El Gobierno de Cantabria (PRC/PSOE) cobrará los rescates a bañistas, senderistas y montañeros que se salten prohibiciones y advertencias de las autoridades. Así lo han confirmado fuentes del Ejecutivo autonómico después de que la consejera de Presidencia, Paula Fernández (PRC), avanzara, durante su comparecencia en comisión parlamentaria para exponer los proyectos de su departamento en esta legislatura, que en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas –conocida como ley de acompañamiento a los Presupuestos autonómicos de 2020– se introducirá una modificación de las tasas por servicios de extinción de incendios, rescates y salvamento para clarificar los supuestos en los que se podrá repercutir el coste de este tipo de operativos a los particulares que se beneficien de éstos. Fernández explicó que el objetivo de esta modificación será establecer de forma "clara y precisa" y con criterios "objetivos" los supuestos que constituirán el hecho punible y permitirán así repercutir el coste del rescate a los particulares. Y avanzó que, tras esta modificación, se cobrarán los recates a aquellas personas que realicen una actividad en un lugar señalizado como prohibido para ella, cuando se desoiga una advertencia sobre una alerta de fenómenos meteorológicos adversos, si la actividad necesita una autorización previa y dicho trámite no se ha hecho o si la persona la ha realizado sin usar el equipamiento adecuado para ello.
El Gobierno ha tomado la decisión tras ver que los criterios que se señalan actualmente en la regulación no son "del todo operativos"
El Gobierno ha tomado la decisión de realizar esta modificación después de varios rescates efectuados este verano y tras ver que los criterios que se señalan actualmente en la regulación para poder repercutir el coste del rescate no son "del todo operativos". Así, Fernández señaló que en la actual se establece que para poder cobrar al particular por el rescate es necesario que el sujeto pasivo haya actuado "con dolo o imprudencia manifiesta", unos criterios que generan "dificultad" a la hora de probar que eso ha sido así. Como ejemplo, Fernández aludió a uno de los rescates llevados a cabo este verano en el Faro del Caballo de Santoña a una joven herida tras tirarse al agua desde una altura considerable, una actuación en la que tuvo que intervenir el helicóptero del Gobierno de Cantabria. La consejera explicó que, aunque inicialmente parecía un caso "de imprudencia manifiesta", finalmente los informes técnicos y jurídicos no permiten cobrarle el rescate.
