, y después de varios meses, o bien no se había iniciado el tratamiento, o bien se había realizado una mínima parte, con los perjuicios que esta situación les ocasionaba y teniendo que hacer frente al crédito que habían solicitado para ello.
Cuando finalmente, cansados de retrasos injustificados, errores en los tratamientos o incluso tratamientos que finalmente no podían ejecutarse, solicitaban la cancelación del tratamiento y la devolución del importe abonado por los trabajos no realizados, la mercantil manifestaba que efectuaría la devolución, que "en raras ocasiones se hacía efectiva", relata el Servicio de Consumo.
