El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de Santoña ha acordado el sobresimiento provisional y el archivo de la causa abierta contra ocho concejales del PSOE por un presunto delito continuado de prevaricación entre los años 2003 y 2009, durante los que formaron parte del equipo de Gobierno de Puerto Gallego al frente del Consistorio.
Según consta en el auto al que ha tenido acceso este diario, la magistrada considera que “no resulta debidamente justificada la perpetración del delito” después de haberse practicado las “diligencias de averiguación que constan en autos”.
La decisión judicial, contra la que cabe recurso de reforma en el plazo de tres días y recurso de apelación en el plazo de cinco días, afecta a José Ramón Badiola, Pedro María López, Carmen Leiva, Diana Gil, Joaquín Bonet, Gloria Valmaseda, María Antonia Alonso y Jesús María Valle, que de este modo quedan absueltos de las acusaciones realizadas por un particular, y a las que se sumó el PP. Sin embargo, no afecta a la que fuera alcaldesa de Santoña, Puerto Gallego, que fue separada de esta causa por su condición de aforada al ser elegida como diputada en el Congreso de los Diputados.
De hecho, en septiembre de 2016 el Tribunal Supremo abría una nueva causa por este presunto delito de prevaricación continuada relacionado con el fraccionamiento de contratos en el Consistorio. Este proceso judicial, que todavía no se ha resuelto, precipitó la dimisión de la socialista como diputada.
