El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado, con los votos a favor de PP, PRC y PSOE y la abstención de Podemos y Ciudadanos, la modificación de la Ley de Mediación autonómica, que reconoce y regula, el derecho a la gratuidad en la mediación y que obliga al Gobierno cántabro a llevar a cabo las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo y aplicación de la norma antes del 1 de enero de 2018. Con la modificación llevada a cabo, se establece que "la gratuidad de la mediación será atribuida individualmente teniendo como referencia la regulación de la institución de la justicia gratuita". De esta forma, se señala que "el reconocimiento del derecho a la justicia gratuita conllevará necesariamente el reconocimiento al derecho de la gratuidad en la mediación para el mismo procedimiento". En este mismo apartado, se explica que aquellas partes que no tengan derecho a la gratuidad en la mediación abonarán la proporción que les corresponda del coste "conforme a lo que se determine reglamentariamente".
El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra (PRC), ha sido el encargado de defender este lunes en el Pleno el texto elaborado por el Gobierno y ha reconocido que ha sido "mejorado" en algunos aspectos con las aportaciones de los grupos durante el trámite parlamentario. En su opinión, se trata de una "buena ley" que "permite el desarrollo efectivo" en materia de mediación; "cubre las necesidades existentes" en este ámbito.
Sin embargo, Podemos, que se ha abstenido, ha opinado que, con el texto aprobado -al que solo se ha incorporado una enmienda de Podemos con "componente estilístico" pero sin apenas contenido-, la mediación gratuita se queda "en nada" y en una "mera declaración de intenciones" dado que "no se dota de herramientas económicas concretas". Y es que, a juicio del parlamentario de la formación morada Alberto Bolado, esta modificación legislativa no va a hacer que la mediación gratuita se equipare a la justicia gratuita como quería Podemos. Por ello, el parlamentario de Podemos ha mostrado la "profunda decepción" de su grupo con el texto que se somete a la aprobación del Pleno, tanto "en el fondo" como en "la forma", y ha opinado que el Gobierno regional ha abordado la negociación "solo con la finalidad de cubrir el expediente". Bolado también ha criticado que en esta ley el Gobierno PRC-PSOE impone un modelo dirigido a "exprimir" a los profesionales de la mediación "sin pagarles nada". "Esta es su ley: Ni presupuesto para la mediación gratuita, ni retribución para los profesionales", ha censurado. Además de lo relativo a la dotación económica, ha criticado que, en ella, la Administración autonómica "no asume la difusión de la mediación", con lo que, a su juicio, seguirá siendo una herramienta "poco conocida" y "residual", solo para quienes sepan de su existencia o se la puedan permitir, en lugar de quedar integrada como unos de los recursos que ofrece la Administración.
En contra de lo afirmado por Podemos, el PRC ha opinado que la norma sí recoge la "apuesta del Gobierno" de regionalistas y socialistas por la mediación gratuita y ha garantizado que habrá dotación económica. En este sentido, ha opinado que la "desconfianza" de Podemos sobre ello "no tiene razón de ser". Además, ha reivindicado que sí se pretende con esta norma "asimilar" la mediación gratuita con la justicia gratuita. También la diputada del PP Isabel Urrutia ha defendido que con esta modificación se establece que aquellas personas que tienen derecho a la justicia gratuita también lo tendrán a la mediación gratuita.
La regionalista Rosa Valdés ha defendido que con la modificación llevada a cabo se efectúan los "cambios ineludibles" para adaptar la ley cántabra a la nacional y también aquellos dirigidos a garantizar su aplicación. En su opinión, con este cambio normativo, "se refuerza la mediación" dentro del ámbito competencial de la comunidad y se "facilita" el acceso a este instrumento de resolución amistosa de los conflicto. El PP también cree que con la modificación aprobada se ha "avanzado mucho" y se ha "mejorado" el proyecto de ley presentado por el Gobierno de Cantabria y por ello ha justificado el sí de su grupo a esta ley pese a que no se han aceptado algunas de las enmiendas 'populares'.
El PSOE ha reivindicado la "gran utilidad" de la mediación como un instrumento "sencillo", "ágil" y "eficaz" para resolver conflictos de forma amistosa y ha resaltado la participación activa que en la elaboración de la modificación aprobada han tenido todas las Administraciones y el conjunto de entidades corporativas.
Ciudadanos, como el resto de grupos, también ha reconocido la necesidad de modificar la ley autonómica pero ha justificado su abstención en que, a su juicio, algunos artículos del texto normativo "no son acordes con la distribución competencial" porque afectan a ámbitos que no son de competencia autonómica. Por ello, pidió a través de una enmienda, no admitida, que fueran derogados al considerar que ya están regulados en la ley nacional, suponían "duplicidades" o incluso eran "más restrictivos" que en la ley estatal o, incluso, "contraproducentes". Según ha dicho, su grupo "no es amigo de regular lo que ya es regulado" y "no va a participar en profusión legislatuva" que, a su juicio, genera "incertidumbre" en la sociedad.
Dos enmiendas transaccionales
Al debate de este lunes en el Pleno habían llegado 'vivas' varias enmiendas de los grupos de la oposición, que han sido rechazadas. Sin embargo, se han aprobado por unanimidad dos transaccionales que realizan incorporaciones a dos de las propuestas que originalmente habían planteado los 'populares'.
Una de estas transaccionales, presentada por PP, PRC, PSOE y Podemos, afecta a lo que establece la ley sobre el concepto de mediación y la otra, de populares, regionalistas y socialistas, a lo dispuesto en esta norma sobre la habilitación para el desarrollo de la ley.
Es en esta última donde "se autoriza al Consejo de Gobierno y al consejero competente en materia de Justicia para que en el ámbito de sus competencias dicten cuantas disposiciones reglamentarias estimen necesarias para el desarrollo de la presente ley". Se establece que dichas disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de la ley, "salvo aquellas que afectan a la mediación gratuita extrajudicial, deberán estar desarrolladas antes del 1 de enero de 2018". También se señala que el derecho a la mediación gratuita intrajudicial "solo podrá reconocerse una vez que se produzca su desarrollo reglamentario".
La otra enmienda transaccional que ha salido adelante establece que "se entiende por mediación aquel procedimiento de solución de controversias, cualquiera que sea su denominación, en que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador".
También se señala que la mediación "pretende evitar la provocación de un pleito, poner por término al que haya comenzado o reducir sus consecuencias". Además, se fija que "cuando la mediación se produzca durante el desarrollo de un proceso judicial tendrá el efecto que determine la legislación estatal".
