Todo apunta a que a primera hora de este martes, 17 de mayo, el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía de Cantabria y el exdirector general de Sodercan nombrado por el PP, Jesús de las Cuevas, será una realidad. El Consejo de Administración de la empresa pública se reúne a las 9:00 horas para aceptar dicho acuerdo, por el que De las Cuevas evita ir a juicio y afronta una pena de 3 años y 9 meses de cárcel por apropiación indebida en lugar de malversación de 667.000 euros.
En el acuerdo también se contempla una multa de 3.600 euros y restituir todos los fondos que desvió. El acuerdo con la Fiscalía se produce después de que el titular del Juzgado de Instrucción número dos de Santander constatara la existencia de "indicios racionales de criminalidad" para imputar a De las Cuevas sendos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil.
Desde que dicho acuerdo se conociera el pasado día 6 de mayo, el juez dio un plazo de 10 días para que Sodercan comunicara su posición ante el mismo. El silencio de la empresa equivaldría a su conformidad con el acuerdo.
El acusado impulsó el ERE defendiendo “férreamente” la necesidad de los despidos por la “delicada situación económica” de la entidad
Desde la empresa se invitó asimismo a los trabajadores a que comunicaran su posición, y aquellos representantes de los empleados por CCOO así lo han hecho, en un documento presentado el pasado 13 de mayo al que ha tenido acceso este diario.
La principal crítica de los trabajadores es que mientras el exdirector general de Sodercan, Jesús de las Cuevas, se apropiaba indebidamente de 667.000 euros de la empresa, ésta ejecutó un ERE de extinción que afectó a 19 trabajadores.
El acusado impulsó el mismo defendiendo “férreamente”, desde su posición de Director General en la Mesa de Negociación del ERE de 2012, la necesidad de los despidos por la “delicada situación económica” de la entidad, “situación a la que él estaba contribuyendo con su prolongada e ilícita apropiación de fondos”, recuerdan los trabajadores.
Además, aseguran que “la empresa siempre tuvo una actitud litigiosa”, no llegando a acuerdos con los trabajadores despedidos e incluso recurriendo sentencias que reconocían a desempleados el derecho a cobrar complementos a la indemnización de alrededor de 3.000 euros. Por esta trayectoria, “no tuvimos duda de que Sodercan actuaría con mayor rigor contra un desempleado deshonesto”, dicen refiriéndose a De las Cuevas, por lo que “no valoramos en su día personarnos en la causa”.
