El sindicato CCOO ha denunciado "despidos políticos" en la Red Cántabra de Desarrollo Rural, una asociación sin ánimo de lucro privada que desarrolla el programa Naturea y que está financiada con fondos públicos, en concreto con 1,5 millones de euros de los Presupuestos Generales de Cantabria, principalmente de la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación.
El coordinador del Sector Público de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Carmelo Renedo, ha detallado que la Junta Directiva de la Red, actualmente encabezada por miembros del PRC y el PSOE, ha despedido a dos trabajadores vinculados al PP aduciendo "cumplir con la legalidad" porque ambos "no accedieron a sus plazas a través de procesos selectivos".
Se trata de Óscar Elizondo, que fue candidato del PP a la Junta Vecinal de Villar en Soba y que la Red contrató como guía en 2012, transformándose su contrato en indefinido en 2014 cuando entró en vigor la orden de la Consejería de Hacienda que subvencionaba la conversión de contratos en fijos. "Nadie puso ninguna traba ni ningún problema a la conversión de ese contrato", ha apuntado. Eldiariocantabria.es ya se hizo eco de este caso hace un mes, cuando las redes sociales promovieron la campaña #todosConOscar. La plataforma change.org tiene también una campaña para luchar contra este despido que los firmantes consideran sustentado por “motivos políticos”.
La excedencia voluntaria "no tiene derecho a reserva de puesto de trabajo" por lo que el Gobierno del PP contrató a otra gerente
Para CCOO, este despido ejecutado en el mes de febrero "tiene tintes de persecución política", al igual que el despido de la gerente que se ha ejecutado recientemente pero cuyo caso es "todavía más grave". Ésta se encontraba cubriendo la plaza de Ana Manrique, mujer del alcalde socialista de Peñarrubia y secretario de la Red, Secundino Caso, que solicitó en 2014 una excedencia voluntaria para realizar un proyecto europeo en los Valles Pasiegos.
Según ha explicado Renedo, la excedencia voluntaria "no tiene derecho a reserva de puesto de trabajo" por lo que el Gobierno del PP contrató a otra gerente, una persona que ha sido concejal del partido y a la que ahora la Junta Directiva de la Red (PRC-PSOE) ha despedido de "forma encubierta".
Y es que, según ha apuntado, se ha convocado esa plaza para "cubrirla en excedencia", algo que es "una ilegalidad" porque se debería convocar como puesto fijo pero que, ha dicho, se debe a que Manrique "dejó su contrato blindado antes de irse" para "asegurarse su puesto de trabajo".
Por tanto, Renedo ha cuestionado que "se aduzca el cumpliendo de la legalidad" en el despido de Elizondo por no haber sido contratado por proceso selectivo pero, por otro lado, "se hagan documentos blindados para asegurar los puestos de alta dirección y bien remunerados y así dejarse las espaldas guardadas".
Reclama explicaciones
Ante ello, ha avisado que CCOO va a reclamar no sólo que el despido de Elizondo "se declare nulo" sino que el Ejecutivo le facilite ese contrato "blindado" de la mujer de Secundino Caso en la Red Cántabra de Desarrollo Rural en el que, a su juicio, sólo "hay intereses personales".
"Esto es una persecución política porque no puede ser casualidad que las dos personas que se van a la calle tienen relación estrecha con el PP", ha lamentado el sindicalista, que ha asegurado que en la Red hay muchos más trabajadores que han sido contratados sin pasar por un proceso selectivo y sobre los que "ni la Consejería ni la Red han dicho absolutamente nada".
Renedo se ha cuestionado "quién va a pedir responsabilidades a los políticos de la Red Cántabra de Desarrollo Rural que han hecho esos contratos"
Ha indicado que estos hechos ya fueron denunciados el pasado mes de marzo ante la propia Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación, que dirige Jesús Oria, quien también es "el máximo responsable" de la Red. "En el escrito se le hacía ver que lo que se estaba haciendo escondía detrás una persecución política", ha insistido.
Pero también se ha denunciado ante la Junta Directiva de esta entidad, que está formada por los regionalistas Pedro Gómez como presidente (exalcalde de San Pedro del Romeral y presidente del Grupo de Acción Local de Valles Pasiegos) y Gregorio Alonso como vicepresidente (del Grupo de Acción Local de Liébana), el socialista Secundino Caso como secretario (en calidad de presidente del Grupo de Acción Local Saja-Nansa) y Agustín Pernía cuya afiliación "se desconoce" (del Grupo de Acción Local Campoo-Los Valles).
Desde CCOO, Renedo se ha cuestionado "quién va a pedir responsabilidades a los políticos de la Red Cántabra de Desarrollo Rural que han hecho esos contratos" tanto los actuales como a los de las dos personas despedidas que, si es cierto que no eran correctos en 2012, "alguien les habrá dado visos de legalidad" y habrá que "pedirles responsabilidades".
"Si esos contratos eran ilegales, pues se tendrá que haber estado falsificando documentación de los programas europeos, y, si no eran ilegales entonces, pues tampoco lo serán hoy y entonces esto será una persecución política con todos los tintes", ha apuntado el sindicalista.
Comisión de investigación
Por ello, ha avanzado que este mismo miércoles va a iniciar una ronda de reuniones con los grupos parlamentarios (PP, PRC, PSOE, Podemos y C's) a cuyos diputados pedirá que se impulse una comisión de investigación para dilucidar lo que está ocurriendo con los trabajadores de esta entidad.
"Aquí todo el mundo habla de claridad y transparencia pero después miran para otro lado", ha espetado, al tiempo que ha criticado que no se controle el destino de los fondos públicos que gestiona la Red y que ascienden a 1,5 millones de euros, de los que una parte se irá a pagar "estas cacicadas".
Además de pedir una comisión de investigación, Renedo ya ha avanzado que CCOO organizará diversas movilizaciones durante el verano para que los ciudadanos sean "conscientes" de que esta Red, que desarrolla el programa Naturea y gestiona los centros de interpretación de la región, funciona con dinero público.
Así, ha indicado que se van a organizar concentraciones frente a la sede del Gobierno de Cantabria en Peñaherbosa y "previsiblemente" se convocará una huelga durante los meses de julio y agosto, con los días de fiesta y fines de semana incluidos, para que "los políticos entiendan que es un servicios público y no un chiringuito ni un gueto que se los reparten cada vez que hay elecciones".
