miércoles. 24.04.2024

Después de nuestra visita al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, volvimos sobre nuestros pasos por la avenida Pedro San Martín, bajamos la cuesta a buen ritmo, dejando la rotonda de Cuatro Caminos, a la derecha, y cogiendo la Alameda que está custodiada por las calles San Fernando y Vargas. 

La Alameda es uno de los parques más antiguos de Santander, tiene una arboleda de gran interés, en poco más de medio kilómetro desde Cuatro Caminos hasta la calle Numancia. Es una zona densamente poblada que ha sufrido muchos cambios, la actual Alameda se formó en la década del ochenta, y fue pagada a escote por los vecinos mediante un impuesto especial. 

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Esto del impuesto especial me recuerda cuando desde AMA comentamos a la prensa que era posible que se impusiera un nuevo impuesto, (ecotasa) que entre otras cosas se hacía para pagar, entre todos los ciudadanos de Cantabria, los trescientos millones de euros que Gobierno había calculado para el coste de los derribos, de las indemnizaciones, como consecuencia de sus responsabilidades, y para volver a poner el suelo en su estado anterior. Así, incluso se comunicó al Gobierno de la nación en la reclamación de la deuda de histórica con Cantabria. Lo cierto es que la ecotasa se puso en marcha en menos de un año desde que lo anunciáramos y fue un impuesto indirecto sobre los carburantes, que en esta comunidad fueron cerca de cinco céntimos por litro de combustible. 

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La realidad es que se pagó esa ecotasa aunque en aquellos tiempos el presiente, Miguel Ángel Revilla, se apresuró a negar tal impuesto, que luego, meses después, impuso él mismo, lo que en política ahora se llama hacer una “Revillada” o “Revillucada”.

Allá por el medio de la calle Vargas, sobre el número 50-54 se encontraba, en la primera legislatura del Sr. Revilla como presidente de Cantabria, la Dirección General de Urbanismo, por aquellos tiempos ocupada por Miriam García, y en su despacho muchas fueron las horas que pasamos. Eran tiempos en los que el PSOE lo dirigía Dolores Gorostiaga que, con casi el doble de votos que los regionalistas, les regalo esa presidencia. 

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Miriam es una arquitecta de prestigio, trabajadora como pocos y destacaba por su amabilidad; durante la legislatura en la que ocupó ese puesto, se aprobó un Plan General de Ordenación Urbana de Argoños, y en las reuniones con AMA, en ese despacho, plateamos los aprovechamientos urbanísticos, que nosotros no los llamábamos así. Decíamos algo más simple y fácil de comprender, si donde están las viviendas en Arnuero es un suelo de especial protección, aunque  esto daría para un largo debate, ya que está nueva protección se concede después de estar ya construidas las viviendas.

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Pero tomando pulpo como animal que vuela, le decíamos que si las viviendas no pueden estar ahí, siempre se pueden hacer en otro lugar para que sean perfectamente legales. Ellos insistían en que la urbanización del Encinar no tenía solución, que había que derribarla sí o sí, y de allí no les sacaba nadie. Con nuestra propuesta, poco a poco, Miriam, que era una persona receptiva, le dio forma y se presentó en el ayuntamiento con el proyecto de los aprovechamientos urbanísticos.

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El alcalde de Arnuero, persona lista donde las haya, y de amplios conocimientos, pronto se dio cuenta de que aquello era una salida muy sólida jurídicamente y asumible, y la propuesta la hizo suya, se logró un acuerdo entre las administraciones y los representantes legales de los afectados, y de ahí nacieron lo que hoy ya es casi una realidad, las viviendas de sustitución.

Por otra parte, estaban los anteproyectos de los Planes Generales de Ordenación Urbana de Piélagos, Miriam, cuando llegaban, nos comentaba que eran una locura, que aquello era ilegal e irrealizable, el enfrentamiento entre el entonces alcalde de Piélagos Pacheco y ella era evidente, y en aquello, en lugar de avanzar, cada vez aparecían más problemas.

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En cuanto al PGOU de Argoños que se aprobó en 2007, a pesar de ser recurrido hasta el Tribunal Supremo, fue declarado legal; el mismo contempla la mayoría de las viviendas en suelo urbano consolidado, sin embargo, ese plan del  2007 tenía importantes defectos, entre ellos que había obviado las sentencias de derribo, dejando el problema sin resolver, engañando a los afectados, que años más tarde comprobarían que no solo no se hizo nada para acabar con los problemas de los derribos, sino que aquel plan los obviaba totalmente y dejaba la situación de una posible regularización, igual o peor que antes de la aprobación del citado plan. Podemos decir, sin lugar a dudas que fue toda una tomadura de pelo, un engaño, por parte de Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Argoños, luego vendrían muchos más. 

En Escalante, el edificio de las Torres, el Gobierno siempre lo ha visto como un enfrentamiento entre vecinos, incluso ahora, e intenta inmiscuirse lo menos posible, en aquellos tiempos con Pedro Jado como alcalde, este sí intento buscar soluciones, y su sucesor, Juan José Alonso, también; sin embargo al Sr. Sarabia, el alcalde actual, es algo increíble, no se le conocemos ni una actuación, ni una declaración, baste con decir que cuando le hemos pedido que nos explicará la situación actual simplemente dice que no le parece adecuado. En fin, después de treinta años, tener un irresponsable así al frente de un ayuntamiento es penoso.

El consejero que tenía la competencia de urbanismo, por aquellos tiempos, era José Vicente Mediavilla, todo el mundo le veía como el delfín de Revilla. Sin duda, era una persona muy válida, de amplios conocimientos jurídicos, a finales de 2003, ya nos decía que la única forma de solucionar el problema de los derribos era mediante el planeamiento urbanístico, lo cual debía de hacerse rápido y bien. Bueno, pues de momento, se ha hecho lento y mal.

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Aprovechando que la Marcha bajaba por calle Vargas, y que allí fueron las primeras entrevistas con los directores generales, hay que reconocer que hemos conocido unos pocos, y de todo el amplio arco parlamentario, desde PRC hasta el PSOE pasando por el PP. En sus inicios, fue Miriam García,  y con el tiempo, uno no sabe si lo suyo era solo amabilidad, o tapaba la realidad. 

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Después vendría Pedro Gómez, un buen hombre al que el tema de los derribos le incomodaba, profesor de universidad, que, al menos, fue el primero que con su consejero, José María Mazón, -al que no le gustaba ni el nombre de nuestra Asociación- hicieron un plan de actuación para las sentencias de derribo, plan que sigue vigente en casi todos sus puntos después de lustros, con la única pega de que han caducado todas sus fechas, aquí el intento de solucionarlo fue un poco más serio.

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Después llegaría el PP con su mayoría absoluta al poder, nunca lo tuvieron más fácil, mayoría absoluta en el Gobierno de España, en Cantabria y en los ayuntamientos con sentencia de derribo. El presidente, Ignacio Diego, iba diciendo, por activa y por pasiva, que uno de los problemas principales de su mandato eran los derribos y que quería solucionarlo. Para ello nombró consejero a Javier Fernández, un abogado con experiencia en el tema, y donde el director general de urbanismo, Fernando José de la Fuente, tuvo menos protagonismo, ya que el consejero cogió los mandos. Ahí su contribución en la aprobación de los convenios y en el tema del pago de los daños morales a través de un expediente administrativo. 

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Más tarde llegó un asturiano de Gijón, con mucha experiencia política, había ocupado importantes cargos públicos en el PSOE de esa comunidad, no podemos decir que no lo intentó, ni dudar de su gran amabilidad, pero la legislatura se le quedó corta o se dejaron los problemas para el final, como los malos estudiantes;  la realidad es que se marchó y la huella que nos dejó fue el pago de esos daños morales y los PGOU pendientes otra vez. 

Volvieron a coger las competencias de urbanismo los regionalistas, que entraron, como si este problema fuera nuevo, con mucha menos diplomacia, con mucha menos comprensión hacía las familias afectadas, y a veces parece que nos quieren hacer culpables de la situación de injusticia que estamos viviendo. 

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Con Francisco Javier Gómez Blanco, de director general de urbanismo, por ahora, nos hemos llevado muchos disgustos y pocas alegrías, la principal la creación de una oficina del afectado, pero la legislatura corre. Desempolvaron el plan de actuación para los derribos de Pedro Gómez y Mazón, le pusieron fechas, y al año, ya estaba caducado, lo que habían presentado a los propios jueces ya no se cumple. La realidad es incluso más dura que el pasado.

Seguimos la Marcha  por la Alameda donde es placer caminar, pasear  o sentarse a disfrutar, pese a que  las terrazas de los bares ya están ocupando un espacio público que debería estar mejor regulado, y respetar más esa zona para los ciudadanos. Con todo, la Alameda con sus árboles es un auténtico pulmón en el corazón de la ciudad.

Por allí se escuchaban con más fuerza los gritos de “legalización es la solución”, “legalización es la solución”. “Gobierno culpable, Gobierno responsable”, “queremos nuestras casas”, “queremos nuestras casas”, todo ello interrumpido por los comentarios de Angelines, que no paraba de dar caña, a los que tanto daño nos han hecho.

Según íbamos bajando la marcha se iba estirando, por delante más rápidos  y  los de atrás más distraídos con sus conversaciones, algunos de los que estaban en mejores condiciones físicas tuvieron que bajar corriendo para frenar el ímpetu de la cabeza de la manifestación y pedirles que fueran más despacio, no había prisa, y no podíamos rompernos en trozos, que parecía el paso del ejército de Pancho Villa.

La marcha, poco a poco, se iba recomponiendo, algunas veces hemos llevado más de 10 pancartas, además de un montón de banderas AMArillas, e incluso muñecos de inocentes, nuestro discurrir daba colorido a la Alameda, y llamaba la atención de los viandantes, que al ver tantas personas, algunas se nos acercaban para saber qué reclamábamos, a lo que contestábamos “nuestras casas, señora, nuestras casas, que nos las quieren robar”.

Llegamos a plaza Numancia, la cuesta ya se había terminado, ahora seguimos por la calle Burgos hasta la Plaza del Ayuntamiento. En nuestras Marchas no siempre hemos hecho paradas en ella, la mayoría de las veces era lugar de paso, y seguimos por la calle Burgos, rumbo hacia la sede del Gobierno de Cantabria.

Sin embargo, recuerdo que en una de las primeras Marchas, en esa plaza del Ayuntamiento realizamos una obra de teatro que tenía mucho de realidad y poco de teatro. En ella, una vez reunidos, los cuatro jinetes de la apocalipsis nos iban atacando, pasando por encima, y dejando el cuerpo maltrecho, lleno de heridas que el tiempo no ha cerrado, sino que incluso se han hecho más grandes y profundas.

Unos hacían de “los jinetes”, que como sabemos eran el demandante (ARCA), el ayuntamiento, el Gobierno de Cantabria y la Justicia y frente a ellos un grupo tirado en el suelo representaba a sus víctimas. Se iban relatando las puñaladas que habíamos recibido de cada uno de ellos:

Así, del demandarte, ARCA, comentábamos  que nunca había querido saber nada de nosotros, que incluso  nos había culpabilizado, diciendo que habíamos comprado a mitad de precio sabiendo que  nuestras viviendas tenían sentencias de derribo,  que éramos unos aprovechados. 

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Las mentiras eran tan grandes, tan injusto lo que se decía o se dejaba entrever en algunas entrevistas, para justificar unas actuaciones irresponsables. Se usó y abusó de la acción popular, se denunció solo en unas partes muy determinadas de Cantabria, y se pretendía, con ello, influir en las leyes que se estaban redactando en el Parlamento (Plan de Ordenación de Litoral -POL-,  Plan de Ordenación de los Recursos Naturales -PORN-,...) así como presionar tanto al legislativo como al ejecutivo.

Las familias afectadas éramos mera mercancía,  rehenes del enfrentamiento, de su batalla con las administraciones públicas, víctimas colaterales de una guerra en la que no formábamos parte, de unos intereses que algunas veces nunca han quedado claros.

También es cierto que los máximos culpables los dictan los tribunales, y las sentencias de los mismos, y los condenados, sin duda alguna, son las administraciones públicas, los ayuntamientos afectados y el Gobierno de Cantabria, pero para que se haya producido tan grave daño a cientos de familias alguien puso la mecha donde se guardaba la dinamita, y nos ha explotado a todos, ya que todos tendremos que pagar, a escote, los millones de euros de esta situación, por los daños morales y patrimoniales producidos. 

Por otra parte, los ayuntamientos, que tienen el pecado original, que fueron los que dieron esas licencias que luego fueron ilegales, que engañaron a los compradores cuando fuimos a esas instituciones a preguntar si había algún problema y nos decían que era todo legal. No esta demás recordar los nombres de regidores como:

El alcalde Arnuero, José Luis Rey Villa, alcalde-constructor de Arnuero-Isla, condenado por el Tribunal Supremo a 14 años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por especulaciones inmobiliarias, podríamos decir que con él se inició el escándalo de las sentencias de derribo en Cantabria.

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El alcalde de Piélagos, Jesús Ángel Pacheco, ya fallecido,  fue condenado a año y medio de cárcel y nueve de inhabilitación por prevaricación urbanística. 88 viviendas con sentencias de derribo en Liencres, y el desastre del Alto de Cuco fueron parte de su legado. 

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El alcalde de Argoños, Joaquín Fernández San Emeterio, quien provocó con sus actuaciones y licencias el posible derribo de las viviendas de 255 familias, todo un desaguisado jurídico y urbanístico; actualmente disfruta plácidamente de su jubilación, él que ha causado tanto dolor con sus actuaciones.

Quizás la mayor responsabilidad fue la del Gobierno de Cantabria, con Miguel Ángel Revilla a la cabeza,  porque era el que tenía más medios para impedir las ilegalidades, y porque tiene mandatos del Parlamento que, reiteradamente, le está pidiendo una solución para los afectados y sigue sin darla, mirando para otra parte, aumentando el daño a las familias. Aquí no hay dudas de culpabilidad, está puesta, negro sobre blanco, en las distintas sentencias, que condenan a las administraciones públicas, se les tenían que hacer caer la cara de vergüenza  a estos representantes condenados por daños morales a cientos de familias.

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Como nuestra marcha sigue, más adelante daremos detallada cuenta de sus actuaciones, de las actuaciones de ejecutivo, o lo que es peor, de la falta de las mismas, que llegan hasta nuestros días.

Por último la Justicia, que ha encontrado a los culpables, los ha condenado, pero en una cabriola imposible de comprender, pagan las víctimas las penas, y los culpables disfrutan de los resultados de sus acciones ilícitas. Es como si alguien entra a robar en una tienda, se lleva la caja, y el juez condena al ladrón a pagar una multa de “x” pero la pena, el dinero, lo tiene que abonar la cajera del establecimiento con su patrimonio. 

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Siempre recordamos las palabras de nuestro amigo Paco, cuando decía que teníamos menos derechos que quien compra una lavadora, esta al menos tiene una garantía. Aquí las víctimas son robadas, destrozadas psíquicamente, por quien tiene la obligación constitucional de protegerlas, y solo les queda el derecho a lamentarse, a ir de Marcha enseñando las heridas y cicatrices que las mismas le han hecho, esperando que alguna vez la justicia se quite la venda y condene a los culpables, deje de estar secuestrado el patrimonio de las víctimas. Aquí sí que es aquello de ”burros y apaleados”.

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Contaba Fernan, uno de los afectados, la anécdota aquella del gran Gila adaptada a nuestra situación. Estaban discutiendo los ayuntamientos afectados por los derribos con sus demandantes, los ecologistas, y estaban tan cabreados que no paraban de pegar a unas pobres familias que pasaban por allí.  Al ver esto el Gobierno dijo “esto no puede ser, no se puede tratar así a personas inocentes”, y entre el Gobierno, los ayuntamientos y los demandantes le siguieron dando tal paliza a las pobres víctimas que iban perdiendo todo su patrimonio; en esto pasó por allí la Justicia y dijo: ¡alto señor!,  ¡paren Uds.!, ¡qué hacen!, ¡están locos!, ¡no ven que son los inocentes!, ¡que son unas pobres víctimas!, y entre los cuartos: Gobierno, Ayuntamiento, demandante y Justicia les dieron, ..., les dieron hasta acabar con más de 200 personas que ya no lo pueden contar y dejando a los demás tan maltrechos, que a duras penas podrán seguir pidiendo justicia.

Los cuatro jinetes de los apocalipsis, cada uno con su pancarta para que no hubiera equivocaciones, y aquí no había ninguno bueno, puestos en sus cuatro columnas, y cuando  a la voz del narrador de la historia los iba nombrando:

¡Los ayuntamientos!, y contaba todos los agravios cometidos. Estos corrían, atravesando a las víctimas, que yacían tumbadas en la plaza, y pasaban por encima de ellas pisoteando todos sus derechos.

¡El Gobierno!, y la segunda columna avanzaba rápidamente sobre los afectados que lloraban sus desgracias, mientras el narrador recordaba como su presidente,  el mismo Revilla, y remataban a los pocos que todavía no yacían en suelo de la plaza del Ayuntamiento. 

¡El demandante, (ARCA)!, y saltaban los que estaban detrás de su pancarta reivindicando los derechos que tienen que tener los animales,  sin preocuparse de violar los derechos fundamentales de las personas, como el derecho a una vivienda digna, el derecho a salud, a la educación, que van ligados a la misma. Triunfantes por sus sentencias, se olvidaban de sus víctimas colaterales, al final solo eran personas, buena gente que ha trabajado toda su vida para tener una vivienda.

Por último, ¡la Justicia!, este es el grupo  más numeroso, cogían a las víctimas y no las curaban, no reparaban el daño que les habían ocasionado los demás con sus actuaciones, sino que intentaban esconderlas, que no se vieran, tapar unas conductas que tanta desgracia han causado.

Para que todo no fuera tan triste, tan duro, tan lamentable, sobre todo porque estaban entre nosotros estos pequeños bajitos, que con sus sonrisas nos hacen tener alguna esperanza en el futuro y por lo cuales, merece la pena luchar para se haga justicia y se respeten los que son también sus legítimos derechos, para finalizar,  todos juntos recorríamos la plaza al grito de “a por ellos que son pocos, injustos y cobardes” venciendo a los monstruos malvados de cuatro cabezas que nos intentaban robar hasta el corazón...
 

Capítulo 20. Por la calle Vargas al Ayuntamiento de Santander
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