Pasan los días, pero los vecinos del santanderino barrio de El Pilón, que afrontan la expropiación de sus viviendas debido a un desarrollo urbanístico contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) desarrollado por el alcalde de Santander, el ‘popular’ Íñigo de la Serna, no logran que nadie en el Ayuntamiento les ofrezca una solución. Tras varias reuniones infructuosas con representantes del Consistorio, y de comprobar las numerosas falsedades que les han trasladado los concejales y el propio alcalde, los vecinos han decidido remitir una carta abierta.
En ella exponen los acontecimientos que, a su juicio, demuestran la “total y absoluta falta de voluntad del equipo de Gobierno” de Santander para solucionar su situación. Una de las críticas que realizan a De la Serna es que se ha acusado a los vecinos de no presentar “ninguna propuesta concreta para resolver estos problemas”.
Además del hecho de que un alcalde le pida a sus vecinos una solución para un problema que ha creado el Ayuntamiento, los afectados de El Pilón han recalcado que “nadie nos ha convocado para estudiar las posibles soluciones” para evitar que el desarrollo del Área Específica 3(B) suponga “nuestra expulsión de nuestro barrio, de nuestras casas, que el propio PGOU reconoce que están ‘en buen estado’”.
Paréntesis de tres meses
A esto se suma la “negativa rotunda a negociar” por parte de la empresa adjudicataria del proyecto, Costa Verde Hábitat. La situación de los vecinos de El Pilón tenía como fecha límite el pasado 29 de septiembre, fecha en la que el PGOU contemplaba la expulsión de los cerca de 60 vecinos que viven en estas viviendas.
Costa Verde Hábitat ha logrado hacerse con más del 50% del terreno, lo que permite a la empresa apoyar una remodelación del solar, derribando las actuales viviendas y construyendo en su lugar dos bloques de ocho alturas que contengan 140 viviendas y aparcamientos.
El problema es que los vecinos se encuentran en una situación de indefensión, pues no pueden acogerse a una Junta de Compensación y el Ayuntamiento no contempla su realojo, a pesar de que en la Base 17 de las Bases y Estatutos aprobados por el propio Ayuntamiento se contempla el “derecho al realojo de los vecinos de El Pilón”.
Por ello, a finales del mes de septiembre los vecinos recibieron una prórroga de su situación que congelaba el proceso durante tres meses. El concejal de Urbanismo, César Díaz, aseguró en su momento que este periodo permitía encontrar una solución entre la empresa y los vecinos. Sin embargo, la propia Costa Verde Hábitat, y tras varias llamadas de los afectados, ha reconocido que tal negociación es inexistente. Dicho paréntesis de 90 días era, en realidad, para permitir a los vecinos encontrar un nuevo lugar donde vivir.
“No podemos confiar ya en absoluto en su palabra”, afirma la carta abierta de los vecinos de El Pilón, quienes consideran que “nuestras vidas, nuestros hogares no significan absolutamente nada para ustedes”, en referencia a Íñigo de la Serna y el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santander.
Balones fuera
Pero la actitud de De la Serna no ha sido únicamente la de negar una solución a los vecinos, algunos de ellos con problemas de salud incipientes a raíz de la tensión que sufren. El alcalde de Santander, como denuncian los afectados, se ha dedicado a “echar balones fuera y hacer continuas declaraciones que no se ajustan a la realidad”.
La acusación se produce por las reiteradas afirmaciones del líder ‘popular’ en Santander en las que culpa al Gobierno de Cantabria de la situación de los vecinos por no cambiar por vía de urgencia la Ley del Suelo y poder, de este modo, incluir a la zona de El Pilón en un contexto de seguridad que aporte una solución a los vecinos.
A juicio de los afectados, esto demuestra que el alcalde solo “intenta quitarse de encima el problema por ustedes creado y traspasárselo al Gobierno autonómico”. En este sentido, han calificado el PGOU de Santander como “profundamente reaccionario y contrario a los intereses de los vecinos”. Este Plan General se basa en unas previsiones de crecimiento de población que no concuerdan con el comportamiento de la ciudad en los últimos años, que ha venido perdiendo población de forma progresiva.
Distinta vara de medir
Tanto De la Serna como Díaz han asegurado en varias ocasiones que el PGOU “no se puede modificar” en la zona en la que se ubican las viviendas de El Pilón. Sin embargo, y como señalan en la carta abierta, esta negativa “no la justifican en modo alguno”, al tiempo que sí se modifica “para sacar de Fuera de Ordenación un chiringuito en el Sardinero”, en primera línea de playa, y facilitar su reconstrucción.
“Utilizan distintas varas de medir en cuanto a los derechos de los vecinos se refiere”, han criticado los vecinos, que consideran que “no todos tenemos los mismos derechos, a algunos se les trata generosamente, a otros se nos vulneran derechos constitucionales”, desde el derecho a una vivienda digna al derecho a no ser expropiados si no es por causa de utilidad pública.
Otro de los argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento para no modificar puntualmente el PGOU es que esta iniciativa “no paralizaría la tramitación del expediente”. A juicio de los vecinos, “esto tampoco es cierto, como lo acredita la Jurisprudencia de los Tribunales”.
Por último, el Consistorio afirma que la declaración de Área de Rehabilitación del barrio no se puede llevar a cabo porque “la Comunidad de Cantabria no ha desarrollado con normas propias la ley estatal 8/2013 de Rehabilitación”. Esta ley “es aplicable por defecto en todo el territorio nacional”, aseguran en la carta abierta.
Pero además, recientemente se ha declarado el área del Cabildo Alto de Santander como área de rehabilitación acogida a los beneficios de dicha ley, lo que en el caso de El Pilón permitiría automáticamente el realojo de los vecinos.
Deseo político del Ayuntamiento
La declaración de los vecinos de El Pilón se produce el mismo día que el director general de Urbanismo del Gobierno de Cantabria, Francisco González, asegura que debe ser el Ayuntamiento de Santander, "si lo desea políticamente, quien decida la forma y manera en que garantiza el derecho al realojo de los vecinos de El Pilón".
"Hemos podido conocer que las propias Bases y Estatutos aprobados inicialmente por el Ayuntamiento, concretamente la Base 17, contemplan el derecho al realojo de los vecinos de El Pilón, con lo que debe ser el Ayuntamiento, si lo desea políticamente, quien decida la forma y manera en que garantiza ese derecho", ha explicado el director general, quien ha opinado que debería ser "mediante el diálogo con los vecinos afectados y la promotora".
