La Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) ha subrayado que los responsables de las sentencias de derribo en Cantabria que "deben dar la cara, asumir su responsabilidad política, pedir disculpas a la sociedad cántabra y colaborar con todas sus capacidades a solucionar este bochornoso problema que ellos mismos han creado".
Para ARCA, "la consecuencia lógica que se desprende de las 859 viviendas con sentencia de derribo que hay en Cantabria, es la muy justificada necesidad de que el Gobierno regional elabore y apruebe sin dilación un Plan de Ordenación del Territorio para Cantabria, que evite seguir creando situaciones como la que sufrimos, consecuencia de una agresiva e ilegal gestión territorial -dice- que nunca debió de haberse permitido".
En un comunicado de prensa, ARCA señala que la reciente sentencia del Tribunal Supremo contra el Ayuntamiento de Argoños, por su intento de legalizar cuatro viviendas con sentencia de derribo en el Camino del Portillo, en la que el alto tribunal acusa al ayuntamiento de pretender "eludir la ejecución de la sentencia", de "desviación de poder" y "propósito espúreo", "culmina y pone fin a un mediático y dilatado proceso de triquiñuelas jurídicas mantenido a lo largo de cuatro años por el anterior consejero de medio ambiente y el gobierno que lo sustentaba, destinado a aplazar indefinidamente el problema de los derribos en lugar de solucionarlo".
Los responsables "son aquellos alcaldes, concejales y técnicos que en los ayuntamientos afectados apoyaron y aprobaron a sabiendas esas construcciones ilegales"
"Todas las iniciativas desarrolladas con gran aparato publicitario destinadas a evitar la ejecución de numerosas sentencias de derribo en varios ayuntamientos de Cantabria han fracasado, al ser rechazadas por los tribunales definitivamente en última instancia. Los promotores políticos de esta iniciativa, lo sabían. Pero optaron por distraer a la opinión pública y tranquilizar a los afectados con juegos y artilugios jurídicos, con la única intención real de dejar pasar el tiempo", denuncia la asociación ecologista, promotora de la mayoría de los recursos que han desembocado en sentencias de demolición de viviendas.
ARCA señala que los responsables de las 859 viviendas ilegales con sentencia de derribo que hay en Cantabria, del daño ocasionado al territorio, medio ambiente y paisaje de la región, "de la incertidumbre y desasosiego de los particulares afectados, de la potencial quiebra económica que se cierne sobre los ayuntamientos implicados y del escandaloso espectáculo de desobediencia del poder ejecutivo al poder judicial, tienen nombre y apellidos concretos, son localizables, y miran para otro lado mientras cargan a toda la sociedad cántabra con las negativas y problemáticas consecuencias de los abusos de poder que ellos cometieron en el pasado".
Los responsables, añade, "son aquellos alcaldes, concejales y técnicos que en los ayuntamientos afectados apoyaron y aprobaron a sabiendas esas construcciones ilegales, y los cargos públicos responsables de las consejerías afectadas y técnicos implicados que formaban parte del Gobierno regional en ese momento. Su misión era garantizar el cumplimiento de la legalidad, y utilizaron sus cargos públicos justamente para lo contrario, para promover o encubrir su incumplimiento", apostilla.
ARCA afirma que "aunque la mayoría de los que crearon esta situación pertenecen a un determinado partido político, un análisis más detallado podría desvelar que en los distintos niveles administrativos también hay miembros de otros partidos políticos implicados". En su opinión, "ello quizás explique la connivencia y consenso mantenidos por los tres principales partidos políticos en el Parlamento regional en los últimos ocho años para aplazar y diluir en el tiempo -dice- el cumplimiento de las sentencias.
"Todos unidos en silencio cómplice para huir hacia adelante y hacer lo que haga falta para no asumir responsabilidades", denuncia.
