Las administraciones públicas y los dirigentes políticos suelen defender su lucha constante contra la violencia de género ejercida contra las mujeres. Sobre todo cuando se acercan fechas tan señaladas como este viernes, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Sin embargo, la realidad es que esta lacra “no solo no para, sino que va en aumento”. Esa es la conclusión a la que ha llegado la Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT en Cantabria, que ha revelado que en la región ya hay casi 5.000 víctimas de este tipo de violencia.
A su juicio, este incremento está ligado directamente a los recortes, por lo que ha reclamado recursos suficientes, medidas "drásticas" y acciones "inmediatas y contundentes" para frenar esta violencia que se ha cobrado la vida de 39 mujeres en lo que va de año.
El secretario general de la FeSP de UGT, Luis Santos, que junto con la secretaria de Igualdad, Pilar Frade, ha presentado este miércoles en rueda de prensa la campaña '10 medidas contra la violencia de género', ha destacado que el número de víctimas de violencia de género en Cantabria ha aumentado un 32,1% en los últimos tres años, al pasar de 3.744 en 2013 a un total de 4.946 al término de septiembre de este año, 1.202 más.
Este incremento es opuesto a lo que se ha invertido en las medidas ligadas a la ley integral de 2004, cuya financiación ha descendido un 26% desde 2010.
Según el Ministerio de Interior, entre 2013 y 2016 se han registrado en España 858 víctimas mortales, de las que siete eran de Cantabria
Según el Ministerio de Interior, entre 2013 y 2016 se han registrado en España 858 víctimas mortales, de las que siete eran de Cantabria.
Datos
En 2015 se registraron en España 129.193 denuncias por violencia de género, 1.327 de ellas en Cantabria, y en los seis primeros meses de este año, última estadística disponible, se han registrado 70.236 denuncias en todo el país, 720 de ellas en Cantabria, según datos del Observatorio de Violencia sobre la Mujer del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
A 30 de septiembre de este año las mujeres con protección oficial en Cantabria son 268; 15 están con sistema de seguimiento telemático de medidas de alejamiento; hay 689 usuarias de Cantabria registradas en el servicio telefónico de atención y protección para víctimas (ATENPRO); y 77 recurrieron al servicio telefónico de información y asesoramiento jurídico por violencia de género, de los que 28 eran familiares o allegados a la víctima, no la propia víctima.
Santos y Frade han recalcado que los empleados públicos de todos los estamentos -jueces, fiscales, policías, educadores, trabajadores de los Servicios Sociales, etc- son "un elemento fundamental e imprescindible" para luchar contra la violencia de género, pero "si no hay mecanismos de coordinación" nada de lo que se haga será "eficaz".
La FeSP, ha dicho su secretario general en Cantabria, se ve en "la responsabilidad de dar la señal de alarma y hacer un llamamiento para reclamar medidas contundentes".
Decálogo
En su decálogo, FeSP-UGT exige a las Administraciones Públicas medidas y recursos para prevenir y proteger a las víctimas de violencia de género. En concreto, pide un pacto de estado para el desarrollo de la Ley Integral; y la adopción de medidas de coordinación institucional y recuperación competencial a favor de las entidades locales.
UGT también ha denunciado que Cantabria registró "sólo" 43 contratos de trabajo bonificados para mujeres víctimas de violencia de género entre 2003 y 2015
También reclama programas de evaluación, ajuste y corrección de las políticas públicas de protección a la víctima y sus protocolos de funcionamiento; garantía presupuestaria de las políticas de protección contra la violencia de género; y refuerzo de las políticas de sensibilización en el marco educativo, jurídico, sanitario, social y cultural.
Igualmente, pide programas específicos para aquellas mujeres en situaciones de más vulnerabilidad; protocolos coordinados de actuación en todos los niveles educativos; y programas interdisciplinares de atención integral hacia las mujeres que hayan sufrido violencia de género y a sus hijos, entre otros compromisos.
43 contratos bonificados en 13 años
Por otro lado, UGT también ha denunciado que Cantabria registró "sólo" 43 contratos de trabajo bonificados para mujeres víctimas de violencia de género entre los años 2003 y 2015, el 0,7% de los 5.874 contabilizados en España en el mismo período, según un informe elaborado por el departamento estatal de la Mujer del sindicato.
El informe señala que, según las estadísticas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), un 72% de estos contratos bonificados fueron temporales en el conjunto del país, porcentaje que se incrementa aún más en Cantabria, donde sólo hubo un contrato bonificado indefinido en los últimos 13 años (97% temporales).
UGT precisa que este "escasísimo número" de mujeres contratadas por violencia de género contrasta con el incremento de los casos y víctimas en España en los últimos años y reafirma que acceden al mercado laboral en condiciones cada vez más precarias, lo que repercute directamente en un empeoramiento significativo de su situación de protección social.
Al término de 2015, había en Cantabria 316 mujeres víctimas de violencia de género perceptoras de la Renta Activa de Inserción (RAI), prestación por desempleo asistencial de poco más de 400 euros al mes; y en España 34.695.
En Cantabria se acumula una media anual de 1.200 denuncias por violencia de género y de sólo tres contratos bonificados para víctimas de ella
1.200 denuncias por año
Desde 2007, según UGT, en Cantabria se acumula una media anual de 1.200 denuncias por violencia de género y de sólo tres contratos bonificados para víctimas de ella, que entraron en vigor en 2004 con la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Esta normativa incluye bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social de 125 euros mensuales (1.500 al año) en los contratos indefinidos y de 50 euros mensuales (600 anuales) para los temporales, además de una bonificación del 100% para los contratos de interinidad o sustitución que realicen las empresas cuando tengan que reemplazar a una mujer víctima de violencia de género, que tiene derecho a suspender o extinguir su relación laboral sin perder la prestación por desempleo.
Tanto en Cantabria como en España, al "escaso" número de contratos bonificados para mujeres víctimas de violencia de género, en su gran mayoría temporales, se une la reducida cifra de contratos bonificados para sustituirlas cuando se ven forzadas a suspender o extinguir su relación laboral o a recurrir a sus derechos de movilidad geográfica o de cambio de centro de trabajo.
Desde los años 2003 y 2015, en la región "únicamente" se han registrado 38 contratos de sustitución por motivos de violencia de género, el 2% de los 1.868 contabilizados en España.
Por ello, UGT reivindica "una revisión y una mejora" de las políticas activas de empleo destinadas a las mujeres que sufren la violencia de género; "políticas que tienen que estar encaminadas a generar más contratos y de más calidad", puntualiza el sindicato.
El informe justifica esta reclamación porque "la crisis, los recortes presupuestarios y las reformas laborales confirman el descenso del número de mujeres que pueden hacer uso de estos derechos laborales y un empeoramiento significativo de su situación laboral y social, entre otros motivos, por un notable recorte de los recursos públicos destinados a la igualdad de género".
En este sentido, el sindicato considera de por sí "insignificante e insuficiente" que se haya incrementado un 6,3% la partida presupuestaria para la igualdad de género en 2016, cuando en los cuatro años anteriores se redujo casi un 21%, un 47,9% si se compara con 2009, el último antes de la política de recortes y ajustes por la crisis económica.
Más acoso sexual en el trabajo
UGT, que reitera su reivindicación de un Pacto de Estado contra la Violencia de Género "más necesario que nunca", alude también en su informe al "incremento del acoso sexual o por razón de sexo en el ámbito laboral" experimentado en España desde el inicio de la crisis económica, que el Barómetro Cisneros de Acoso Laboral estima en más de un 40%.
Según las últimas estadísticas de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo (Eurofound Fundation), utilizadas por UGT en su informe, en España se incrementa el acoso sexual o acoso por razón de sexo en los centros de trabajo y, además, es uno de los países europeos donde menos se denuncian los casos de mobbing (trato hostil y vejatorio en el trabajo), ya que sólo un 8% de los casos son denunciados, la mitad que la media europea, un 14,9%.
UGT reivindica por ello "una cultura de tolerancia cero en las empresas contra todo tipo de violencia en el trabajo" y la implantación de una normativa internacional contra la violencia de género en el seno de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) respalda por el Gobierno español, tras destacar que, en el caso de la relacionada con el acoso sexual o por razón de sexo, "ya se han incluido recomendaciones específicas para prevenirla y combatirla" en los Acuerdos de Negociación Colectiva de 2015, 2016 y 2017 y en algunas grandes empresas del país.
