Después de llegar de Bruselas, se abrían nuevas puertas para los afectados por las sentencias de derribo, habíamos comprobado que teníamos más comprensión a 1500 km que en nuestro país y en nuestra comunidad.
Todos los eurodiputados con los que habíamos hablado mostraban su asombro por nuestra situación y nos daban su apoyo, lo más sorprendente fue que los que mejor comprendían por lo que estábamos pasando eran personas que no conocíamos de nada, de países como Alemania, Polonia, Reino Unido…
El viaje y sus resultados fueron una inyección de moral, cuando los autos de derribo nos caían entre la total incomprensión por parte del Gobierno de Cantabria, este usaba la doble cara, la hipocresía como arma para acabar con nuestra resistencia a dejarnos pisotear nuestros derechos. Así, mientras en privado, e incluso en público, manifestaban su compresión, la necesidad de dar soluciones para las familias, la realidad era la contraria, y no fueron pocas las veces en las que fuimos engañados de una forma descarada y, solo con el paso del tiempo, nos dimos cuenta, de la maldad que anidaba en algunas actuaciones.
No estábamos dispuestos a ver cómo se derrumbaba todos aquello por lo que habíamos luchado, y ese viaje a Bruselas hizo que naciera una nueva esperanza en nuestro colectivo. Así, nos pusimos a trabajar, incluso con más fuerza, seguimos cogiendo firmas de apoyo, donde nuestra Lola fue la heroína, la madre y abuela coraje, la que con su fuerza y también con sus lágrimas nos empujaba, el símbolo épico que a veces necesitamos para darnos cuenta de que luchando todo es posible, pero si dejas de luchar no hay futuro. Continuábamos por el camino que una abuela con genio, con generosidad, nos iba abriendo, el de la dignidad, el de luchar por lo tuyo, pero también por los demás, dando lecciones de solidaridad que siempre quedarán en nuestra memoria.
Fue tanta la ilusión creada, que primero teníamos previsto volver a Bruselas, para presentar nuestras propuestas ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, con un grupo pequeño de un máximo de 10 personas, ya que el presupuesto era una importante limitación para nosotros y la organización también.
Pero, ante la petición de muchos afectados de querer participar directamente, de ir todos, poder enseñar nuestras caras, ya que no era un expediente más, que somos personas sufriendo un maltrato continuado, por ellos había que realizar manifestación y concentración en Bruselas, porque lo que no se ve, da la sensación de que no existe.
En una reunión de AMA se aprobó buscar recursos a través de aportaciones extraordinarias de afectados y de amigos y que se hiciera posible la contratación de autobuses y vehículos para poder desplazar a Bruselas más de 100 personas.
Pese a que hablamos con las autoridades autonómicas, estas se hacían los despistados y de ellas no tuvimos apoyo alguno, es más, algunos nos insinuaban que era inútil todo lo que hacíamos, incluso, en privado, se atrevían a decirnos que ese esfuerzo nos pasaría un alta factura, ya que lo nuestro era un problema legal y no político, donde Europa no tenía competencia alguna.
Afortunadamente, no hicimos caso a esas recomendaciones que no se sabía muy bien con que intenciones se hacían, y sí prestamos atención a las muchas personas que nos dijeron tenéis nuestro apoyo, y lo hicieron con aportaciones económicas para sufragar el viaje, y/o participando activamente en él.
Preparar un viaje para más de 100 personas por Europa, en un día de ida y vuelta con personas mayores no es sencillo. Se creó un equipo de trabajo para organizar todos los preparativos de los que sin duda era la mayor movilización de nuestra Asociación. Se realizaron multitud de llamadas para ir dando información de nuestra situación, así como para buscar las fechas adecuadas para que nos recibieran, y poder llevar a todo nuestro colectivo dentro de los recintos de Parlamento Europeo, cumpliendo con las numerosas normas de seguridad.
En el ambiente había algo especial, era un desafío, el mayor desafío para nuestra Asociación, pero también había unas ganas terribles de enseñar en Europa los que nos estaban haciendo en Cantabria, lo injusto que eran las instituciones de nuestra tierra. Todo ello, desde el respeto a las instituciones, y cumpliendo siempre la legalidad vigente. Nosotros queríamos recorrer el largo camino de las instituciones, y esperábamos, de las mismas, una respuesta en su justa medida, que apagara el incendio que habían provocado en nuestras familias. En la vida todos nos podemos equivocar, incluso las administraciones públicas, nuestras autoridades, pero también es necesario saber que cuando uno hace daño por acción u omisión, o incluso, por ambas, como es el caso, tienen que ser capaces de reconocer su error y, sobre todo, reparar el daño causado.
Los días iban pasando, y en febrero de 2009 nos confirmaron que la fecha para intervenir en la Comisión de Peticiones sería el 15 de abril, las muchas gestiones realizadas habían dado sus frutos, tanto Carlos Iturgaiz, como Elena Martín fueron fundamentales para que todo llegara a buen puerto y pudiéramos hacer realidad, lo que en principio parecía solo una utopía.
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo nos comunicó que había pedido a la Comisión Europea el inicio de una investigación preliminar sobre los diferentes aspectos que confluyen en el problema de las sentencias de derribo. Dicha comisión había admitido a trámite la petición que le trasladó la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) y para poder continuar con el estudio de la petición solicitó esa investigación. Todo ello fue comunicado en una carta que el presidente de la Comisión de Peticiones, Marcin Libicki, dirigió a la Asociación posteriormente.
A todo ello se unió una decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, nunca supimos si tenía algo que ver con lo que se estaba “moviendo” por Bruselas, pero la realidad es que dictó una resolución paralizando los derribos. Eran días donde la esperanza se abría camino, donde por primera vez creíamos que la solución a nuestros problemas estaba cerca.
El tiempo corre que es una barbaridad, y llegó el gran día de nuestra “Gran Marcha”, con los deberes hechos, a las 17:30 la plaza del ayuntamiento de Argoños, se iba llenando de amigos, para hacer esa larga peregrinación. Las conversaciones entre los allí presentes eran, ¿tú sabes cuánto tardaremos?, ¿qué paradas vamos a hacer?... íbamos bien provistos de víveres y parecía que nos íbamos, no para un día, sino para varias semanas. Puntualmente llegó el autobús, dejamos las bolsas, pancartas y banderas, en el maletero, y con puntualidad de AMA. Salimos, a las 6 de la tarde, en dirección a Bilbao. Se notaba un nerviosismo por el viaje, y por lo que también, por qué no decirlo, para muchos era toda una aventura, incluso había no pocos, que a pesar de peinar canas, era la primera vez que salían de nuestro país.
En Bilbao, en la estación de autobuses, junto a San Mamés, nos esperaba un nutrido grupo de familias, que llenaron totalmente el autobús, los saludos pertinentes según subían, algunos más animados cantaban, “nos vamos a Bruselas”, “nos vamos a Bruselas…” y reanudamos el viaje camino de San Sebastián.
No habíamos aún llegado a Donostia cuando apareció el primer problema serio. Hablando con el señor conductor, nos dice comunicó que la hora de llegada prevista a Bruselas era a las 11 horas. Nuestra sorpresa y enfado fueron enormes, ya que a las 10 de las mañana era la hora en la cual presentábamos nuestras propuestas ante la Comisión de Peticiones. Le comentamos que eso no era lo contratado, ya que no tenía sentido hacer un viaje tan largo, para no poder llegar a tiempo para nuestra intervención.
Él nos dijo que era un trabajador, y que eso no era de su competencia, y que tenía cumplir las normativas, y que las horas de descanso no son eran negociables. Le dijimos que nosotros no queríamos negociar nada, solo que se cumpliera el contrato o con la misma, diera la vuelta, que en esas condiciones no íbamos a Bruselas.
La discusión fue dura y en algunos momentos parecía absurda, le pedimos hablar con el responsable de la empresa, ante lo que mostró pocas ganas de realizar la gestión. Al final, llamó y dicho responsable nos manifestó que había sido un malentendido y que pondrían, en París, otro conductor, con lo que, para las 9 de la mañana, si todo era normal, estaríamos en Bruselas.
El único problema era que el tráfico a la entrada de la capital belga nos pudiera retrasar algo, pero que, con seguridad, llegaríamos a la hora prevista.
Después del susto, enseguida estábamos pasando la frontera, los hermosos paisajes de Baiona, San Juan de Luz, Biarriz, y la gran ciudad de Burdeos, allí, en una estación de servicio, realizamos una parada más larga, ya que se empezaban a oír las propuestas de aquellos a los que la próstata les apuraba.
Estirar un poco las piernas, tomar un refrigerio, y las colas ante WC eran como en los supermercados a la hora punta, una vez hidratados y estirados… a seguir hacia la capital de Francia, la noche avanzaba, y en el autobús se iba notando una sinfonía de sonidos y es que si cada uno tiene su timbre de voz, en esos momentos te dabas cuenta de que cada uno tenemos nuestro propio ronquido, desde el que parece un silbido, hasta el que podía ser el abrir de una puerta en una película de miedo.
Pasadas las cinco de la mañana, desde a la utopista se veía, y nunca mejor dicho, la ciudad de las luces, París estaba allí, y la tentación de cambiar la ruta era grande, pero entre que más de la mitad estaban soñando como bebés chupando teta, y que, por otra parte, “nobleza obliga”, había que seguir camino, que ya estábamos más cerca de la frontera con Bélgica.
Empezaba a amanecer, el día prometía y, aunque los huesos protestaban por el maltrato dado durante la noche, sin casi darnos cuenta ya habíamos pasado la frontera y estábamos en tierras belgas; según nos acercábamos a su capital la preocupación iba aumentando, fue salir de la autopista, y la enorme caravana nos recordaba que en Europa no atan, tampoco, los perros con longanizas, allí los atascos estaban a la altura de los de nuestras grandes ciudades en hora punta.
En nuevo conductor, mucho más amable que el anterior, nos fue tranquilizando, manifestado que íbamos a llegar con tiempo suficiente, así no eran todavía las 9 de la mañana y ya estábamos en Bruselas, pasando entre por sus calles entre los grandes edificios. Un poco antes de las 9.30 habíamos llegado a nuestro destino.
Fue bajarse del autobús y, casi sin pausa, acreditarnos ante el Parlamento Europeo, para poco a poco entrar en ese gran conjunto de edificios, algunos que mirábamos más hacia el cielo que al suelo, estuvimos a punto de besar el mismo. Afortunadamente tanto Carlos Iturgaiz como Elena Martín nos fueron indicando el camino a seguir. Lo cierto es que impone esta sede del Parlamento que comparte órgano legislativo y de control con la de Estrasburgo.
Por unos largos pasillos donde los cristales eran los protagonistas, quizás por aquello de ser transparentes para los ciudadanos, llegamos a una enorme sala, la de la Comisión de Peticiones. Esta comisión es sin duda aquella donde los ciudadanos tenemos más protagonismo al poder presentar nuestras reclamaciones, e iniciativas directamente ante el mismo.
Esta comisión recibe más de medio millar de iniciativas y quejas, donde más de la mitad, aproximadamente, es respaldada por esta institución. Las iniciativas ciudadanas es normal que vayan apoyadas por firmas que respalden sus peticiones, lo que no es nada habitual es que se lleven más de 22.000 firmas como logró llevar la Asociación AMA. Siendo, por lo tanto, una de las iniciativas que mayor apoyo tuvo en 2009 ante ese órgano de representación de los ciudadanos.
Para poder acudir ante la Comisión de Peticiones es requisito esencial que haya una vulneración del derecho europeo, de sus normas, directivas… todo aquello que contravenga, limite, o impida el desarrollo del derecho comunitario. Así, en caso de que no encuentre encaje legal porque la queja o iniciativa vaya en contra del citado derecho esta institución lo desestimada, sin entrar en el razonamiento jurídico de fondo de ellas.
Por otra parte, presentada a la comisión y pasado el primer filtro de competencias, la petición pasa a ser estudiada en profundidad por los órganos especializados de esta comisión, con su presidente y su equipo como máximos representantes en el citado estudio. Ellos emitirán una resolución en la que recomiendan si debe admitirse a trámite.
La citada resolución se pasa a los diputados que forman parte de la Comisión de Peticiones, para sus aportaciones y su posible conformidad. Pasado el segundo filtro del equipo del Presidente de la Comisión de Peticiones, lo normal es que se acepta su propuesta. Los parlamentarios puede plantear posibles discrepancias y entonces son los coordinadores de los grupos parlamentarios quienes deben resolverla junto al Presidente.
Si finalmente es admitida a trámite, (normalmente una de cada dos) la defensa de la petición corresponde a sus promotores (como ha sido la petición de AMA) y, posteriormente, los diputados hacen pública su postura personal o la de su grupo.
Como quiera que todos los asuntos obedezcan a infracciones del Derecho Comunitario o son propuestas de modificación de este, normalmente el análisis de los asuntos no se reduce al debate.
A menudo, un tema se presenta y, a continuación, los diputados deciden solicitar más información a la Comisión Europea o a los países miembros, al objeto de volver a tratarlo de nuevo. En otras ocasiones, se dirige directamente una recomendación al estado o se tramita una petición de denuncia ante el Colegio de Comisarios, que es el órgano al que le corresponde tomar la iniciativa.
Como podemos observar, es un camino nada fácil, lleno de fases y etapas que hay que ir recorriendo y cumpliendo con la burocracia por la que es conocida la Unión Europea, pero también hay que reconocer que esa propia burocracia le da una mayor seguridad jurídica y tratamiento a fondo de los diferentes temas que llegan hasta esta institución.
Allí estábamos en el día D y la hora H, era nuestro momento, se notaban los nervios, te sentías como ante el examen más importante de tu vida, y en el que no había recuperación. Luego el tiempo nos ha demostrado que era importante, pero no cuestión de todo o nada, de vida o muerte.
El Presidente de Comisión anunció que el Presidente de AMA, Antonio Vilela, tiene la palabra, es de esos momentos en los que tienes miedo hasta que de que no te salga la voz. Me disponía a intervenir y por unos momentos pasaron por mi mente tantos recuerdos, que tuve que tranquilizarme, ya que corría serio riesgo de quedarme paralizado o mudo.
Empecé la intervención manifestando “nosotros los afectados no somos culpables de nada, no hemos cometido ningún delito, nuestro pecado ha sido confiar en las instituciones. En su momento hemos comprado nuestras viviendas con todos los permisos legales pertinentes con la aprobación de todas las normas urbanísticas y administrativas:
- Plan General de Ordenación Urbana
- Planes parciales
- Estudio de Detalle
- Licencia de Obras
- Licencia de primera ocupación
- Cédula de habitabilidad
- Informe de las Consejerías de Medio Ambiente y Urbanismo
Llevamos 15 años pagando todos los impuestos correspondientes por nuestras propiedades. Después de tener todos los permisos, de realizar la contratación de las hipotecas, las escrituras públicas, después de llevar años viviendo en nuestras casas, nos enteramos, y por los medios de comunicación, que sobre nuestros hogares caían sentencias de derribo, sin tener conocimiento alguno del proceso, ni de la demanda, ni poder defender los legítimos derechos de nuestras familias.
La incredulidad, la sorpresa y el desasosiego se apoderan de nosotros, pero si ni sabíamos que existía una denuncia contra nuestras casas, ¿cómo podemos tener unas sentencias de derribo?
Si no hemos podido ser parte en el proceso, ¿cómo podemos defender nuestros legítimos derechos? Pero la realidad era que un grupo privado había denunciado a la Administración, mediante la acción popular, y esta había sido declarada culpable, se derrumbaban legalmente nuestras casas, se anulaban los Estudios de Detalle y Licencias de Obra. Nuestra vivienda, comprada legalmente(,) se convertía en ilegal, por la actuación de las Administraciones.
Somos víctimas de corrupción urbanística, del pillaje nacido al amparo y en las faldas de las instituciones públicas. Hay 23 sentencias de derribo, solo en la Comunidad de Cantabria más de 1.100 familias afectadas. A nivel de España el número de sentencias es innumerable, hay estudios que hablan de más de un millón de personas inmersas en esta situación de injusticia.
Habiendo sido condenada la Administración, nunca entenderemos por qué somos nosotros los que estamos pagando la pena, ni por qué quieren derribar nuestras viviendas sin que previamente se hayan satisfecho los daños causados a nuestras familias. Las instituciones públicas nos han estafado y, en vez de velar y garantizar nuestros derechos, han vulnerado el derecho autonómico, las normas urbanísticas, el derecho estatal, la ley del suelo, el derecho comunitario y la protección de la propiedad privada, que está protegida en este derecho comunitario desde el tratado de Roma de 1957, así como en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en su “Artículo 17 - Derecho a la propiedad
1. Toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de los bienes que haya adquirido legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos. Nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública, en los casos y condiciones previstos en la ley y a cambio, en un tiempo razonable, de una justa indemnización por su pérdida.
2. Se protege la propiedad intelectual.
Gracias por dejar exponer nuestra situación y esperamos puedan darnos apoyo a nuestras justas peticiones, que no son otras que el respeto a nuestra propiedad en el marco del derecho comunitario”.
Las intervenciones tenían que ser muy cortas, así que atropelladamente esto era lo que quería exponer, y para curarme en salud entregue a la Comisión mi intervención por escrito. Este discurso puede ser considerado un mantra de nuestra Asociación, lo podemos repetir mil veces, pero no por ello la injusticia es más pequeña, y ni el sufrimiento menor, todo lo contrario, lo que ha hecho el tiempo es desgarrar más la herida realizada por las propias Administraciones Públicas.
Por parte del municipio de Argoños intervino el Sr. Alcalde Juan José Barruetabeña manifestado:
La mayor parte de las sentencias en las que están ubicadas las viviendas es suelo urbano, lo que nos lleva la paradoja de que, si se derriban, luego se podrá volver a edificar sobre esas mismas parcelas. Estamos hablando de viviendas integradas en la trama urbana. La Justicia en nuestro país no expone cuál debe ser la forma de solución. Los alcaldes no estamos recibiendo ningún apoyo y por ello comparecemos ante esta Comisión para solicitar comprensión para estas familias y para los ciudadanos de nuestros ayuntamientos que, en caso de tener que hacer frente a las responsabilidades patrimoniales, quedarían en bancarrota durante décadas.
Terminadas nuestras exposiciones y peticiones ante el pleno de la Comisión de Peticiones, miramos hacía nuestros amigos que seguían las intervenciones desde donde se ubicaba a los invitados, sus aplausos y alguna voz de ánimo nos llevó a sentirnos mucho más arropados.
Ya con los auriculares puestos, que permitía esa magia de la traducción simultánea, pudimos seguir las intervenciones de otros eurodiputados sobre nuestro tema:
El Presidente de la Comisión Sr. Marcin Libicki, eurodiputado polaco, fue contundente, y dejo frases que eran titulares y que más de una década después seguimos usando, para manifestar lo absurdo e injusto de nuestra situación.
Así, mirando a todo el grupo que había realizado este gran viaje nos decía, “Estamos de su parte, estamos de su lado; Sres. peticionarios”.
“Uds., los afectados, no son culpable de nada, por lo cual no pueden ser castigados ni por las Administraciones Públicas, ni por nadie”. “Las Administraciones están para solucionar los problemas de ciudadanos, no para complicarles la vida”.
El Sr. Libicki se comprometió, allí mismo, ante todos nosotros, a enviar dos cartas de parte de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo: una al presidente del Gobierno cántabro y otra al presidente del Gobierno de España.
Así lo hizo, de los cual podemos dar fe. Otra cosa es el caso que ambos presidente y ejecutivos hicieron de las recomendaciones enviadas por el Sr. Marcín Libicki y la Comisión de Peticiones. Recibimos el apoyo de los representantes permanentes en la Comisión de Peticiones, demandando una pronta y rápida solución y exigiendo reparación. Todo ello se puede resumir en que la administración cometió, al menos, un error, y que ello no tiene que afectar a la vida de los ciudadanos.
Ha considerado justas las reivindicaciones de los propietarios de las viviendas construidas en Cantabria con sentencia de derribo. La responsabilidad de que las casas estén fuera de ley no es de quienes las adquirieron sino de las autoridades municipales, regionales y nacionales que aprobaron las obras.
Los propietarios son inocentes y víctimas de una serie de errores por los que los Ayuntamientos, el Gobierno de Cantabria o el Gobierno de la Nación deben indemnizarlos. Estos organismos tienen el deber y la obligación de velar por la legalidad del urbanismo de la comunidad.
Estamos de su parte, estamos de su lado, pero no podemos intervenir en casos individuales. Este problema es una cuestión que se debe solucionar en las propias Comunidades Autonómicas y también a nivel municipal. Pueden recurrir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, ya que son Vds. víctimas de decisiones institucionales y de la justicia. Que alguien nos explique esto, ¿cómo es posible que las viviendas, al estar construidas en suelo urbano, se van a poder derruir para, posteriormente, construir otras en el mismo lugar?
Los eurodiputados que tomaron la palabra fueron muy claros y, además de mostrar su apoyo a los peticionarios, también hablaban de la injusta situación que sufren las familias, y de la necesidad de dar soluciones lo más rápidamente posible. Todo ello con una mezcla de incredulidad por las actuaciones que se habían cometido las Administraciones Públicas, que no pasaban los filtros de la legalidad, ni de la razón, pero, sobre todo, había incluso un problema que podía tintes internacionales, ¿qué pasa en España, con el respeto a la propiedad privada?
Cristina Gutiérrez (,) eurodiputada del PP, manifestó:
“El problema es que hay un sufrimiento humano brutal de todos los afectados y ha habido dejación de responsabilidades que afecta tanto a cargos políticos como a funcionarios.
Esta situación es un problema generado por las autoridades y no por los vecinos que compraron las viviendas y que, por tanto, es necesario definir quién será el responsable de ofrecer las compensaciones económicas pertinentes. Hay que exigir responsabilidades a la Comunidad Autónoma.
La solución a este problema no debe demorarse más y quienes autorizaron, por acción u omisión, esas construcciones tienen que actuar para resarcir los daños a las víctimas de esta mala práctica institucional”.
Carlos Iturgaiz(,) vicepresidente de la Comisión y Eurodiputado del PP(,) comentó:
“Este colectivo compró sus casas con buenas voluntades y es víctima de las instituciones y de la Justicia, no les podemos dejar solos, las instituciones tienen la obligación de reparar el daño causado”.
David Hammestein(,) eurodiputado Socialista, declaró:
“Pido responsabilidades a las autoridades que hayan visado las obras y exijo una compensación justa al valor actual de mercado a las personas perjudicadas”.
Sir Roberts, eurodiputado británico del Partido Conservador, subrayó:
Pido responsabilidades ¿qué es lo que está pasando en España?
No podemos seguir así. Deberíamos ponernos en contacto con la Oficina Permanente de España ante la U.E.
Una vez terminadas todas las intervenciones, salimos de la Comisión de Peticiones de Parlamento Europeo con el convencimiento de haber dado un gran paso en el camino de las soluciones.
Luego vinieron los saludos con los que nos mostraron tanto apoyo, de los cuales, en privado, recibimos muchas más muestras de afecto, los abrazos llenos de emoción entre nosotros, parecía que habíamos conquistado lo que en nuestro país nos habían negado: respetar lo que legítimamente nos pertenece.
Era cerca de una de tarde, cuando el acto había terminado, y nosotros, con toda la ilusión de mundo, nos dábamos un pequeño paseo por esa hermosa ciudad que es Bruselas. Las fotos de rigor para inmortalizar el momento, no todos los días se viaja a la capital europea, mirábamos con envidia a esta gran ciudad tan bien cuidada, la Gran Place, hace honor a su nombre. Nos tomamos alguna cerveza, que aquí tiene fama y, para finalizar, la compra de souvenirs y los famosos chocolates.
Sobre las dos y media nos fuimos hacía al restaurante “Turón”, que era algo así como la casa de Asturias en Bruselas, un lugar recomendado por alguno de los eurodiputados, y que parecía un trozo de nuestro país en Bruselas. Recordábamos nuestras seis horas de deporte y nuestras paellas comunitarias, Allí, de menú paella, en un ambiente muy agradable, donde, a pesar del tiempo pasado, nos queda un hermoso recuerdo, por cómo nos trataron.
En ese restaurante situado en la avda. Fosny (detrás de la estación del tren “Gar de Midi”) comentábamos las jugadas, lo que nos había impresionado la sede del Parlamento de la Unión Europea, la amabilidad de los eurodiputados, cómo habíamos hecho un reconocimiento explícito a Carlos Iturgaiz y Elena Martín por su gran ayuda, grabado en una placa, así como al alcalde de Argoños Juan José Barruetabeña, que había estado siempre a nuestro lado, y cómo no recordar a dos periodistas, Íñigo Fernández, del Diario Montañés, y Leticia García Vilamea, del Mundo de Cantabria, que compartieron viaje. En el caso de Leticia, en nuestro mismo autobús, en el caso de Íñigo, siendo incluso reincidente y un gran conocedor de nuestras problemáticas.
Casi sin darnos cuenta llegaba la hora del regreso, volver a coger el autobús(,) la verdad es que daba pereza, era un día de primavera espléndido, y Bruselas es una ciudad muy acogedora, que bien merece, no unas horas, sino unos días.
A las cinco y media de la tarde, arrancábamos en dirección Cantabria, en el bus se vivía un estado de euforia, como si hubiéramos ganado la Champions, los más animados se atrevían con alguna canción, y no falta el “AMA, AMA es cojonuda como AMA no hay ninguna”. Las risas y la alegría pueden ser el consuelo de aquellos que mucho dan y poco le piden a la vida.
Cerca de las ocho y media estábamos en las inmediaciones de París, teníamos que hacer una parada técnica para el chofer y obligada para muchos de nosotros, al conductor, un chico joven y jovial, le fuimos convenciendo para permanecer un poco más de lo previsto en París. Había mucho personal que nunca habíamos estado en esta gran ciudad. Finalmente, el Sr. conductor accedió para regocijo del personal que le cantaba:
El señor conductor no se ríe, no se ríe, no se ríe / el señor conductor no se ríe / no se ríe el señor conductor / el señor conductor es el mejor.
Dos horas en París viendo caer la tarde, paseando por los jardines de Trocadero, por su plaza, por las orillas del Sena, y andar por debajo de la Torre Eiffel, que estaba vestida e iluminada con sus mejores galas, fue emocionante, todo un premio para los que habían realizado tan gran esfuerzo.
Después, la vuelta se nos hizo más llevadera, aunque nunca llueve a gusto de todos y, unos pocos que tenían que trabajar el día siguiente, todavía, una década después, nos recuerdan que les hicimos una gran faena y por nuestra culpa llegaron tarde a sus trabajos, lo cual es tan cierto, como lo es lo mucho que disfrutaron de aquella parada, que, como el viaje a Bruselas, siempre quedará en nuestros recuerdos.
Sobre las once de la mañana estábamos en Bilbao, donde un importante grupo se bajaba, y los que quedábamos les cantábamos: “adiós con el corazón, que con el alma no puedo…”
A la hora del ángelus, a las 12 en punto, llegaba el final ya estábamos en la plaza del ayuntamiento de Argoños, donde, con el cansancio en el cuerpo, y el corazón lleno de esperanza, nos dábamos los abrazos de despedida, entre emociones compartidas. Habían sido muchas experiencias hermosas en poco tiempo.
Habíamos hecho cerca de 2.500 kilómetros, habíamos estado en Bruselas en el Parlamento Europeo y paseado por París, en más de 40 horas de viaje. Nos quedan imágenes inolvidables y, sobre todo, un trabajo que después, con los años, se recogieron los frutos. Leyes como las de 2011, para que no se pudiera derribar antes de indemnizar, que luego daría lugar al 108.3 LJCA, tuvieron su cuna en este trabajo y los convenios firmados entre el Gobierno de Cantabria y los afectados, tienen su origen en el documento que AMA elaboró para la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo donde se pueden ver, con toda claridad, las tres opciones de esos convenios. La legalización o regulación, cuando sea posible, las viviendas de sustitución, y la indemnización a valor de mercado.
Para los que hemos hecho ese viaje siempre estará en nuestra memoria, para todos las familias afectadas hay un antes y un después del mismo, no solo se modificaron normas y leyes, también se ganó el reconocimiento de la sociedad, que para muchos, hasta ese momento, no conocían la magnitud de la injusticia que se estaba cometiendo con nuestro colectivo.
Muchos fueron los artículos publicados, solo un pequeño resumen de ellos, que muestran la importancia del viaje y las altas expectativas y esperanzas abiertas.
"Estamos de su parte, estamos de su lado, señores peticionarios" Marcin Libicki, Presidente Comisión de Peticiones
ÍÑIGO FERNÁNDEZ
| BRUSELAS
A la izquierda, el eurodiputado Carlos Iturgaiz habla con los representantes de AMA que a la derecha esperan sentados el momento de comparecer. / I. F.
"Este colectivo es víctima de las instituciones y de la justicia"
"El problema es que hay un sufrimiento brutal de toda esta gente"
"¿Qué es lo que está pasando en España? No podemos seguir así"
Los afectados por la ejecución de sentencias de derribo en Cantabria expusieron su caso ante la Comisión de Peticiones
El Parlamento acordó dirigirse al Gobierno de Cantabria y a la Oficina de España demandando una pronta resolución.
El Parlamento Europeo dio ayer un espaldarazo importante a las demandas de los afectados por la ejecución de sentencias de derribo en Cantabria, que se concretará en el envío de sendas comunicaciones al presidente del Gobierno de Cantabria y a la Oficina Permanente de España ante la Unión Europea, recomendando una solución.
Ese fue el balance de la intervención de los afectados ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, cuyo presidente, el eurodiputado polaco Marcin Libicki, despidió a la delegación española con frases de aliento: "Estamos de su parte, estamos de su lado, señores peticionarios".
No es usual que este órgano del Parlamento Europeo se implique de esta manera en los asuntos que llegan a sus manos. En cada una de sus sesiones se tramitan docenas de denuncias, del más variado contenido, y al cabo de los cinco años de legislatura recibe en torno a dos mil peticiones. Sin embargo, ayer se pronunció con una contundencia poco habitual, acaso por la magnitud y el dramatismo humano de un problema -el de las sentencias de derribo- que afecta en Cantabria a más de un millar de familias. Al fin y al cabo, que un ciudadano se vea expuesto a que lo desalojen de su casa para que ésta sea derribada no es un problema cualquiera, aunque en Cantabria más de mil personas se encuentren sometidas a esta tensión y a esta angustia.
UNA PESADILLA
Eso fue precisamente lo que ayer quiso transmitir en su intervención ante los diputados Antonio Vilela, el presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que es la asociación que agrupa a todo el colectivo de afectados y que el pasado 2 de diciembre trasladó el problema a Bruselas. Vilela habló de «una pesadilla que dura más de quince años» y recalcó que «nosotros, los afectados, no somos culpables de nada».
«En su momento compramos nuestras viviendas con todos los permisos legales oportunos, pero después nos enteramos de que sobre nuestros hogares caían sentencias de derribo. No hemos sido parte en el proceso y no hemos podido defender nuestros derechos», significó Vilela en su intervención, como también que «en 23 sentencias, los culpables han sido siempre los mismos: las administraciones locales y regional».
También el alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña, intervino ante la Comisión, para significar que «la mayor parte de las sentencias se refieren a suelo urbano, lo que lleva a la paradoja de que, si se derriban, luego se podrá volver a edificar sobre esas parcelas». «No hablamos de viviendas a la orilla del mar ni de suelos con un alto valor ecológico, sino de viviendas integradas en la trama urbana que recibieron informe negativo de impacto paisajístico». Barruetabeña denunció que «la justicia no expone cuál puede ser la solución» y afirmó también que «los alcaldes no estamos recibiendo ningún apoyo».
APOYO DE LOS GRUPOS
Vilela y Barruetabeña expusieron brevemente la situación porque, en realidad, toda la documentación obraba en poder de los diputados desde el pasado 2 de diciembre. Entonces, una delegación de AMA se trasladó a Bruselas y, gracias a las gestiones del eurodiputado Carlos Iturgaiz (PP), se reunió con el propio Libicki. Ayer, los parlamentarios conocían el tema en profundidad, antes incluso de las intervenciones.
Atendiendo al procedimiento habitual, a la intervención de los peticionarios siguió la de los diputados que así lo solicitaron.
El primero en hablar fue Carlos Iturgaiz, quien denunció que "este colectivo es víctima de las instituciones y de la justicia". "Estamos hablando de personas, de buena gente, que compró sus casas con buenas voluntades", afirmó el eurodiputado vasco.
Él mismo propuso que, por parte de la presidencia, se tomara algún tipo de iniciativa hacia las instituciones españolas, y respaldó además la necesidad de crear registros públicos de viviendas con sentencias de derribo o problemas judiciales en curso, tal y como proponía AMA en su petición.
Otro europarlamentario, David Hammestein (socialista), pidió "responsabilidades a las autoridades que hayan visado las obras", al tiempo que exigió "una compensación justa a las personas perjudicadas".
Cristina Gutiérrez Cortines, diputada española del PP vinculada familiarmente a Cantabria, también intervino en el turno de los parlamentarios. "El problema es que hay un sufrimiento humano brutal de toda esta gente", advirtió. También insistió en la "dejación de responsabilidades" que se ha producido en relación con este tema, dejación que afectaría tanto a cargos políticos como a funcionarios.
Incluso un diputado británico, Sir Roberts, elegido en las listas del Partido Conservador, tomó la palabra para preguntarse: "¿Qué es lo que está pasando en España?". "Deberíamos ponernos en contacto con la Oficina Permanente de España ante la Unión Europea. Tienen que ser conscientes del flujo de peticiones de este tipo que nos llegan. No podemos seguir así", añadió Sir Roberts.
CASO NO CERRADO
Haciéndose eco de estas opiniones, el presidente de la Comisión, Marcin Libicki, anunció medidas, puesto que "todos los diputados dicen que hay que intervenir en nombre de los ciudadanos".
Por ello acordó el envío de sendas comunicaciones a los Gobiernos de Cantabria y a la Oficina Permanente de España, instándoles a tomar medidas y solicitando más información. Libicki no descartó que, en caso de no producirse novedades positivas, el asunto vuelva a tratarse en una próxima sesión de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, tras las elecciones.
La Cámara europea pide "soluciones" para los afectados por los derribos
Les invita, además, a llevar sus casos ante el Tribunal de Estrasburgo
SONSOLES ZUBELDIA
La Comisión de Peticiones remitirá a los Gobiernos central y cántabro su dictamen
El centenar de afectados por sentencias de derribo que expusieron ayer su delicada situación ante el Parlamento europeo salieron de la cita más que satisfechos. Por un lado, consiguieron que la Comisión de Peticiones de la Cámara se comprometa a enviar sendos escritos a los gobiernos central y cántabro para pedir "soluciones" para las familias cuyas viviendas están condenadas a la piqueta. De hecho, el portavoz de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), Antonio Vilela, asegura que esta iniciativa partió del propio presidente de la Comisión, Marcin Libicki, y fue defendida también por el europarlamentario popular Carlos Iturgaiz.
Por otro, el organismo comunitario les invitó a llevar sus casos al Tribunal de Estrasburgo. Y es que, según explicó Vilela, un informe jurídico emitido por la propia Comisión «ve indicios de que no se ha respetado el derecho de la propiedad» de los afectados. En concreto, el escrito incide en que "los propietarios no hemos podido ser parte en los procesos judiciales que han derivado en fallos condenatorios, lo que nos ha dejado en una total indefensión", remarcó el presidente de AMA. Respecto a la opción de recurrir a Estrasburgo, los afectados han decidido poner la propuesta en manos de sus abogados. "Tenemos que estudiar el coste económico que supondría tomar una medida de esas características y el tiempo que absorbería", indicó Vilela.
La comparecencia del presidente de AMA, que finalmente compartió los escasos diez minutos que tenía para hablar con el alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña, estaba prevista para las diez de la mañana, pero finalmente se retrasó una hora y media. La Comisión tenía otros 66 asuntos sobre la mesa.
Vilela reclamó, entre otras cosas, una "mayor seguridad jurídica" en la compra de viviendas, regularizar la situación de los inmuebles abocados a la piqueta "cuando el ordenamiento jurídico lo permita" y la creación de un registro público de demandas. Mientras, Barruetabeña defendió que "algunas urbanizaciones son legalizables" y abogó por salvaguardar el bienestar de los afectados.
"Tremendamente satisfechos y felices», observaron cómo una «explosión de aplausos" cerraba ambas ponencias. Al salir, los 40 miembros de AMA que pudieron acceder a la Cámara se reunieron con el resto de afectados para concentrarse ante la puerta del Parlamento. Portaban una gran pancarta que reclamaba "Justicia, protección y seguridad jurídica". Ahora solo les queda esperar que su iniciativa "sirva para desbloquear" en su favor la tortuosa realidad en la que permanecen estancados desde hace tantos años.
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El PE llama a Cantabria a asumir responsabilidades por las sentencias de derribo
Un centenar de miembros de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), se han trasladado a la capital belga para protestar por su situación
16.04.09 - 15:05 -
EFE |
Bruselas
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) ha acordado hoy escribir una carta a las autoridades regionales de Cantabria para reclamar que asuman responsabilidades por las sentencias que ordenan el derribo de un millar de viviendas en la comunidad autónoma.
La decisión de los eurodiputados se ha producido tras escuchar los argumentos del portavoz de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), Antonio Vilela, que se ha desplazado a Bruselas junto a un centenar de afectados.
El Parlamento Europeo, además de reclamar acciones al Gobierno regional, escribirá a la representación permanente de España ante la Unión Europea para alertar sobre el alto número de protestas ciudadanas por problemas vinculados con la propiedad que llegan a la Eurocámara procedentes de distintas autonomías.
En el caso concreto de Cantabria, donde miles de familias han visto cómo sus viviendas se declaraban ilegales en sentencias en contra de la Administración, los eurodiputados han mostrado total comprensión con los propietarios y se han comprometido a apoyarlos.
"Estas personas han cumplido con la legislación. La Administración ha cometido errores, pero eso no tiene por qué afectar directamente a los ciudadanos", ha resumido el presidente de la Comisión de Peticiones, el polaco Marcin Libicki.
En esa línea se han pronunciado la mayor parte de los eurodiputados que han intervenido en el debate, como el popular Carlos Iturgaiz, quien ha calificado de "tragedia" la situación de las familias afectadas y ha considerado que el Ejecutivo cántabro debe "asumir sus responsabilidades". Iturgaiz ha recordado que los propietarios compraron sus casas con "buena voluntad" y con "permisos" y ahora se encuentran con "sentencias que dicen que hay que derribar" los edificios, por lo que ha dicho que son "víctimas de las instituciones y la Justicia".
Su compañera del Partido Popular (PP) Cristina Gutiérrez-Cortines ha denunciado la "irresponsabilidad de inspección de la comunidad autónoma durante varias décadas". Ha pedido que se exijan responsabilidades a los funcionarios que dieron luz verde a las construcciones que luego los tribunales consideraron ilegales tras las denuncias de la asociación ecologista ARCA.
Junto a los afectados ha comparecido en nombre de las autoridades municipales el alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña, que ha explicado que los ayuntamientos no han podido llevar a cabo ningún derribo por falta de recursos y que la presión judicial para ejecutar las sentencias afecta al normal desarrollo de la actividad local. Barruetabeña ha subrayado la "incertidumbre" en la que viven los propietarios y ha aseverado que la mayor parte de las sentencias se refieren a suelos urbanos, lo que, según ha apuntado, llevaría a la "paradoja" de que si se ejecutan los derribos las parcelas podrían volver a ser edificadas.
Los afectados desplazados a Bruselas, que han recordado a los eurodiputados que su "único pecado" fue "confiar en las administraciones públicas" a la hora de adquirir sus viviendas, se han mostrado satisfechos con la decisión de la Eurocámara.
"Creo que se ha comprendido, por parte de toda la Comisión, que nosotros somos simplemente unas víctima y que se nos tiene que dar una solución", ha explicado al término de la sesión su portavoz.
Vilela ha incidido en que todas las sentencias condenan a las administraciones y ha considerado positivo que el Parlamento Europeo vaya a requerir soluciones a la comunidad de Cantabria. Además, ha explicado que los propietarios estudiarán acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al considerar que se ha atentado contra su derecho a la propiedad.
La apelación ante la corte con sede en Estrasburgo (Francia) fue propuesta por el representante en la sesión de la Comisión Europea, que ha explicado que aunque comprende la "difícil situación" de los afectados, el Ejecutivo comunitario no tiene competencia para actuar, pero si para recomendar.
Desde estas líneas vaya nuestro reconocimiento para todos los que lo hicieron posible, para los que fueron y los que se quedaron muy a su pesar, para los que nos ayudaron, para los medios de comunicación que hicieron posible que desde Cantabria conquistáramos Bruselas, al menos su compresión y apoyo.
Seguimos con nuestra marcha...
