domingo 7/3/21
VIVIENDA

Colectivos antidesahucios muestran su cautela ante la Oficina Hipotecaria

Desde su apertura se han resuelto 22 de los 151 casos atendidos, los que valoran positivamente “pero con cuarentena”. La legislación impide el desalojo de familias especialmente vulnerables hasta mayo de 2017.

El consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón, con los colectivos antidesahucios
El consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón, con los colectivos antidesahucios

Plataformas y colectivos antidesahucios han hecho una valoración "positiva pero con cuarentena" del funcionamiento de la Oficina de Información Hipotecaria y Emergencia Habitacional de la Consejería de Vivienda, que desde su apertura el pasado enero ha atendido 151 casos y resuelto definitivamente 22.

Según los colectivos se ha avanzado, pero es "el momento de ponernos las pilas todos y de estar más involucrados"; mientras que desde Vivienda se ha destacado que no se ha producido ningún caso de desahucio en este tiempo de personas en situación de emergencia o víctimas de una situación "sobrevenida".

Unas conclusiones que se han expuesto a la prensa tras la reunión de más de dos horas que han mantenido hoy el consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón, con representantes de Stop Desahucios Cantabria, PAH de Cantabria, PAH de Castro Urdiales y Zona Oriental y PAH de Torrelavega e Hipotecados Activos.

No ha acudido a esta reunión para analizar el funcionamiento de la Oficina de Mediación Hipotecaria la PAH de Santander, que este miércoles ya anunció que no lo haría por la "falta de información" sobre los temas concretos a tratar en ese encuentro, convocado de "forma precipitada", lo que le hacía temer "una reunión de cara a la galería" para que el consejero pueda "vender sus acciones en materia de vivienda".

Un acuerdo al que se ha llegado este jueves es que se mantendrán reuniones con instituciones bancarias y judiciales para tener información de ejecuciones hipotecarias y poder "actuar con antelación"

Una postura que Mazón ha dicho que no entiende y unas acusaciones que ha rechazado. "No hacemos esto porque queramos hacernos la foto sino porque queremos solucionar problemas y los estamos solucionando", ha enfatizado, recordando además que las reuniones periódicas con los afectados son un compromiso suyo que se está cumpliendo. La próxima se convocará antes de seis meses.

El consejero ha destacado que la oficina hipotecaria está "funcionando bien" y ha resuelto "la mayoría de los casos", mientras del resto o no se ha tenido información, o o no han vuelto los interesados o están pendientes.

Además, ha incidido en que todos los casos de emergencia habitacional, "de gente en situación extrema", han sido atendidos.

Mazón ha explicado que un acuerdo al que se ha llegado este jueves es que se mantendrán reuniones con instituciones bancarias y judiciales -para tener información de ejecuciones hipotecarias y poder "actuar con antelación"- y que se transmitirán por parte de los colectivos casos concretos de afectados que ellos conocen pero que no llegan a la oficina.

El consejero ha recordado que el parque público de vivienda contempla unas 200, la mayoría de las cuales están ocupadas en la actualidad, y ha reconocido que hay viviendas vacías donde no hay demanda -como en Polientes o Arenas de Iguña- mientras que la mayor necesidad se concentra en Santander, Torrelavega y Castro Urdiales.

Respecto a este último municipio y tras quedar desierta la convocatoria de vivienda para alquiler, la Consejería planteará "otra actuación" con la colaboración del Ayuntamiento.

Colectivos

Por su parte, Roberto Mazorra, de Stop Desahucios, ha realizado una valoración "positiva pero con cuarentena". "Están muy bien las reuniones con los colectivos sociales y públicos pero siempre que haya resultados", ha apostillado.

PAH Castro Urdiales ha solicitado al Gobierno que medie con Liberbank de cara a la solución de ciertos casos concretos

Mazorra ha indicado que Stop Desahucios está gestionando distintos casos en Santoña y Santander que espera se solucionen "en breve" con el apoyo "directo o indirecto" de la Consejería y la oficina. En este sentido, ha reclamado que exista coordinación entre los órganos judiciales y la oficina ya que por esta ausencia se producen desahucios, ha dicho.

También ha pedido una regulación sobre las viviendas sin ocupar; un problema "difícil" y que depende del Tribunal Constitucional, ha respondido el consejero.

Mientras, la representante de la Hipotecados en Activos ha destacado la "mejora" que ha supuesto la oficina hipotecaria aunque ha defendido la necesidad de seguir trabajando porque, de cara al futuro, los casos "van en aumento".

Por su parte, Elisabeth Torres, de PAH Castro Urdiales, ha solicitado al Gobierno que medie con Liberbank de cara a la solución de ciertos casos concretos, y ha tralasdado al consejero el problema de que los abogados de oficio -los únicos a los que pueden acceder personas con ingresos bajos- no siempre son expertos en Derecho Hipotecario.

Ley Antidesahucios

El Real Decreto Ley 27/2012, de 15 de noviembre, y posteriormente la Ley 1/2013, de 14 de mayo, establecieron la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables, hasta transcurridos cuatro años desde la entrada en vigor de la Ley, es decir, hasta el 15 de mayo de 2017.

Se trata de una medida de carácter excepcional que impide el desalojo de las personas que se encuentren dentro de una situación de especial vulnerabilidad.

Los supuestos de especial vulnerabilidad son:

Familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente.

Unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo.

Unidad familiar de la que forme parte un menor de tres años.

Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral.

Unidad familiar en la que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones por desempleo.

Unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral.

Unidad familiar en que exista una víctima de violencia de género, conforme a lo establecido en la legislación vigente, en el caso de que la vivienda objeto de lanzamiento constituya su domicilio habitual.

Deudor mayor de 60 años.

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