viernes. 29.03.2024

El juicio contra dos acusados de secuestrar en Santander en 2020 a un hombre que tenía una deuda por drogas ha quedado visto para sentencia después de que las partes hayan mantenido sus conclusiones sobre lo ocurrido y la petición de penas.

Así, la acusación considera que hay pruebas suficientes que acreditan los delitos imputados a los acusados mientras que la defensa sostiene lo contrario y cuestiona la credibilidad de la víctima, tanto en lo relativo a sus secuelas por los hechos, como por el propio relato, que cree que es una "fabulación" o, al menos, una "exageración".

En la sesión de ayer, los acusados, de nacionalidad marroquí y que están en prisión y han asistido al juicio esposados y custodiados por la Policía, se acogieron a su derecho a no declarar, mientras que la víctima ofreció su versión de los hechos y relató el "pánico" vivido.

Según su versión, el 22 de julio de 2020, uno de los acusados, al que conocía porque le había comprado varias veces hachís y droga, acompañado por otras personas, le reclamó el pago de un dinero por la deuda que tenía. Al no poder pagar en ese momento, le forzaron a subir a un coche, y le llevaron a unas casas okupadas en Adarzo, donde le siguieron insistiendo para que consiguiera el dinero y para que les dijera dónde vivía.

Al no poder pagar en ese momento, le forzaron a subir a un coche, y le llevaron a unas casas okupadas en Adarzo

Allí, según dijo, le ataron, le quitaron el móvil y las llaves de casa, le descalzaron, le golpearon, le amenazaron y le sometieron a vejaciones y le encerraron en un "hueco" de reducidas dimensiones, una especie de leñera, de donde ya de madrugada logró escapar y acudió a la Policía.

Además, durante los hechos, se produjo un robo en la casa donde vivía en ese momento, que era propiedad de la que era entonces su pareja, de la que se llevaron varias joyas y enseres que, posteriormente, fueron halladas en la casa donde se produjeron los hechos, en las que se encontraron también varias pastillas de hachís y una plantación de marihuana conectada a un enganche de la luz fraudulento.

La Fiscalía y la acusación particular han dado credibilidad al relato de la víctima. Para la fiscal, los hechos constituyen un delito de secuestro, otro de robo con violencia e intimidación, uno de robo con fuerza en casa habitada, otro contra la integridad moral, un delito leve de lesiones y un delito contra la salud pública de sustancias que no causan grave daño en concurso medial con un delito leve de defraudación de fluido eléctrico.

Por ello, sostiene que, uno de los acusados, que es el que supuestamente forzó a la víctima al subir al coche y al que considera el "jefe" de lo ocurrido, debe responder por todos esos delitos, por los que le pide 18 años de cárcel y 1.440 de multa.

Al segundo, le atribuye el secuestro, el robo con intimidación, el robo con fuerza en casa habitada y el delito de defraudación de fluido eléctrico, delitos que suman una petición de condena de 14 años de cárcel y 1.080 euros de multa.

Además, en concepto de responsabilidad civil, les reclama una indemnización conjunta y solidariamente a la víctima en 3.000 euros por las lesiones y daños psíquicos causados; 6.681 euros para la aseguradora de la casa que supuestamente robaron y 456 euros a la compañía eléctrica por el gasto generado con los enganches fraudulentos a la luz para mantener la plantación indoor de marihuana que se encontró en las viviendas de Adarzo.

Por su parte, la acusación particular -la que representa a la víctima- se ratifica en el informe del Ministerio Fiscal y en las penas que solicita. Sin embargo, en lo que respecta a la indemnización, pide que la cantidad para su cliente se eleve a 25.000 euros por los daños físicos, psicológicos y las secuelas. "Y nos hemos quedado cortos en la petición", ha afirmado.

LA DEFENSA

Por su parte, la defensa ha cuestionado la credibilidad del relato de la víctima y también han mantenido que no hay pruebas de que los acusados sean los autores de los delitos que se les imputan.

El abogado del principal acusado ha opinado que "no es creíble" que por una "deuda tan escasa", de unos 600 euros, su representado fuera a "urdir una actuación" como la descrita por la víctima.

También ve "difícil" de creer la versión de la víctima y considera que ésta "hace aguas" en algunos puntos. Además, sostiene que, si la víctima sufrió un "secuestro tan dramático" como el que narra, las secuelas objetivadas (un cuadro de ansiedad) no se corresponden con lo que vivió".

A su juicio, considera que lo que pudo ocurrir es que la víctima acudió a la casa de Adarzo con el acusado para consumir droga y cree que, en el marco de ese "consumo colectivo" en el que había más personas, "algo pudo ocurrir" que obligó a la víctima a tener que marcharse.

Además, insiste en que no hay pruebas de la participación de su representado en ninguno de los delitos que se le imputan por lo que pide la absolución. A su juicio, no se puede certificar el delito de secuestro y considera que "en todo caso" debería considerarse como una detención ilegal. En caso de que se condene a su representado, ha pedido que se aplique la atenuante de drogadicción.

Por su parte, el abogado del otro acusado también ha cuestionado el relato de la víctima y cree que "no se ha probado nada" sobre la autoría de los delitos que se le imputan a su representado, por lo que pide la absolución o, de forma subsidiaria, solo dos años de cárcel por el supuesto robo en la casa donde vivía la víctima.

También sostiene que no han quedado demostradas las secuelas de la víctima -cree que es "falso" que sufra ningún trastorno por los hechos- puesto que no ha aportado ningún informe psicológico o psiquiátrico y tampoco otros documentos para acreditar lo que sostiene. "Pruebas son amores y no buenas razones", ha insistido.

ÚLTIMA PALABRA

Tras concluir los informes, se ha ofrecido a los acusados ejercitar el derecho a la última palabra. El principal acusado ha afirmado que "habría tantas cosas que decir... pero no, no quiero decir".

Sin embargo, una vez que el juicio ha quedado visto para la sentencia, y cuando ya estaba siendo conducido por la Policía, ha afirmado que la víctima "lo que quería era conseguir a niños pequeños". "Ya no le puedo escuchar", ha dicho la presidenta de la Sala.

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