viernes 22/10/21
TRIBUNALES

Cuatro años de cárcel para el cabecilla de una red asentada en Castro que estafó más de 4 millones de euros con la venta de coches de lujo

Audiencia Provincial de Cantabria
Audiencia Provincial de Cantabria

La Audiencia Provincial de Cantabria ha impuesto cuatro años de cárcel al cabecilla de una red asentada en Castro Urdiales especializada en estafas a nivel nacional y que obtuvo más de 4 millones de euros con la venta fraudulenta de coches de lujo a terceras personas que nunca llegaron a ser sus propietarios, así como de viviendas cuya gestión conseguían mediante poderes notariales, aprovechándose de la necesidad de los vendedores.

En opinión del Ministerio Público nunca tuvo intención alguna" de cumplir los acuerdos inmobiliarios

Es el único condenado por este delito tras el juicio celebrado esta semana con conformidad de las partes, en el que el implicado ha aceptado la citada pena, que coincide con la solicitada por la Fiscalía para este procesado. En opinión del Ministerio Público nunca tuvo intención alguna" de cumplir los acuerdos inmobiliarios sino, "con ánimo de lucro, disponer del dinero de los préstamos para fines propios", dejando así a deber a una constructora cerca de un millón de euros.

Además, y también con la intención de obtener un "beneficio ilícito" como presidente y socio único de una supuesta sociedad civil de la que no consta escritura o registro, realizó él mismo u ordenó a sus empleados una "pluralidad" de contratos de compraventa de vehículos -más de 30 según la acusación pública, a la que ha tenido acceso Europa Press- "sin haber tenido nunca la intención de cumplir con su parte de los mismos". Para la Fiscalía se sirvió de ellos "puramente para obtener dinero por las ventas de los coches o entrega material de otros de segunda mano", pero "nunca" los entregó a sus compradores.

El valor total del perjuicio causado por estos hechos superó los 1,7 millones de euros y en abril de 2012 ingresó en prisión, de la que salió un año después tras abonar una fianza.

OPERACIÓN DESFILADERO

La causa fue investigada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Castro Urdiales y la Policía Judicial de la Guardia Civil que, en el marco de la denominada operación 'Desfiladero', desarticuló en junio de ese año la organización. Los agentes detuvieron a once de los integrantes del grupo y el cabecilla fue amenazado de muerte por sus propios compañeros y tuvo que ser protegido.

La cantidad estafada se calculó en más de cuatro millones de euros y por esta actividad se vieron afectadas más de 50 personas en Cantabria, Madrid, Bilbao, Irún, Vitoria, Barcelona, Lleida y Málaga, según las pesquisas iniciadas en mayo de 2011 por la Benemérita, que recuperó 22 vehículos de lujo cuyo valor de mercado era superior al millón de euros. Los efectivos también intervinieron 625.000 euros en cheques bancarios y localizaron seis propiedades inmobiliarias que, gracias a la acción policial, no llegaron a su registro público.

Los integrantes de la red alquilaban desde una oficina castreña vehículos de alta gama a empresas de diferentes puntos de España, para después venderlos a terceras personas. Además de no realizar la transferencia, los compradores no recibían los coches.

En otras ocasiones, se hacían con la gestión para la venta de determinadas viviendas con el compromiso de cancelar sus hipotecas. Tras venderlas a un bajo precio, el dueño no cobraba el dinero ni veía saldado el préstamo bancario. A veces pagaban las propiedades con cheques sin fondos.

El cabecilla, de Cantabria, y otros cinco miembros del grupo, vecinos de la región y de Vizcaya, fueron detenidos acusados de falsificación y estafa, delito este último por el que también fue arrestado después otro hombre en Madrid.

EN COLOMBIA Y AMENAZADO POR COMPAÑEROS DEL GRUPO

A raíz de estas identificaciones, el principal implicado despareció y se fue a Colombia, según las pesquisas de los agentes. Al averiguar que podría regresar España y teniendo noticias también de que estaría amenazado por compañeros del grupo para que no desvelara el entramado de la organización delictiva, se dispuso un operativo para su protección y detención.

Una vez arrestado, las amenazas se agravaron, hacia él y su familia, que tuvo que ser vigilada por la Guardia Civil para evitar que se materializaran. En la última fase de la operación fueron detenidos tres acusados por amenazas, extorsiones y coacciones.

Después se efectuaron registros en Castro Urdiales y en Espinosa de los Monteros (Burgos) y se intervinieron cartuchos de munición, navajas, cuchillos de monte, catanas, una mira telescópica de rifle y un maletín de arma de fuego.

Comentarios