El anteproyecto de ley del suelo del Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) acota y fija en dos años el periodo transitorio en que se podrá construir vivienda unifamiliar en suelo rústico sin plan especial, que el Ejecutivo del PP introdujo en la pasada legislatura, y posibilita que los ayuntamientos creen una tasa municipal que gravará la ejecución de este tipo de construcciones.
Esta tasa municipal se pagará una vez, en el momento en que se solicite al Ayuntamiento la licencia para ejecutar la vivienda y su cuantía oscilará entre el 3% y el 5% del presupuesto de obra.
Cada ayuntamiento tendrá que regular esta nueva tasa en sus ordenanzas fiscales y establecer qué porcentaje, dentro del tramo establecido, cobra. Esta tasa es una especie de "compensación" por el coste que supone llevar los servicios hasta este tipo de construcciones.
Cada ayuntamiento tendrá que regular esta nueva tasa en sus ordenanzas fiscales y establecer qué porcentaje, dentro del tramo establecido, cobra
Se trata de que el ayuntamiento tenga, gracias a la recaudación de esta tasa, una "caja" de recursos que sirva de "apoyo" para el coste que le supone llevar los servicios a este tipo de construcciones.
Así lo han dado a conocer este miércoles, en rueda de prensa, la vicepresidenta regional y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, y el director general de Urbanismo, Francisco González Buendía, que han informado sobre los detalles del anteproyecto, que aún tardará como mínimo un mes en llegar al Consejo de Gobierno para su aprobación y su posterior remisión al Parlamento regional.
Este anteproyecto, con 343 artículos, ha quedado listo después de que se hayan incorporado el 85% de las alegaciones y propuestas planteadas durante el proceso de participación pública del borrador.
Otras novedades de la nueva ley del suelo, que ya se contemplaban en el borrador, son la creación de un Registro Público de Planeamiento y Gestión Urbanística de Cantabria, que recogerá los instrumentos y planes de ordenación del territorio y gestión urbanística que se aprueben dentro de la comunidad, y las cédulas y los certificados urbanísticos, a través de los que los ayuntamientos informarán sobre las circunstancias urbanísticas de las fincas del municipio o de edificio en un plazo tres meses desde la solicitud.
También hay medidas dirigidas a agilizar los planeamientos y, por ejemplo, se da la posibilidad a los ayuntamientos de que puedan presentar y tramitar sus PGOU a la vez que los planes especiales que contemplen.
Díaz Tezanos ha vuelto a defender la necesidad de esta nueva ley del suelo para garantizar más seguridad jurídica al urbanismo de Cantabria, para favorecer las actividades económicas y el empleo, para facilitar la rehabilitación de edificios y para ocupar el suelo de forma prudente, frenar la dispersión y favorecer núcleos más compactos.
