El Gobierno de Cantabria y el Ministerio de Consumo han firmado un convenio en el que se recogen, entre otros compromisos, mejorar la funcionalidad de la Junta Arbitral de Consumo de la comunidad autónoma.
La Junta Arbitral de Consumo de Cantabria, que fue la primera del país en ponerse en funcionamiento en 1996
El acuerdo implica la adhesión a un marco jurídico necesario y unitario para el adecuado desarrollo de las funciones de la Junta Arbitral de Consumo de Cantabria, que fue la primera del país en ponerse en funcionamiento en 1996, y que alcance la acreditación en España y en la Unión Europea, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.
El Gobierno regional se compromete, a través de la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, a impulsar en su ámbito territorial la gestión y administración del arbitraje institucional de consumo.
Otro de los compromisos recogidos en el convenio es la creación de un sistema de información recíproco para el "buen funcionamiento" del Sistema Arbitral de Consumo.
La firma de este documento se enmarca en la estrategia del Ministerio de aunar criterios y procedimientos de actuación de las Juntas de las comunidades autónomas.
Además, se trata de dar un impulso y poner en valor las Juntas Arbitrales de Consumo como "herramientas imprescindibles" para la resolución de conflictos por vía extrajudicial.
Desde su creación en 1996, la Junta Arbitral de Cantabria ha propiciado que los usuarios y consumidores "hagan valer" sus derechos frente a situaciones abusivas o irregulares y, también, se ha convertido en un medio "extraordinariamente útil y ágil" para que las empresas alcancen acuerdos con sus clientes, según ha destacado el consejero, Javier López Marcano.
La Junta Arbitral de Cantabria atiende en torno a 1.500 reclamaciones al año (1.494 reclamaciones en 2020) con un índice de resolución de conflictos de 351 laudos dictados el pasado año. Los sectores que reunieron mayor número de reclamaciones en 2020 fueron la telefonía fija (643) y la móvil (209).
Les siguen las agencias de viajes (54), que se vieron afectadas por la crisis de la COVID-19; el sector de reparación de automóviles (46); Gas (43) y electricidad (35).
