El Ayuntamiento de Santander seleccionará a aquellas personas de la ciudad que reúnan los requisitos para acceder a unos de los inmuebles del Fondo Social de Vivienda destinados por las entidades financieras y ofrecerá a éstas últimas y a la SAREB, el denominado 'banco malo', gestionar otras que tienen disponibles para darles un "uso social".
Así lo ha anunciado este viernes el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, tras reunirse con entidades financieras para proponerles una serie de acuerdos para potenciar el alquiler social y facilitar así el acceso a una vivienda a las familias con menos recursos y a las personas que atraviesan dificultades.
El Ayuntamiento contactará directamente con SAREB para intentar gestionar las cerca de 45 viviendas que tiene en Santander para intentar darles un "uso social".
De la Serna ha explicado que esta labor podría hacerse directamente desde el Ayuntamiento o en colaboración con el Gobierno de Cantabria, que recientemente anunció que firmaría un convenio con el 'banco malo' para la cesión temporal de parte de su stock para alquiler social.
Respecto a aquellas viviendas del Fondo Social de Vivienda --que coordina el Gobierno central, la FEMP, las instituciones financieras y representantes del 'tercer sector' y que ha sido ampliado recientemente en número y flexibilizadas las condiciones de acceso-- se ha acordado en la reunión que los Servicios Sociales del Ayuntamiento no solo se encargarán de evaluar a las personas que les remiten las entidades financieras para comprobar que cumplen con los requisitos para acceder a una de estas viviendas, sino que también se encargarán de seleccionarlas.
De hecho, el Consistorio podrá, incluso, realizar un "proceso de captación" de éstas para enviárselas a la entidad financiaras.
En cuanto al stock de viviendas de las entidades financieras que no están ni en poder de la SAREB y no forman parte del Fondo Social de Vivienda, el Ayuntamiento les ha pedido que las incorporen a los sorteos del fondo especial de vivienda creado para atender a personas en situación de "alta vulnerabilidad".
La postura de los defensores del pueblo
En su declaración conjunta, los Defensores del Pueblo instan al Estado y a las Comunidades Autónomas a impulsar la legislación suficiente que garantice el derecho constitucional de acceso a una vivienda digna y a que, a través de los presupuestos respectivos doten de recursos a las Administraciones competentes para materializarlo a favor de los ciudadanos que lo necesiten.
Los defensores del pueblo abogan por reservar un porcentaje de las viviendas a los colectivos vulnerables y personas con especial necesidad de vivienda, y consideran "más justo" que la adjudicación de las viviendas de protección pública se realice conforme a un sistema de baremación previamente establecido y no por sorteo. En este sentido, entienden que deben reforzarse la publicidad, transparencia, celeridad y eficacia de los procedimientos de adjudicación de viviendas.
