martes 9/3/21
TRIBUNALES

El Constitucional anula un desahucio en Santander por vulnerar los derechos de la afectada

El Tribunal Constitucional considera que algunas disposiciones de la Ley de Administración Local invaden competencias autonómicas
El Tribunal Constitucional considera que algunas disposiciones de la Ley de Administración Local invaden competencias autonómicas

El Tribunal Constitucional ha anulado un procedimiento de desahucio por impago de alquiler al considerar que el Juzgado de primera instancia nº 8 de Santander ha causado indefensión a la afectada por notificar el decreto de resolución del contrato de arrendamiento y la fecha del lanzamiento a través de un edicto en el tablón de anuncios de la oficina judicial, sin agotar los medios que tenía a su alcance para efectuar una citación personal.

El TC estima el recurso de amparo de la demandante al considerar que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, ya que el órgano judicial que conocía del proceso de desahucio no agotó los medios de averiguación del domicilio real de la demandada antes de proceder a la comunicación por edictos, cuando además constaba identificado su domicilio en los documentos aportados con la demanda.

Por ello, ordena retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al requerimiento para contestar a la demanda.

Según consta en la sentencia del TC, consultada por Europa Press, el órgano judicial no hizo nada para averiguar un domicilio alternativo tras "un solo intento" de notificación que "además no cumplió con mucho rigor, pues tal intento se llevó a cabo en la calle Guevara de Santander en lugar de la calle Prolongación de Guevara, que es el domicilio que se señalaba en la demanda".

PALMARIO AUTOMATISMO

La Sala Primera del TC falla la estimación del recurso de amparo, en línea con las alegaciones del Ministerio Fiscal, que considera que el órgano judicial no cumplió con las exigencias derivadas de la doctrina del TC y actuó con "palmario automatismo, sin realizar ninguna actividad propia de averiguación del domicilio real del ejecutado".

En la sentencia se recuerda la reiterada jurisprudencia del TC sobre la subsidiariedad de la comunicación edictal, que en los procedimientos de desahucio "sólo puede utilizarse cuando se hayan agotado los medios de averiguación del domicilio del deudor o ejecutado".