El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número Dos de Santander ha resuelto que el Ayuntamiento de Castro Urdiales no tendrá que abonar de forma inmediata los 5,1 millones de euros que le reclamaba la empresa Ascan, adjudicataria del contrato de Aguas en el municipio, por el desequilibrio económico en el servicio entre los años 2007 y 2013.
Así lo ha decidido el Juzgado en un auto, fechado el pasado 2 de mayo, en el que considera que el pago de dicha indemnización, recurrida por el Ayuntamiento al Tribunal Supremo tras ser condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), puede ocasionar un perjuicio "muy grave" al normal funcionamiento del Consistorio.
La empresa Ascan solicitó la ejecución provisional de la sentencia, dictada en noviembre de 2016, y reclamaba los 5,1 millones más 745.441 euros en concepto de intereses, pero el auto deniega su petición al considerar que dicha ejecución "conllevaría al bloqueo del funcionamiento diario del Ayuntamiento y ocasionaría un perjuicio evidente, grave e irreparable a los ciudadanos".
En este sentido, el juez esgrime un "principio de prudencia" y señala que "las partes están emplazadas desde el 15 de febrero de 2017 ante el Tribunal Supremo lo que supone que, atendiendo a los plazos estimados para estos casos, el recurso de casación estará resuelto en poco tiempo".
Así, señala que el importe cuyo pago inmediato se reclama supera el 20% de los gastos anuales presupuestados por lo que "es sencillo hacerse una idea que el impago al resto de proveedores o la paralización de prácticamente todas las obras o inversiones en curso serían inmediata con los consiguientes conflictos jurídicos que se podría derivar de tales situaciones y los perjuicios se multiplicarían".
"Es decir, la ejecución inmediata de la sentencia sería someter al Ayuntamiento en un caso de funcionamiento aun estando pendiente la tramitación del recurso de casación", apostilla.
El juez aclara que no intenta "minimizar ni relativizar" la obligación latente de pago que tiene el Ayuntamiento, pero tampoco puede olvidarse, sostiene, que ésta "aún es provisional", además de que "a esta situación se ha llegado como consecuencia de la gestión política llevada a cabo hasta el año 2013".
"De haberse gestionado con normalidad, sencillamente este problema no existiría", subraya el juez, que recalca que "casi un 20% de la cantidad reclamada son intereses de demora". "Y es que los políticos no tienen Derecho a ser unos incompetentes", sino que, por el contrario, "tienen la obligación de gestionar los recursos públicos correctamente", añade.
Por último, recalca que, tal y como se pone de manifiesto en los informes técnicos, aún en el caso de que se confirmara la sentencia por el Tribunal Supremo, el Ayuntamiento "no tendría que afrontar el total que ahora se le reclama, ya que podría aplicar una compensación de deudas", y el importe a abonar sería de "algo menos de 4 millones de euros".
Argumentos de las partes
El auto acoge así "plenamente" los argumentos del Ayuntamiento de Castro Urdiales, que alegó que la ejecución "ocasionaría situaciones irreversibles y perjuicios irreparables tanto para su funcionamiento ordinario como para los servicios básicos y obligatorios que le competen, además de la imposibilidad de afrontar el pago de las obligaciones que ya tiene comprometidas, e imponer el pago inmediato de tal cantidad sería inviable con los recursos existentes".
Para corroborar dichas afirmaciones, el Ayuntamiento adjuntó, por un lado, los informes del interventor municipal de 17 y 20 de abril de 2017, que a su vez remite al de 14 de junio de 2016 elaborado con ocasión de la ejecución provisional previa. En ellos indica que "a lo máximo que se podría hacer frente es a la cantidad estimada de 3.648.120,14 euros".
Dicha cifra "se podría alcanzar acudiendo a los remanentes de tesorería de los años 2015 y 2016". No obstante, señalaba que a día de hoy, aún no se ha aprobado la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 por lo que "es una operación estimada", así como que de aplicarse dichas cantidades al pago de la ejecución provisional de la sentencia, "se privaría al Ayuntamiento de la liquidez imprescindible para el funcionamiento diario".
Ascan, por el contrario, sostenía que el Ayuntamiento "tiene asegurado un flujo de ingresos continuo y sostenido en el tiempo procedente de diversas fuentes y ello le permite proceder de forma inmediata a la ejecución de la sentencia".
