La AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles) denunciaba el pasado jueves que tres representantes de la asociación se enfrentan a expedientes disciplinarios que “proponen resoluciones por falta grave con una desproporcionalidad y dureza que sólo puede significar una cosa: falta de cultura democrática”. Se trata de Juan Couce, Alberto Alegría y una mujer: Pilar Villacorta, agente expedientada con tres meses de empleo y sueldo por una supuesta “insubordinación” al haberle preguntado al coronel de la Guardia Civil en Cantabria acusado de humillarla “cómo se sentiría usted si intentaran colocarle un tanga”, una prenda femenina que además no se ajustara a su talla y peso.
“Apretándoles los velcros del chaleco pese a las quejas de las trabajadoras”
Los hechos se remontan a octubre de 2016, cuando Villacorta elevaba al Juzgado Togado Militar Central Nº 1 una denuncia contra el coronel por un hecho del que la miembro de la AUGC fue no sólo testigo sino también víctima durante un ejercicio de tiro. Para hacer dicho ejercicio, se le exigió usar el chaleco antibalas, aunque ante su argumentación de que no existían chalecos ni adaptados a la anatomía femenina ni de su talla, Villacorta y otras dos guardias civiles fueron autorizadas a hacer el ejercicio sin chaleco. Sin embargo, una vez finalizado el ejercicio se comunicó a las dos agentes aún presentes que permanecieran allí y a la tercera que volviera, pues el coronel quería hablar con ellas. La AUGC denunció que tras 45 minutos de espera, el coronel llegó y ordenó a las agentes que cogieran sus chalecos, “procediendo los agentes de la USECIC (Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia) a colocárselos, apretándoles los velcros del chaleco pese a las quejas de las trabajadoras, que hicieron saber que se sentían incómodas con las prendas”.
Villacorta consideró la situación “del todo humillante hacia su condición de mujer, agente y mando de la Guardia Civil”. “A Pilar le colocan el chaleco, o más bien se lo encajan, y se lo presionan hacia arriba. Tal situación la considera del todo lamentable, al ser un hombre el que coloca los velcros y los aprieta oprimiendo los pechos, y además, como si de un pésimo sastre se tratara, le indica que la colocación es básica para que la prenda quede bien”, denunció la AUGC. Y es que esta acción acabó provocando “un estado de ansiedad” a Villacorta, pues supuso “una exposición ante sus compañeros masculinos donde sólo faltó un escaparate para exhibir cómo unas mujeres están siendo ridículamente encajadas a calzador en unas prendas que a todas luces no eran de su talla ni tenían las formas adecuadas a su género, lo que hacía inviable su correcta colocación en la que tanto insistió el coronel”.
La denuncia no fue admitida a trámite “por no revestir los hechos objeto de la denuncia apariencia delictiva alguna”
En su denuncia, Pilar Villacorta consideraba que en la actuación del coronel hubo “discriminación por razón de género, trato degradante y abuso de su condición de mando” o lo que es lo mismo, “un ataque a su dignidad”. Pero la denuncia no fue admitida a trámite, “por no revestir los hechos objeto de la denuncia apariencia delictiva alguna”. “Ordenar repetir un ejercicio, que no se había realizado como se había ordenado, difícilmente puede considerarse atentatorio a la dignidad de la persona”, determinaba el juez del Juzgado Togado Militar Central Nº 1 en un auto fechado en noviembre de 2016, sólo un mes después de los hechos.
“El artículo 31 de nuestro reglamento dice que los miembros de la Guardia Civil tenemos derecho a la protección adecuada en materia de salud y seguridad. Estamos pidiendo chalecos femeninos, algo que otros cuerpos, como la Policía, contemplan con naturalidad. Ellos incluso se plantean pedir hasta siete tallas para que cada chaleco esté adaptado a la copa del pecho de la mujer. Con la alerta 4, se solicitaron chalecos también para mujeres. El Ministerio del Interior dijo que en septiembre llegarían 29.000 chalecos, de los cuales dos tallas se reservaban para mujeres. Con ellos tenemos que defender y defendernos. Hacer nuestro trabajo. No es un capricho ni una insubordinación reclamarlo. Tenemos tetas, señores, y otra antropometría. En la sociedad civil, esto sería una queja, pero aquí se aplica el código penal militar”, se quejaba Villacorta en una entrevista con elconfidencial.com.
En el auto del Juzgado Togado Militar Central Nº 42, la juez destacaba la “discriminación” que padecían las guardias civiles
En enero de 2017, el Juzgado Togado Militar Central Nº 42 archivó el caso abierto contra Alicia Sánchez, guardia civil y miembro de la AUGC acusada de un delito militar por insubordinación por haber optado en un control policial por vestir su propio chaleco antibalas frente al oficial, “que no se adaptaba a su anatomía y por lo tanto no la protegía”, denunciaba la AUGC. En el auto del Juzgado Togado Militar Central Nº 42, la juez destacaba la “discriminación” que padecían las guardias civiles por la imposibilidad de acceder a chalecos adaptados a su anatomía. Un mes después, la AUGC lograba al fin que la Guardia Civil incluyera chalecos antibalas femeninos. Y otro mes después, el Tribunal Militar Central corregía al juez del Juzgado Togado Militar Central N º 1 que archivó la denuncia de Pilar Villacorta contra el coronel de Cantabria por humillarla y decidía reabrir el caso.
No obstante, la AUGC ha denunciado los tres expedientes a los que se enfrentan los miembros de la asociación Juan Couce, Alberto Alegría y la propia Villacorta, y los ha enmarcado en la política “reiterada” e “insertada en la Guardia Civil” de llevar a cabo la “estrategia antidemocrática” de abrir expedientes disciplinarios a “representantes de la AUGC en el legítimo ejercicio de sus funciones asociativas”. “Unas sanciones que nunca se hubieran producido en otro ámbito, donde los representantes de los trabajadores ejercen derechos con normalidad”, ha añadido la AUGC, que no obstante ha advertido de que la AUGC “plantará batalla con todas sus herramientas para evitar que se produzca este atropello contra quienes ponen voz a los problemas de los guardias civiles”.
La AUGC ha manifestado que el nuevo Gobierno español de Pedro Sánchez debe elegir entre “continuar por la vía sancionadora contra los representantes de la AUGC”, en la línea del anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy, o “apostar por los derechos de los guardias civiles”, y en este sentido ha destacado que el nuevo ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, debe “poner cordura en esta abusiva utilización del régimen disciplinario”.
