En aquella marcha de 2008, donde ni tan siquiera se dignaban recibirnos y, la verdad, tampoco merecía mucho la pena; ante la sede del Gobierno, y por aclamación popular, se decidió que nos íbamos a Bruselas, al Parlamento Europeo.
Los gritos de “nos vamos a Bruselas”, “nos vamos Bruselas”, sonaban, con todo la fuerza, hasta desgarrar nuestras voces, entre la positividad de las autoridades, saltando, gritando, seguíamos allí y desde lejos se podía oír “nos vamos a Bruselas", "nos vamos a Bruselas".
Es cierto, una cosa es decirlo y otra hacerlo, pero si por algo se caracteriza la Asociación de Maltratados por la Administración, es por hacer lo que se propone; a lo de decir una cosa y hacer la contraria ya nos tiene acostumbrados los responsables de las Administraciones públicas.
Así que nos pusimos manos a la obra, y vimos que había que saltar varios obstáculos para ir al Parlamento Europeo. Empezamos por contactar con algunos eurodiputados para pedirles su consejo; por la cercanía, ya que tiene una vivienda en Cantabria, y le conocía de haber coincidido estudiando en la universidad, contactamos con Carlos Iturgaiz, que, además, quiso la suerte que por aquellos años fuera el vicepresidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, lo que sin duda nos facilitó, además de la información, el ser el principal apoyo y valedor para poder hacer ese viaje a la capital belga y ser recibidos por las autoridades.
Desde allí nos indicaron la necesidad de preparar un documento, que brevemente, en unas hojas, contará nuestra situación, las penas y las injusticias cometidas con nuestro colectivo. En las conversaciones con el personal de allí tuvimos la gran suerte de, por medio del Sr. Itugaiz, conocer a Elena Martín, funcionaria española en Bruselas y que sería nuestra guía durante todo el proceso, Elena fue una bendición por su amabilidad y profundos conocimientos que resultaron esenciales para nuestro trabajo.
Así, lo primero fue mandar unos correos en los que explicábamos nuestra situación y pedir unas entrevista con el presidente de la Comisión de Peticiones el polaco Sr. Marcín Libicki. Tuvimos la gran ayuda de Álvaro Gómez, nuestro primer vicepresidente, y Álex, un ingeniero alemán, con vivienda en Cerrias, que, con sus conocimientos de inglés, nos dieron la forma adecuada a los documentos elaborados.
Se preparó un pequeño dosier, que fue aprobado por unanimidad en una reunión extraordinaria de AMA convocada para tal efecto. Elena nos indicó que sería muy positivo llevar firmas de apoyo a la situación que estábamos sufriendo y nos pusimos a trabajar en la calle la citada recogida de firmas en apoyo a nuestras iniciativas, en principio nos marcamos el objetivo de 5.000.
Fuimos por los pueblos, pusimos mesas para su recogida en Argoños, Noja y Santoña, se fueron dejando por los bares, e incluso, como hizo la amiga Lola, puerta a puerta y ella sola llegó a recoger más de 2500, un trabajo simplemente increíble para una persona de elevada edad y con muchas limitaciones físicas. Fueron muchos los que colaboraron en este tema, no solo miembros de AMA, también amigos que nos mostraron esa cara solidaria que tanto se agradece en esos momentos. Pusimos mesas, no solo en pueblos del entorno, también en Santander cuando había partido entre el Racing y el Athletic de Bilbao y en otro en el que se jugaba contra el FC Barcelona. Poco a poco fuimos elevando nuestras expectativas y de 5.000 y pasamos a poner el objetivo en 10.000.
Se vivía con ilusión y esperanza, se trabajó muy duro. Por otra parte, se consiguió una fecha para que una comisión de AMA pudiera ser recibida en el Parlamento Europeo. La fecha señalada fue el 4 de diciembre del año 2008. Así que, rápidamente, realizamos una reunión de AMA para preparar y aprobar todos los temas y se designaron las personas que formarían el equipo de la asociación que iba a ir a Bruselas: Marcos Campo portavoz y vecino de Liencres, Juan Luis Urrutia secretario, Paco Laín vicepresidente, de quien partió la idea de ir a Bruselas y Antonio Vilela en calidad de presidente de AMA. A este equipo se unirían Juan José Barruetabeña, alcalde de Argoños, e Iñigo Fernández, por aquel entonces periodista de El Diario Montañés. El alcalde de Argoños era la representación institucional que le daba todavía más fuerza a nuestra petición, en este ayuntamiento están situadas más del 50% las viviendas de las familias afectadas por las sentencias de derribo, e Íñigo Fernández daría conocimiento del trabajo realizado, y de las recomendaciones que desde la Comisión de Peticiones se pudieran realizar.
El 30 de noviembre celebramos una cena con los socios, que nos sirvió para los últimos preparativos y, sobre todo, para recibir el ánimo y afecto de nuestros amigos. Conseguimos un vuelo de esos baratos con Ryanair, unos 35 euros por cabeza, pero salía a las 8 de la mañana de Madrid y la cosa se nos ponía complicada. Ahora bien, no estábamos dispuestos a perder la oportunidad de poner en conocimiento de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo el atropello que se estaba cometiendo, en Cantabria, con cientos de familias y de pedir las soluciones necesarias justas para las mismas.
Así, el 3 de diciembre, un poco antes de la media noche salíamos desde Argoños. Hacia una de esas noches frías donde el invierno indica que está a la vuelta de esquina, primero la lluvia y después la nieve fueron los acompañantes incómodos en el viaje. Nos desplazamos en el coche del Sr. Alcalde que era más amplio, al principio del viaje entablamos una amena tertulia, pero, según pasaban las horas, algunos ya daban sus cabezadas.
Al llegar a la sierra de Madrid el tiempo empeoró y mucho, la nieve se espesaba, y el temor a no poder pasar y perder el avión nos empezaba a invadir, las temperaturas bajaron hasta los -7º grados, y la carretera mostraba muchas dificultades. Afortunadamente Juanchi es un tipo bregado en la conducción y, aunque con el susto en el cuerpo, llegamos a Madrid sobre las 6 de la mañana. Allí, después de la espera correspondiente, cogimos con puntualidad el vuelo para Bruselas. En poco más de 2 horas y cuarto estábamos en Bélgica, sobre las 10 de la mañana, en el aeropuerto de Charleroy, situado a unos 50 km de Bruselas.
Todo parecía ir bien, habíamos quedado a las 11 horas con el presidente de la Comisión de Peticiones, el Sr. Marcin Libicki, y con el vicepresidente de la Comisión y nuestro valedor Carlos Iturgaiz. Cogimos el autobús en la terminal de Charleroy, un pequeño aeropuerto muy parecido al de Severiano Ballesteros de Santander, allí mismo hacia Bruselas, cuando ya pensábamos que lo teníamos controlado todo, empezó a caer una gran nevada. Según nos íbamos acercando a la capital la carretera estaba en peores condiciones, la hora se acercaba, los nervios se apoderaban de nosotros y la ruta se convirtió en una inmensa caravana. Llamábamos por teléfono para avisar de nuestro retraso, pero no encontrábamos interlocutor y, en nuestra desesperación, más de uno pensamos que, después de todo el esfuerzo realizado, quedarse a las puertas de exponer nuestra situación en el Parlamento Europeo, sería la gota que podría colmar nuestra paciencia.
Después de no pocos intentos logramos hablar con Carlos Iturgaiz, que nos calmó y dijo que llegábamos a tiempo, ya que nos esperarían hasta las 12 horas. Una vez que la tensión se relajó nos dedicamos a sacar fotografías y a disfrutar el precioso paisaje que la nieve había hecho destacar, a las orillas de la carretera esta se iba apilando y la caravana se hacía más lenta hacia Bruselas.
Arreciaban con intensidad los copos de nieve cuando, al fondo, entre la neblina, apareció la silueta de Bruselas. Después de un buen rato en el que la entrada a la ciudad nos pareció eterna, llegamos y, sin perder tiempo, cogimos un taxi que, enseguida, nos llevó al Parlamento Europeo.
Allí, nos estaban esperando Carlos Iturgaiz y Elena Martín y nos llevaron, casi en volandas, hasta la oficina de Marcin Libicki. Carlos tuvo que hacer de interlocutor e interprete, debido a “nuestro nivel de inglés”, esa asignatura pendiente de todo españolito que se precie, de nuestra generación. Le explicábamos al Sr. Libicki la injusticia que se había cometido con nuestras familias.
Según Carlos iba traduciendo la cara de Libicki era un poema, no salía de su asombro. Le describíamos cómo los condenados en todas las sentencias eran las Administraciones públicas mientras que quienes pagábamos la condena éramos ciudadanos inocentes. Nos hacía repetir una y otra vez el relato, ya que no se lo podía creer. Al final dijo: “no puede ser que las Administraciones sean las que perjudican tan gravemente la vida de los ciudadanos; en su relato y en el expediente he leído datos y situaciones preocupantes y que merecen la protección de esta institución”.
La verdad es que es Sr. Libicki, a pesar de estar informado por Carlos Iturgaiz de nuestra situación, no dejaba de sorprenderse. “¡Cómo es posible que les estén maltratando de esta forma!”
Después de asegurarnos que seguiría muy de cerca todo el expediente y de animarnos a que no cesáramos en nuestras justas peticiones, nos dimos los oportunos apretones de manos, nos hicimos las fotografías correspondientes y la visita terminó con un hasta pronto señores. Acto seguido nos dirigimos al registro del Parlamento donde presentamos las cerca de 20.000 firmas que llevábamos fruto de un intenso trabajo de nuestra asociación.
Conseguir ese gran número de firmas en uno pocos meses era algo que en un principio nos parecía totalmente impensable. La realidad es que sentíamos un profundo orgullo de lo realizado, del trabajo de nuestra gente. Nos paseamos por el Parlamento, fuimos a visitar a los diferentes grupos políticos y de todos ellos recibimos el apoyo.
Con el trabajo realizado, cerca de las 3 de la tarde nos dimos una vuelta por la Gran Place y alrededores y fuimos a visitar el Manneken Pis, el simpático niño meón, que recuerda aquello de “te están meando y nos dicen que llueve”, que puede tener un reflejo en la situación de los afectados por los derribos. Esos días estaba ataviado con el traje del Real Madrid, lo que nos sorprendió para gusto de unos y disgusto del alcalde, pero duró poco ya que parece que era para alguna sesión de fotografías.
Pronto encontramos una zona con muchos restaurantes cuyos camareros salían a nuestro paso para convencernos de la bondad de cada uno de ellos. Al final, y como suele suceder cuando no tienes una idea fija, acabamos en el más grande, un turco donde devoramos las viandas con ganas, dada la hora y el hambre que acumulábamos. Después, un breve paseo, las compras de los chocolates pertinentes y vuelta a deshacer el camino andado hasta Cantabria. El retorno tenía el sabor de haber cumplido con la misión encomendada.
A las seis de la tarde teníamos el vuelo de regreso. Bruselas es una ciudad acogedora, dimos una pequeña vuelta por la zona donde habíamos comido, y atendimos en el poco tiempo que teníamos, las llamadas de rigor, entrevistas con algunos medios, y el reportaje de nuestro amigo Íñigo para El Diario Montañés, sobre el viaje y las consecuencias del mismo.
De vuelta teníamos una tarea importante, hacer los deberes que, de alguna manera, nos habían puesto en el propio Parlamento Europeo, para asistir y participar directamente ante la propia Comisión de Peticiones.
Nos pusimos manos a la obra para realizar la mayor movilización de nuestra organización, no solo participar en la Comisión de Peticiones activamente, no solo llevar una representación de las víctimas, sino ser capaces de hacer una movilización en Bruselas, esto es, llevar nuestras protestas, peticiones, y reivindicaciones, tanto dentro de las instituciones europeas, como mostrar las caras de tantas personas inocentes, y llevar el mayor número posible de víctimas a la capital belga. Que se note, que se sienta, que se vea el daño que están causando las Administraciones públicas a tantas familias.
Hacer una manifestación en Bruselas, saliendo de Cantabria, no era fácil, al menos no lo era para nosotros, y fueron muchas las reuniones para, por una parte, seguir trabajando en la documentación a presentar allá y, por otra, para preparar nuestra propia intervención dentro de la Comisión de Peticiones. La verdad es que fueron meses intensos, entre aquel viaje de diciembre de 2008 y el que haríamos en 2009 con tantos amigos pidiendo justicia.
Así, preparamos un documento base que se presentó ante las instituciones europeas.
0.- DATOS DE CONTACTO
1.- INTRODUCCIÓN
2.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
3.- PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
4.- DATOS DE INTERÉS
0.- DATOS DE CONTACTO
1.- INTRODUCCIÓN
Teniendo conocimiento nuestra asociación de la importante labor que realiza la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, la cual permite a los ciudadanos que sus propuestas sean oídas y divulgadas, así como que la defensa de sus derechos en ámbito de la legislación comunitaria:
La Asociación Maltratados por la Administración (AMA) ha tomado la decisión de dirigirse a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para exponer la situación que soporta el colectivo al que representa, ciudadanos víctimas de 23 sentencias de derribo en Cantabria, sentencias que condenan, en todos los procesos, a las Administraciones públicas, y donde las consecuencias de las mismas son la vulneración de derechos y situaciones que creemos dignas de protección por la citada Comisión.
La situación de injusticia que padece este colectivo empieza con las primeras sentencias de derribo y datan de principios de los años 90, siendo el mayor número de ellas entre los años 1997 y 2001 y la última tiene fecha del año 2007.
El 27 de marzo de 2005 nace la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) con el objetivo de buscar soluciones para las familias víctimas de las sentencias de derribo, mediante el diálogo con todas las instituciones y la concienciación de la situación de injusticia que vive este colectivo.
Esta Asociación cuenta actualmente 3.213 socios realizando todo tipo de actividades (Marchas, Tren de los Inocentes, 6 horas de deporte solidario, manifestaciones...) buscando soluciones dentro del más absoluto respeto a la legalidad vigente.
Siendo los derechos y las situaciones a proteger de tanta importancia, la injusticia que se comete con este colectivo tan obvio, que esperamos sean admitidas a trámite las propuestas, que realiza nuestra asociación, y con la esperanza de ayudar a todos los que se encuentran en situaciones similares, para que el derecho comunitario nos asista en este abandono y desamparo que hemos sentido en otros ámbitos de las instituciones públicas.
2.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En Cantabria existen actualmente 23 núcleos urbanos o grupos de viviendas con sentencia de derribo. Los municipios y viviendas implicados son: Argoños (16 sentencias y 256 viviendas), Arnuero (1 sentencias y 142 viviendas), Piélagos (5 sentencias y 598 viviendas), Escalante (1 sentencia, y 32 viviendas), y Miengo (1 sentencia y 20 viviendas). En todos los casos la justicia condena a la Administración de Cantabria, concerniendo esas condenas a más de 1.000 hogares y siendo más de 4.000 las personas que soportan esta situación de injusticia.
Nuestra Asociación ha buscado en todos los estamentos posibles soluciones para las familias afectadas.
La primera gestión fue ante la Oficina del Defensor del Pueblo, quien en un extenso informe recomendó a las Administraciones tres propuestas de solución.
Posteriormente ante el Parlamento de Cantabria, quien en Proposición no de Ley de fecha 17 de diciembre de 2007, aprobó, por unanimidad de todos sus miembros, pedir al Gobierno de esta comunidad soluciones legales para los afectados y asesoramiento a los mismos.
Pero creemos firmemente que es necesario que, en el ámbito de la competencia comunitaria, que exista una protección que impida sucesos como los relatados. Por ello, nuestra intención es llevar al Parlamento Europeo propuestas que consideramos pueden eliminar una grave deficiencia que han cometido y se puede seguir cometiendo por los poderes públicos.
Petición que realizamos ante el Parlamento Europeo para que no se vulnere el derecho a una vivienda digna, el derecho a la propiedad privada y el principio de seguridad jurídica que todo ciudadano tiene que tener para poder defender sus derechos.
Es duro, muy duro convivir todos los días con la tensión de que en cualquier momento te puedan derribar tu casa, máxime cuando no tienes culpa de nada, así es reconocido por la justicia.
Para las familias el derribo de sus casas es, dejar en la calle a personas totalmente inocentes, privarles del derecho a una vivienda digna, el derecho de propiedad y el derecho a tener seguridad jurídica a la hora de adquirir algo tan importante como es su hogar.
Somos ciudadanos honrados, que estamos pagando las hipotecas de nuestras viviendas, ciudadanos que compramos una vivienda legal, que al cabo del tiempo las instituciones como el Gobierno de Cantabria y los ayuntamientos como los de Piélagos, Argoños, Arnuero, Miengo y Escalante han convertido en viviendas ilegales dejando a más de mil familias en una situación de abandono y desamparo total.
Nuestra pesadilla dura, en la mayoría de los casos, más de 10 años, las primeras sentencias datan de 1994, 10 años esperando que, en cualquier momento, alguien llame a nuestra puerta para decir que nos va a tirar la vivienda, nosotros no somos culpables de nada, no hemos cometido ningún delito, ni ningún ilícito, nuestro pecado ha sido confiar en las instituciones.
Hemos comprado nuestras viviendas con todos los permisos legales pertinentes y con la aprobación de todas las normas urbanísticas y administrativas (Plan General de Ordenación Urbana, Planes Parciales, Estudio de Detalle, licencia de Obras, licencia de Primera Ocupación, cédula de Habitabilidad).
Después de tener todos los permisos, de realizar la contratación de las hipotecas, las escrituras públicas, después de llevar años viviendo en nuestras casas, nos enteramos, por los medios de comunicación, que tenemos una sentencia de derribo.
La incredulidad, la sorpresa, el desasosiego y el nerviosismo se apodera de uno, pero si ni sabíamos que existía una denuncia contra nuestras casas, ¿cómo podemos tener unas sentencias de derribo?
Pero lamentablemente era cierto, un grupo privado había denunciado a la Administración y esta había sido declarada culpable, se anulaban el Estudios de Detalle y la Licencias de obra. Nuestra vivienda, comprada legalmente, se convertía en ilegal.
Para nuestras familias, a partir de este conocimiento, ha sido el inicio de una pesadilla donde no sabemos por qué estamos sufriendo esta situación, ya que las sentencias no repercuten en los culpables, las pagamos gente inocente, los que ni conocíamos las demanda, lo pagamos con nuestra salud, con nuestro sufrimiento día a día.
Somos víctimas de corrupción urbanística, del pillaje nacido al amparo y en las faldas de las instituciones públicas, 23 sentencias condenan a las mismas.
Nunca entenderemos que si condenan a la Administración, seamos nosotros los que estamos pagando la pena.
Nos han estafado las instituciones públicas, aquellas que tenían del deber de velar por nuestros derechos.
Es difícil describir el sufrimiento de este colectivo(,) solamente algunos datos objetivos para concretar la situación:
a) La media de edad de este colectivo supera ampliamente los 50 años, el grupo mayor lo componen personas cuyas vidas laborales ya han finalizado, jubilados que han adquirido sus viviendas para disfrutar con sus hijos y nietos, muchos de ellos trabajadores de sectores duros con la siderurgia, el naval…
b) El Gobierno de Cantabria y varios Ayuntamientos están condenados por el daño moral que han causado a sus ciudadanos, pero sorprendentemente no hay ningún inculpado, ningún responsable de estas actuaciones.
c) Los daños ocasionados a este colectivo han sido y son muy importantes, en algunos casos irreparables, y en otros se están cebando en nosotros enfermedades psíquicas y físicas; convivimos con la ansiedad, el estrés, la angustia, el miedo, vemos como nos aparecen las canas y nos crecen las arrugas sin que nadie resuelva la situación de injusticia que las Administraciones nos han creado.
Podríamos extendernos manifestando el despropósito que se ha producido tanto desde punto de vista de los derechos vulnerados, como desde su repercusión económica en la comunidad, ayuntamientos que deberán abonar indemnizaciones que suman más de sus presupuestos en 10 años, derribar nuestras viviendas cuesta a los ciudadanos, vía impuestos, más de 243 millones de euros.
Pero sobre todo nuestra preocupación se centra en dos ámbitos:
a) La situación de indefensión por tener una sentencia de derribo, sin tener conocimiento alguno de la existencia del proceso, ni de la demanda, y el hecho de que no haya obligación ninguna por parte de las Administraciones de dar conocimiento a los ciudadanos de una carga tan importante sobre su propiedad.
La inseguridad jurídica que esta situación produce para todos los ciudadanos que no pueden defender sus derechos por no tener conocimiento ni de la demanda ni del proceso.
b) La situación de injusticia que supone que quienes han sido condenadas por la justicia son las Administraciones públicas, mientras que quienes cumplan las penas son ciudadanos totalmente inocentes.
Por ello, el fin de la citada propuesta es solicitar, de las autoridades comunitarias, medidas que hagan posibles soluciones para todos los ciudadanos comunitarios, un marco legal que impida situaciones claramente de indefensión, abandono e injusticia como las que nosotros sufrimos.
Estimados Sres., con todo el respeto y la ilusión por buscar una solución, solicitamos su amparo, su ayuda, solamente pedimos vivir en nuestras viviendas, con nuestras familias. No hemos cometido ningún ilícito, no merecemos la situación que soportamos.
Pero también queremos que nunca nadie sufra la situación de injusticia que nosotros estamos padeciendo actualmente, esperamos que esa Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo pueda tomar las medidas oportunas y que todos disfrutemos de los derechos que, en el ámbito comunitario, nos hemos dotado.
3.- PROPUESTA DE ACTUACIÓN
PRIMERA:
Solicitar del Parlamento Europeo de su Comisión de Peticiones medidas tendentes a crear una seguridad jurídica, en su ámbito territorial, que impida, que cualquier familia que adquiera una vivienda con todas las autorizaciones legales, después tenga conocimiento (en este caso informados por los medios de comunicación) de que su vivienda tiene una sentencia de derribo, como ha sucedido.
- Registro de demandas público.
- Obligación de los notarios de comunicar, al elevar a escritura pública el contrato privado, las cargas que tiene esa propiedad. Una demanda contra una vivienda que posteriormente puede ser una sentencia de derribo es una carga, cuya obligación entendemos, que tiene que ser conocida por quien adquiere esa vivienda.
- Obligación de las distintas Administraciones: Locales, Autonómicas, Estatales y de Justicia de comunicar, a los terceros de buena fe, la situación jurídica de su propiedad.
SEGUNDA:
Solicitar de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que los ciudadanos no tengan que soportar la condena que corresponde a las Administraciones públicas. De esta forma, no será posible derribar una vivienda de una familia, que ha comprado la misma de buena fe, con todos los permisos pertinentes, sin que previamente se satisfaga los daños morales ocasionados, así como el valor real del patrimonio perdido por las actuaciones de esas Administraciones públicas.
TERCERA:
Medidas que solucionen el problema causado por las Administraciones públicas a los ciudadanos:
- Regularización de la situación legal cuando el ordenamiento jurídico lo permita.
- Permuta de viviendas presuntamente ilegales, por otras que cumplan la legalidad vigente.
- Acuerdo con las víctimas antes de cualquier actuación que minusvalore el patrimonio de la misma.
Por último, desde esta asociación solicitamos su ayuda y apoyo para terminar con el sufrimiento de tantas personas inocentes.
4.- DATOS DE INTERÉS:
- Número de afectados. 1.048 viviendas en las que habitan más de 4.000 personas.
- Municipios. La Asociación de Maltratados por la Administración responde por 23 urbanizaciones afectadas, dieciséis están en Argoños, cinco en Piélagos-Liencres, una en Arnuero, una en Escalante y otra una en Miengo. Todos los municipios pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Cantabria.
- Sentencias. Desde los años noventa con la primera sentencia, concretamente, en 1994, El Encinar, Arnuero, hasta la última en 2007 se han sucedido un total de 23 sentencias de derribo.
- Responsabilidades. El Gobierno de Cantabria ha sido condenado, aunque jamás con nombres y apellidos. Las constructoras se disolvieron con quiebras culpables y fraudulentas, todos los Ayuntamientos afectados han sido condenados sin que tampoco haya ninguna persona inculpada por estas actuaciones irregulares.
- Daños morales. El Gobierno de Cantabria y los Ayuntamiento de Argoños y Arnuero han sido condenados por daños morales a los vecinos de Pueblo del Mar, Las Llamas II y El Encinar.
- Coste económico. AMA ha cifrado en 234 millones de euros el coste de los derribos y las indemnizaciones que deberían recibir los afectados por perder su casa. Los ayuntamientos no pueden asumir la deuda con presupuestos municipales que no llegan a los 3 millones anuales.
- Coste social. Personas afectadas por depresiones, ansiedad, miedo (muchos años esperando que en cualquier momento se pueda derribar su vivienda), incluso entre el colectivo ha habido varias personas que se han bajado del tren de la vida voluntariamente.
- Derechos vulnerados: Derechos Humanos como el derecho a una vivienda digna, el derecho de propiedad y el derecho a la seguridad jurídica.
Escribía Íñigo Fernández en El Diario Montañés por aquellos tiempos.
Los afectados por sentencias de derribo presentaron sus demandas en Bruselas
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo admite a trámite la propuesta presentada por la Asociación de Maltratados de la Administración (AMA), en relación con el derribo de viviendas como consecuencia de la ejecución de sentencias judiciales.
La iniciativa, registrada en Bruselas con el respaldo de casi 17.000 firmas, tiene por objeto reforzar la seguridad jurídica de quienes adquieren una vivienda en la Unión Europea y lograr que “cuando se haga algo mal por parte de la Administración, no sean los ciudadanos quienes lo paguen”.
El documento, elaborado por el colectivo de afectados por las sentencias de derribo en Cantabria -en torno a mil viviendas y más de cuatro mil personas afectadas-, fue presentado directamente al presidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, el polaco Marcin Libicki. También se entregaron copias a los distintos grupos políticos de la Eurocámara.
RESULTADOS SATISFACTORIOS
El propio Marcin Libicki recibió en su despacho a los promotores es la petición, gracias a las gestiones realizadas con ese fin por el eurodiputado del Partido Popular (PP) Carlos Iturgaiz, quien también asistió a la reunión.
Este fue el encuentro más importante de los varios celebrados ayer por la delegación de AMA desplazada a Bruselas, integrada por Antonio Vilela, Juan Luis Urrutia, Francisco Laín y Marcos Campo. También asistió el alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña, sobre cuyo ayuntamiento pesan diversas sentencias de derribo dictadas por los tribunales.
El eurodiputado polaco Marcin Libicki fue muy claro a la hora de exponer cuáles pueden ser los efectos de tramitar una propuesta ciudadana ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Explicó que las resoluciones de este órgano no son vinculantes para los estados miembros, pero "nuestra experiencia nos dice que si tomamos alguna decisión en nuestro comité, normalmente se ejerce sobre los estados una presión política satisfactoria".
“Es un proceso largo, demasiado largo diría yo, pero normalmente ofrece resultados satisfactorios”, añadió Libicki, quien puso como ejemplo una reciente polémica surgida en Polonia como consecuencia de la construcción de un viaducto, cuyo trazado fue rectificado finalmente gracias a una iniciativa como esta.
"Tenemos muchos casos que nos han traído y generalmente la gente ha quedado satisfecha con los resultados", concluyó el eurodiputado polaco, quien destacó, además, que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo "es un órgano que tiene que estar muy cerca de los ciudadanos".
Con posterioridad al encuentro celebrado con el presidente de la Comisión de Peticiones, los representantes de AMA desplazados a Bruselas mantuvieron otra serie de contactos en la sede del Parlamento Europeo.
Uno de ellos tuvo lugar con el propio Carlos Iturgaiz, al margen de sus gestiones como introductor de Libicki. En la reunión, Iturgaiz se comprometió a respaldar la admisión a trámite de la iniciativa, a fin de que las demandas de los afectados por las sentencias de derribo dictadas en Cantabria puedan ser escuchadas en el Parlamento Europeo. Iturgaiz recibió asimismo el agradecimiento de los integrantes del colectivo vecinal, tanto por la disposición mostrada a la hora de recibirles y hacer de introductor, como por su comprometido apoyo a la iniciativa.
Los afectados se reunieron también con representantes del PSOE, el PP y el PNV en la Eurocámara y tienen previsto hacerlo más adelante con los del grupo de Los Verdes.
Los días después de viaje a Bruselas, fueron intensos, por otra parte, seguíamos con la campaña de recogida de firmas que fue para nosotros también un contacto muy importante con muchas personas a los que dimos a conocer el problema y la situación de cientos de familias, esto tendría sus frutos a futuro, con una mayor comprensión y apoyo de los muchos ciudadanos a nuestra situación.
Notábamos que desde las instituciones nos miraban, o por lo menos disimulaban, con más respeto, los medios de comunicación nos dieron mucha cobertura, y fueron momentos positivos, que tendrían consecuencias en el futuro.
Con toda la ilusión del mundo, estábamos preparando el gran viaje a Bruselas todos juntos…
