La Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio ha aprobado conceder ayudas a quince municipios de Cantabria con riesgo de despoblamiento para implantar la conectividad de la banda ancha en las áreas más rurales que están teniendo problemas a raíz de la crisis sanitaria del COVID-19.
Las ayudas suman la cantidad de 323.000 euros que han impulsado infraestructuras de extensión de banda ancha por valor de 623.348 euros. Con estas subvenciones, que forman parte del proyecto 'Conecta Cantabria', se proporcionará acceso a más de 40 Mbps a quince municipios que se suman a los once ayuntamientos que ya recibieron ayudas en la convocatoria de 2019.
Los municipios, todos ellos con riesgo de despoblamiento, son Lamasón, Soba, Vega de Liébana, Camaleño, Peñarrubia, Luena, Cabezón de Liébana, Santiurde de Reinosa, Vega de Pas, Pesquera, San Pedro del Romeral, Rionansa, Valdeolea, Cillorigo de Liébana y Anievas.
El consejero de Industria, Francisco Martín, ha explicado que el objetivo principal de estas ayudas es acelerar el proceso de cobertura de banda ancha "de muy alta velocidad" en las zonas sin cobertura actual que tienen un mayor riesgo de despoblamiento, por lo que el criterio de valoración ha sido la densidad de población. Martín ha añadido que estas ayudas cobran más relevancia aún en el contexto actual de crisis sanitaria donde el trabajo no presencial, o la teleformación resultan "imprescindibles para afrontar el día a día de los ciudadanos" y responden a la demanda de reforzar la red de banda ancha para poder llevar a cabo los procesos educativos en las zonas rurales. El consejero ha señalado que las ayudas priorizan la dotación de unas modernas redes de telecomunicaciones, fijas y móviles, que garanticen la conectividad y el mantenimiento de la calidad para gestionar el tráfico de datos que se generan en situaciones de confinamiento.
El importe de la subvención cubre hasta el 80% de la inversión y gastos considerados subvencionables (con un máximo de 25.000 euros por cada beneficiario) y siempre que se ejecuten desde el 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020.
