El Ayuntamiento de Astillero ha terminado de abonar a Hacienda la deuda cercana a 800.000 euros contraída por el "fraude tributario conscientemente realizado durante el gobierno municipal del Partido Popular" respecto a la venta de una parcela en el Polígono de Morero. Así lo ha dicho el alcalde de Astillero, Francisco Ortiz (PRC), quien ha recordado que, a razón de unos 100.000 euros al año, los astillerenses "han tenido que ir pagando este atropello del PP que ha perjudicado seriamente" el presupuesto municipal en materia de inversiones. "Tapar los agujeros y desaguisados del PP nos ha lastrado económicamente. Después de 15 años, el fraude del IVA que comenzó por el impago de 232.000 euros se engordó hasta cerca de 800.000 euros por la irresponsabilidad y el empecinamiento del Partido Popular", ha insistido Ortiz.
En un comunicado, Ortiz ha explicado que el Ayuntamiento ha tenido que pagar más de 630.000 euros, los 231.000 que debería haber ingresado en el momento en concepto de IVA, y unos 400.000 euros más como sanción e intereses por no abonarlo en su momento, cuando era alcalde Ignacio Diego (PP), a quien sustituyó Carlos Cortina (PP). A ello se suman los recursos judiciales presentados por el PP "a costa de las arcas municipales", que han incrementado en más de tres veces el importe inicial de la sanción, además de las costas de la primera instancia, 23.000 euros más las de la apelación, ha continuado el regidor.
El 30 de noviembre de 2012 el Tribunal Supremo confirmó la multa de 232.119 euros de Hacienda al Ayuntamiento de Astillero por no ingresar el IVA que cobró en 2003 por la venta de una parcela del polígono de Morero en el Tesoro Público. Se trata de una parcela en el ámbito de actuación número 6 del Plan Parcial de Morero, con un precio de licitación de casi 1,7 millones de euros, IVA incluido, con un uso de industria-almacenaje y comercial, y que se vendió en octubre de 2003 a la empresa Pretersa Prenavisa, Estructuras de Hormigón S.L por 1,4 millones de euros más IVA. En la cláusula tercera de la escritura se hizo constar que el Ayuntamiento recibió, para su ingreso en la Hacienda Pública, el IVA correspondiente a la transmisión por valor de 323.119 euros.
En marzo de 2005, la Inspección de Hacienda formalizó un acta de disconformidad contra el Ayuntamiento de Astillero por el concepto de IVA del ejercicio 2003. En el acta de la Inspección de Hacienda se indicaba que el Ayuntamiento transmitió la finca y repercutió y cobró a la adquirente el IVA sobre el precio de transmisión, sin ingresar en el Tesoro Público dicho importe por lo que procedió a informar al Consistorio del inicio de un expediente sancionador que derivó en la imposición de una sanción del 100% de la base "por infracción tributaria grave" consistente en dejar de ingresar y en obtener indebidamente una devolución por importe de 232.119 euros. En julio de 2005 el inspector autonómico dictó acto administrativo de liquidación tributaria, del que resultó una deuda por IVA del ejercicio 2003 de 245.075 euros. A partir de ahí, el Ayuntamiento presentó reclamaciones contra el acto de liquidación y la sanción tributaria ante el TEAR (Tribunal Económico Administrativo Regional) de Santander, que fueron desestimadas.
En marzo de 2006 interpuso recurso de alzada contra el anterior acuerdo del TEAR de Santander ante el Tribunal Económico Administrativo Central y el 3 de septiembre de 2007, sin que el TEAC hubiera resuelto dicho recurso de alzada, interpuso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional recurso contra la desestimación presunta por el TEAC de su recurso de alzada. El recurso fue resuelto por sentencia de 15 de octubre de 2008 de la Sección Sexta de la citada Sala, que lo desestimó, tras lo que decidió presentar el recurso de casación que el Tribunal Supremo desestimó igualmente.
