Las asociaciones de dependencia Federación Empresarial de la Dependencia (FED Cantabria), Plataforma para la Atención de la Dependencia (PAD) y Lares –organizaciones que prestan servicios a personas mayores y personas con discapacidad y agrupan más de 80 centros, 5.200 usuarios y 2.300 trabajadores en Cantabria– han anunciado en el Juzgado la interposición de demanda contra la nueva normativa del Gobierno de Cantabria.
En nota de prensa, han explicado que, tras el estudio de las órdenes y el decreto, "se ven abocados" a emprender la vía judicial "para garantizar que no se agraven los problemas que atraviesa el sector y que no se consolide una norma carente de criterios técnicos y publicada sin consenso". Según dicen, el análisis de la norma desde la perspectiva jurídica, técnica y económica, arroja las conclusiones que ya habían avanzado, en el sentido de que "no resuelve los problemas endémicos de la actividad (falta de coordinación socio sanitaria, caos en la gestión farmacéutica, inseguridad jurídica, salarios precarios, desprotección de usuarios y familias)", etcétera, cuestiones que en algunos casos "no sólo no se resuelven, sino que se ven acrecentadas por la nueva norma".
Para las organizaciones, la "dejación de funciones" de la Consejería de Política Social "ha sido la tónica" de actuación durante la legislatura. Así, señalan que han llevado ante los tribunales a la Administración por "su desinterés" a la hora de garantizar el cumplimiento del Código Técnico de Edificación en la construcción de nuevos centros de servicios sociales, sobre todo en materia de seguridad. "Tampoco en este caso ha quedado otra vía que la judicial, pues habiendo puesto en conocimiento de la Consejería el hecho de que hay centros que incumplen las normas relativas a protección contra incendios, desde la jefatura de inspección se ha respondido afirmando que no interpretan la norma de esa forma y que no tienen intención de intervenir", afirman.
