La Audiencia de Cantabria considera que existen indicios suficientes para pensar que la empleada de Cementerio Jardín, empresa municipal de Santander, se habría quedado con 176.000 euros de la entidad en 2011, en lugar de los 18.000 que se pensó inicialmente, por lo que podría enfrentarse a un delito de estafa de especial gravedad.
De este modo, la Sala asume la tesis de la acusación particular y aprecia indicios suficientes como para relacionar con esta empleada no solo el descuadre financiero de la sociedad en 2011, sino también en ejercicios anteriores, según publica Efe. La cantidad de 176.000 euros ya se recogía en informes de auditoría y periciales que en su día fueron examinados en el consejo de administración de esta sociedad.
Hace un año el Juzgado de Instrucción dictó el auto en el que acordaba que continuaran las actuaciones contra esta empleada, por si los hechos que se le atribuían pudieran constituir un delito de apropiación indebida.
La acusación particular, que ejerce la sociedad Cementerio Jardín, presentó recurso contra ese auto y la Audiencia lo resolvió dándole la razón, en una resolución de finales de diciembre a la que ha tenido acceso Efe.
La acusación particular quería que se modificaran los hechos que se imputan a esta empleada, por un lado para que se considerara que la cantidad de la que supuestamente se apropió fue de 176.754,60 euros, y no de 18.000 euros, como se recogía en el auto del Juzgado.
La Sala entiende que, tras la actividad probatoria que se ha practicado en la instrucción de la causa, sí que existen suficientes indicios como para afirmar que los hechos pueden ser un delito de estafa de especial gravedad.
El tribunal insiste en que "hay indicios bastantes" para sostener que esta empleada pudo apropiarse de más dinero que el que se indica en el auto del Juzgado, hasta más de 176.000 euros.
La Sala enumera algunos de esos indicios, señalados por la acusación particular, que le lleva a concluir que el periodo en el que la investigada supuestamente se apropió dinero fue más amplio y que la cantidad sustraída podría ser mayor.
Así, subraya que en ese periodo era esta empleada la que ocupaba las funciones de responsable de caja de la sociedad Cementerio Jardín y quien llevaba el control de los ingresos y gastos, sin que haya constancia de que otra persona hubiera participado en ese tiempo en esa gestión.
El tribunal se remite a un informe de auditoría, según el cual entre los ejercicios 2006 y 2011 en la sociedad Cementerio Jardín hubo un "descuadre" de 144.638,44 euros, a los que habría que sumar 32.116,56 euros más "arrastrados de fechas anteriores al año 2006".
La Audiencia también alude a las resoluciones del Tribunal de Cuentas de 2015 que "declaran la responsabilidad contable por alcance" de esta empleada, por un total de 108.442 euros, más 21.671 euros de intereses, por los ejercicios de 2009 y 2010.
