Un juzgado de Torrelavega ha condenado al Colegio Nuestra Señora de la Paz, por no actuar ni “tomar medidas” ante un caso de acoso escolar.
Según publica este viernes la Cadena SER, el centro educativo deberá pagar casi 2.000 euros a la familia de un alumno de 7 años que sufrió varias lesiones en el recreo después de que otro alumno, de 6 años, y con el que tenía una mala relación, le empujase.
Al parecer, el niño de 7 años agarró del jersey al otro y este, como respuesta, le empujó. Tras el empujón el niño de 7 años se cayó al suelo, fracturándose un dedo de la mano y sufriendo también un traumatismo bucal.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso la Cadena SER, el Juzgado de Instrucción Número 4 de Torrelavega condena al Colegio privado concertado de La Paz por una gestión negligente del conflicto entre estos dos alumnos. Además, ambos habían protagonizado incidentes previos que, según la versión de una tutora del centro, eran consecuencia de la práctica del fútbol como actividad extraescolar.
La jueza titular del juzgado argumenta que “no se trata de un hecho aislado”
La jueza titular del juzgado argumenta que “no se trata de un hecho aislado” y que el centro “no tomó las medidas oportunas”, entre otras cosas, porque no garantizó una “adecuada vigilancia durante el transcurso del recreo”.
Según quedó acreditado en el juicio, el día de los hechos solo había una profesora en el patio, lo que la jueza considera “a todas luces insuficiente”. El hecho de que una profesora estuviese al cargo de entre 50 y 60 alumnos repartidos por una extensión de dos campos de fútbol resulta “muy peligroso”, ya que en ese momento estaban jugando al fútbol dos niños “de corta edad que habían tenido problemas previos”.
La sentencia también explica que fue la prima de uno de los dos menores, de 16 años, la que le atendió, le lavó y dio aviso a los responsables del centro. La menor asegura que “sólo había una profesora y que estaba en la otra punta del patio”.
Por su parte, una de las tutoras del Colegio reconoció en el juicio “haber escuchado” que el menor que propinó el empujón “sufre bullying por parte” del menor que cayó al suelo, y que el centro “no adoptó ninguna medida sobre estos menores, ni siquiera vigilarlos o hablar con ellos”.
De esta manera, según se establece en la sentencia, el centro no activó el protocolo anti-acoso. En este sentido, la juez reflexiona de manera muy clara sobre la necesidad de activar estos mecanismos, asegurando que “cuando dos menores se ven implicados en un episodio violento, los dos necesitan ayuda para que los hechos no vuelvan a repetirse y, pudiendo activarse por el propio centro protocolos anti-acoso, cuando no lo hace asume el riesgo de que puedan ocurrir cosas peores”. Si asume ese riesgo, prosigue la jueza, “ha de responsabilizarse de las consecuencias de su omisión”.
La jueza reprocha que el centro educativo no tomase medidas hasta que se produjo la queja formal de la familia
La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Torrelavega, también argumenta que “habría habido menos posibilidades” de conflicto entre los menores si se hubiese realizado “una vigilancia adecuada y específica de estos dos alumnos”.
La jueza reprocha que el centro educativo no tomase medidas hasta que se produjo la queja formal de la familia de uno de los dos menores implicados, y que no hiciese nada tras dos incidentes previos ocurridos en el interior del centro escolar, a las que sucedió otro conflicto entre los niños, ocurrido en un campus de verano.
En el mes de septiembre, con el inicio del curso 2016-2017, el centro decidió sacar del grupo al menor que estaba siendo objeto de acoso.
La sentencia, por tanto, señala muy directamente a la responsabilidad que tiene un centro educativo a la hora de evitar situaciones de acoso.
Una sentencia firme y contra la que no cabe recursos, ya que se produce tras la denuncia presentada por el padre del menor que sufrió el empujón contra el padre del otro niño y la dirección del centro.
Así, la jueza absuelve al padre y sitúa toda la responsabilidad en el centro sobre el control y la vigilancia de los alumnos dentro del recinto escolar. Por ello, condena al centro al pago de 1.936 euros en concepto de indemnización y por los costes del tratamiento odontológico que necesitó el chico.
