lunes 29/11/21
CANTABRIA

Los centros de formación privada denuncian un impago de la Administración de 20 millones de euros

Los colectivos alertan de que el 80% de los cursos están en riesgo.

El Gobierno defiende que trabaja para reducir el desempleo y no para justificar subvenciones.

El Gobierno ha destinado más de 6 millones a cursos de formación
Los centros de formación privada alertan de que pueden desaparecer el 80% de los cursos

La Comisión de Formación de CEOE-Cepyme y la Plataforma de Centros de Formación de Cantabria han alertado este jueves de que el 80% de los cursos para desempleados que ofrece la Administración regional están en riesgo de desaparecer, por lo que ha pedido al Gobierno de Cantabria que se "replantee" la situación.

Según estos colectivos, la "actitud negligente" de la Administración "amenaza la supervivencia" de las empresas de formación y sus empleados, al mantener con las primeras una deuda de unos 20 millones de euros correspondiente a formación ya impartida en los ejercicios 2015 y 2016. Una falta de pago que ha llevado a perder 17 centros formativos y 300 empleos en un año, en el que se han impartido 70 cursos menos que el anterior, y que se suma al nuevo sistema exclusivamente online para solicitar y gestionar los cursos.

Así lo ha expuesto en rueda de prensa la presidenta de la Comisión de Formación de CEOE-Cepyme, Monserrat Peña, quien ha estado acompañada por Carlos Pombo, Javier Muñiz y Daniel Álvarez, como representantes de la plataforma, que integra a más de 50 centros de formación cántabros homologados por el Servicio Cántabro de Empleo (SCE).

Peña ha indicado que en 2015 había 77 centros con más de 1.800 contratados (profesores, administrativos, etcétera) que impartían formación para el empleo subvencionada por la Administración regional y que contaron con 7.050 alumnos. Sin embargo, un año después los centros se habían reducido a 60 y se habían perdido cerca de mil alumnos y 300 empleos a consecuencia de los retrasos en el pago de la Administración, que en algunos casos llegan a los nueve meses o al año, según han denunciado.

Ello supone que "más de 70 empresas privadas de Cantabria estamos financiando a coste 0 los cursos que la Administración imparte mientras los empresarios nos vemos empujados a medidas como hipotecar nuestras viviendas para poder hacer frente a los pagos", ha denunciado Peña, que ha advertido que la situación ya ha llevado al cierre de algunos centros con el consiguiente despido de personal.

Una situación que lleva a que Cantabria pierda tejido económico y empleo, y a que sus trabajadores se conviertan en "cada vez menos competitivos" en oposición a lo que sucede en otras comunidades. Además, la región está perdiendo dinero de la Unión Europea que "minoriza" las subvenciones en función de su no ejecución.

"Nos preocupa el empleo y el alumnado", ha afirmado Peña, que ha considerado como "muy grave" que los alumnos reciban las becas de desplazamiento o conciliación cuando ha finalizado el curso, puesto que eso "lleva a la gente a dejar de hacer la formación, porque necesita la beca en el momento y no dentro de cinco meses".

Y a ello se suma el impacto negativo que, en su opinión, tiene el nuevo sistema de gestión de los cursos para desempleados del Gobierno de Cantabria, que se deberán solicitar y tramitar exclusivamente online, algo que perjudica a las clases menos favorecidas y que puede suponer que "el 90%" de los potenciales alumnos no reciban información de la posibilidad de formarse, de modo que "el 80% de los cursos están en riesgo de desaparecer", han advertido.

Frente a estos hechos, la plataforma ha denunciado que en estos dos años la Administración no ha tenido "consideración" con ella y "se han ido pasando la pelota".

ICASS

Por otra parte, a preguntas de la prensa, la presidenta de la Comisión de Formación de CEOE y de la plataforma han manifestado su "sorpresa" por los registros que practicó el pasado mes de diciembre la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICAF), entre otros, relacionados con presuntas irregularidades en los cursos de formación.

Peña ha explicado que para que el SCE homologue un centro para impartir cursos de formación éste debe cumplir una serie de requisitos materiales, como la eliminación de barreras arquitectónicas, que determina el ICASS. "Todos los centros hemos tenido que hacer obras de adecuación por el estudio del ICASS de barreras porque si no cumples no te lo dan (la certificación".

La responsable de CEOE ha asegurado que la apertura de la investigación ha sido "una sorpresa bastante importante para todos" porque los centros no tenían "constancia de nada".

Reducir el número de parados

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, ha señalado que el Gobierno de Cantabria trabaja para reducir el número de parados en la región y no para "justificar subvenciones" a centros de formación privados.

En un comunicado, el consejero ha manifestado que entiende las "dificultades" que atraviesan los centros privados a causa de las modificaciones legislativas aprobadas por el Gobierno de España, pero ha mostrado su "sorpresa" por unas declaraciones, según ha dicho, "plagadas de medias verdades, inexactitudes y datos falsos" sobre las subvenciones del Gobierno a los centros privados.

Sota ha destacado que desde el Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN) se ha tomado la decisión de no programar cursos que no tengan demanda ya que el pilar de su labor es generar oportunidades para los desempleados y cubrir sus necesidades y, por eso, "no se puede obligar a ningún desempleado a hacer cosas que no le aporten nada para encontrar un puesto de trabajo".

El consejero ha remarcado que, por todo ello, ya se comunicó hace meses tanto a las organizaciones empresariales como sindicales, la intención de diseñar un "nuevo procedimiento de selección del alumnado" de estos cursos, que en todo caso tendrá una aplicación gradual previo a su debate en el seno de la Mesa Sectorial del Diálogo Social.