domingo 7/3/21
MOVILIZACIÓN

Colectivos por la enseñanza y antirrepresión piden la absolución de los siete de #PreguntarNoEsDelito

Colectivo de Estudiantes de Cantabria (ColEst), Frente de Estudiantes Cantabria, Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Cantabria (STEC), Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Cantabria (FAPA), Comité Antirrepresivo del Besaya y Asamblea Cántabra por las Libertades y contra la Represión (LIBRES) se solidarizan con los jóvenes, que serán juzgados el próximo 25 de octubre “por el mero hecho de haber defendido la Educación pública”, y exigen “la toma de medidas en el ámbito judicial para que un montaje así no pueda volver a ocurrir”.

ColEst y Frente de Estudiantes convocan una huelga estudiantil para el día del juicio, al que han llamado a acudir, y celebrarán una manifestación que partirá del edificio de Ministerios.

preguntarnoesdelito
Estudiantes tratan de acceder al acto 'Tengo una pregunta para usted' en la UC

Seis colectivos por la enseñanza pública y contra la represión han presentado este lunes un manifiesto en solidaridad y por la absolución de los siete jóvenes de Preguntar No Es Delito, que serán juzgados el próximo 25 de octubre en Santander “por el mero hecho de haber defendido la Educación pública en el evento ‘Tengo una pregunta para usted’”. Los colectivos denuncian que “a partir de las declaraciones judiciales” del entonces presidente autonómico, Ignacio Diego; su jefe de Gabinete, su chófer y su escolta, se puso en marcha un proceso judicial que “sólo unos vídeos aparecidos posteriormente han permitido contrastar con la realidad”, y es que “ante la incredulidad de aquellos que hemos podido visionarlos, casi cuatro años después, estos jóvenes se siguen enfrentando a penas de 35.000 euros de multa y un año de prisión e inhabilitación”.

“Nos encontramos ante uno de los atropellos más graves ocurridos en los últimos años en Cantabria”

Los colectivos –Colectivo de Estudiantes de Cantabria (ColEst), Frente de Estudiantes Cantabria, Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Cantabria (STEC), Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Cantabria (FAPA), Comité Antirrepresivo del Besaya y Asamblea Cántabra por las Libertades y contra la Represión (LIBRES)– aseguran que “nos encontramos ante uno de los atropellos más graves y flagrantes contra las libertades y derechos ocurridos en los últimos años en Cantabria” y destacan que sus consecuencias “trascienden dictámenes judiciales e incluso perjuicios laborales personales, afectando seriamente a amigos y familia”.

A los seis grupos por la enseñanza y antirrepresión que han presentado el manifiesto les preocupa “enormemente” que “se pueda impedir arbitrariamente el acceso en la Universidad pública”, que “si el acto propagandístico no sale como estaba planeado, la clase política reaccione criminalizando una protesta legítima y pacífica”, que “ciertos medios de comunicación sirvan intereses alejados del de informar”, que “los acusados hayan ido conociendo los sucesivos pasos del proceso a través de las filtraciones a la prensa y no de comunicaciones formales del Juzgado”, que “nuestros jóvenes se sientan indefensos ante un Poder Judicial que no se ha comportado con neutralidad”, que “se hayan aceptado como pruebas acusatorias facturas injustificables y sin peritar” y que “algunos policías puedan abusar de la presunción de veracidad que se les otorga para inculpar gravemente, a través de testimonios que las imágenes han demostrado simplemente falsos”.

“La arbitrariedad conlleva que mañana podamos ser cualquiera quienes enfrentemos algo así de forma injusta”

Los colectivos denuncian que “estas realidades, que el caso ha sacado a la luz, únicamente generan inseguridad” y que “la arbitrariedad conlleva que mañana podamos ser cualquiera de nosotras quienes enfrentemos algo así de forma injusta”. “Por la excepcionalidad de haber aparecido posteriormente unos vídeos clarificadores que desmontan una a una todas las acusaciones, consideramos la resolución de este caso, que se montó con una intención ejemplarizante, fundamental para avanzar hacia una Justicia digna de tal nombre”, añaden.

Por todo ello, los seis grupos por la enseñanza y antirrepresión exigen “la total absolución de todas las personas juzgadas” y “la toma de medidas en el ámbito judicial para que un montaje así no pueda volver a ocurrir”. Además, hacen un “llamamiento a toda la sociedad cántabra para que acuda al juicio” a los siete jóvenes, que se celebrará a las 08:30 horas del próximo 25 de octubre en el Juzgado número 3 de la calle Alta de Santander. “Es nuestro deber tomar partido en la defensa de derechos que nos asisten, entendiendo que apoyarnos solidariamente es parte imprescindible de la única solución posible”, finalizan.

Huelga y movilizaciones en solidaridad con los acusados

Dos de los colectivos impulsores del manifiesto, ColEst y Frente de Estudiantes, han convocado, también en solidaridad con los jóvenes acusados, una huelga estudiantil para el próximo 25 de octubre en Cantabria. Además, ambos colectivos han llamado a acudir al juicio, a las 08:30 horas en la calle Alta, y celebrarán una manifestación que partirá a las 12:00 horas del edificio de Ministerios.

ColEst y Frente de Estudiantes denuncian un proceso que tildan de “vergüenza democrática”

En un comunicado, ColEst y Frente de Estudiantes recuerdan que los hechos que se juzgarán tuvieron lugar en la Universidad de Cantabria (UC) con motivo de un acto denominado ‘Tengo una pregunta para usted y al que “se impidió la entrada de numerosos estudiantes”. Los colectivos manifiestan su “total solidaridad” con los jóvenes de #PreguntarNoEsDelito y denuncian un proceso que tildan de “vergüenza democrática”. “No podemos permitir que estos jóvenes sean condenados por defender la Educación pública”, ha manifestado Julia Gutiérrez, portavoz de ColEst, que ha añadido que “este asunto es a todas luces un montaje judicial y político para hacer que nos quedemos callados mientras algunos tratan de acabar con la Educación pública”. Para Gutiérrez, “el único final posible” de este proceso es “la absolución total de los compañeros acusados”. “Hay que derogar cuanto antes la Ley Mordaza para impedir que este tipo de atropellos puedan repetirse en el futuro”, concluye.

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