Sergio Tamayo, de Izquierda Unida, formación del que es miembro de la Plataforma, indicó en declaraciones a la prensa que ese tratado entre la Unión Europea y Canadá está previsto que sea votado el próximo 24 de enero en comisión y a primeros de febrero en el Pleno del Parlamento europeo. Por ello, explicó que Cantabria por lo Público y sin Recortes organizó esta movilización. La finalidad era alertar de la "desregulación laboral, sanitaria o medioambiental" que conllevan este tipo de tratados. La manifestación se realizó desde la plaza del Ayuntamiento a la plaza Pombo y estuvo liderada por la pancarta 'Contra la tiranía de las multinacionales, soberanía popular',
Tamayo también aclaró que "muchas" organizaciones, como Cantabria por lo Público y sin Recortes, se están movilizando para explicar a los ciudadanos lo que supone este tratado e intentar que, por "presión social", no sea ratificado por los parlamentos nacionales.
Y es que, según indicó, una vez que el CETA sea ratificado por la comisión y el Parlamento Europeo, éste tendrá que recibir luz verde por parte de las cámaras nacionales. Las movilizaciones, que se seguirán realizando, serán para que no se produzca ese momento "ni en España ni en cualquier otro país".
Antes, en el Parlamento Europeo, no hay oportunidad de frenar la propuesta, ya que Tamayo afirmó que es seguro que el CETA será aprobado porque 'populares', socialistas y liberales "están a favor de estos tratados".
Pero mantiene la confianza en que, cuando el CETA llegue al Congreso de los Diputados, "se pueda tirar para atrás" convenciendo al PSOE "de que no se apruebe", aunque advirtió de la "fuerza de las multinacionales y sus intereses".
La Plataforma aprovechó esta manifestación para advertir también sobre otros tratados como el TTIP, entre la UE y Estados Unidos, y el TISA, tratado internacional de 23 países, entre ellos todos los de la UE, y EEUU, porque considera que sólo buscan beneficiar a las grandes corporaciones multinacionales.
La protesta de este sábado en Santander se enmarca en una campaña nacional que están llevando a cabo varias organizaciones contrarias a la puesta en marcha de estos tratados que, a su juicio, perjudican a la ciudadanía.
