El Gobierno ampliará la bonificación del canon de saneamiento, la extenderá a más colectivos y la aplicará de oficio. La medida, que entrará en vigor en 2016, contempla la exención de la parte fija y la bonificación del 70% de la parte variable, para unidades familiares de más de tres miembros perceptoras de la Renta Social Básica, pensiones no contributivas de jubilación e invalidez, subsidio de desempleo o ayudas a la dependencia con ingresos inferiores a 1,5 veces el IPREM.
Además, el Gobierno reducirá la cuota tributaria de agua y basura a los ayuntamientos que apliquen estas mismas bonificaciones a estos cuatro colectivos, descontándoles el 50% del importe que bonifiquen.
Así lo ha anunciado este viernes la vicepresidenta y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, durante la presentación del presupuesto de su departamento para 2016, que asciende a un total de 396,6 millones de euros.
Un presupuesto que, según ha destacado, pretende "hacer frente a los problemas que no pueden esperar, a las situaciones de emergencia y urgencia social que atraviesan miles de ciudadanos" en Cantabria, así como a "grandes objetivos políticos".
Estos cambios en las bonificaciones del canon de saneamiento y la gestión de oficio de las mismas, sin necesidad de que sean solicitadas por los posibles beneficiarios, se introducirán en la Ley de Abastecimiento y Saneamiento a través de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que acompañan a los presupuestos de 2016.
La vicepresidenta ha señalado que el sistema de bonificaciones introducido por el anterior Gobierno en el canon de saneamiento ha resultado "un auténtico fracaso" en comparación con las "miles de personas que se encuentran en situación de emergencia social", ya que solo se han presentado 96 solicitudes en toda Cantabria, al margen de los titulares de la Renta Social Básica, único colectivo al que se aplican hasta ahora de oficio estos descuentos.
Renta social básica
La llamada 'Ley de Acompañamiento' también incorpora cambios en la ley que regula la Renta Social Básica, fundamentalmente para eliminar dificultades burocráticas, garantizar su cobro con carácter retroactivo desde la fecha de solicitud (no desde la fecha de aprobación) y eliminar el plazo de extinción (dos años).
Díaz Tezanos ha señalado que se han encontrado un "tapón importante", de 2.000 expedientes sin resolver a los que se está "dando salida". Según ha destacado, la partida de la RSB crece en más de 3,5 millones en 2016, hasta 21,4 millones de euros, un 19% más, y además es de carácter "ampliable", como también lo son las partidas de emergencia social y atención de menores en riesgos.
De los 396,6 millones del presupuesto total de la consejería de la vicepresidenta y secretaria general del PSOE, 212 millones corresponden al área de política social, dotación que según Díaz Tezanos crece en más de cinco millones, un 3,7%, y en la que se incluye el plan de emergencia social, que se aprobará a finales de este mes con la memoria económica de todas las consejerías, dado su carácter transversal.
Este plan incluye un nuevo fondo extraordinario de suministros básicos dotado con dos millones de euros que gestionarán los ayuntamientos.
Además de "hacer frente a los problemas que no pueden esperar", la vicepresidenta ha dicho que este presupuesto permitirá "recuperar los niveles de calidad" del Estado de Bienestar, "volver a recomponer" el sistema público de servicios sociales, "recuperar las políticas de igualdad desmanteladas por el PP", y poner en marcha estrategias de lucha contra la violencia de género. En este ámbito, Díaz Tezanos ha anunciado la reapertura de recursos de acogida que el PP "cerró".
En materia de Servicios Sociales las principales partidas son para estancias concertadas para mayores y personas con discapacidad, 66 millones; prestaciones económicas para familiares que cuiden a personas dependientes, 29 millones; para los servicios sociales de atención primaria, con un dotación que crece un 24%, hasta los 15,1 millones; o las ayudas a las madres para el fomento de la natalidad, con 1,7 millones.
Universidad, Sodercan y Mare
Otros "grandes objetivos políticos" del departamento de Díaz Tezanos pasan por mejorar la financiación de la Universidad de Cantabria, la investigación científica y el desarrollo económico; gestionar un desarrollo urbanístico y territorial respetuoso con los valores ambientales; y garantizar los servicios básicos de abastecimiento de agua y saneamiento y proteger la calidad ambiental.
El contrato programa de la UC cuenta con una dotación de 69 millones, un 3,24% más, e incluye 400.000 euros para becas y 505.000 euros de apoyo a la investigación. Además, se consignan 366.775 euros para la UNED; y 409.000 para la UIMP.
La vicepresidenta ha explicado que la dotación para Sodercan, de 17,4 millones, desciende respecto a este año porque "se ha priorizado la parte social", pero es un presupuesto "suficiente" -ha dicho- para apoyar y potenciar el tejido industrial, fomentar la innovación e internacionalización de las empresas y fortalecer el sistema regional de I+D+i, a lo que se sumará la captación de fondos europeos.
En materia de medio ambiente, el presupuesto consigna 42,7 millones de euros para infraestructuras hidráulicas y de saneamiento, control y mejora de la calidad de las aguas y actuaciones en el ámbito local. La empresa pública MARE contará con 24 millones para depuración de aguas residuales y 34,5 para tratamiento de residuos, puntos limpios y limpieza de playas.
La vicepresidenta ha recalcado que el Gobierno anterior amplió ambas partidas al poco de aprobar el presupuesto. Y ha destacado que su objetivo es financiar las encomiendas de gestión de MARE de forma "transparente y con un control riguroso", porque según ha dicho, la empresa pública cerró 2014 con unas pérdidas de 3,8 millones y en 2015 cerrará con 4,6 millones, generadas en su mayoría por la encomienda de gestión de saneamiento y abastecimiento.
Por su parte, el CIMA contará con 2,6 millones para actividades de educación, voluntariado, restauración ambiental y prevención de la contaminación. En concreto habrá 300.000 euros para el Plan Provoca, que se va a "abrir a nuevos colectivos y ámbitos"; 1,2 millones para recuperación de espacios degradados; y 480.000 euros para proyectos Life, entre otras partidas.
Urbanismo
En el área de urbanismo y ordenación del territorio, se incrementa de un millón a 1,3 millones y se declara "ampliable" la partida para el pago de los daños morales a los afectados por sentencias de derribo, un colectivo al que el Gobierno quiere "atender con urgencia porque tampoco pueden esperar más". Según Díaz Tezanos, de momento se están tramitando los expedientes de 100 familias por un importe de un millón de euros.
Por otro lado, se consignan 750.000 euros para carriles bici; 196.000 para actuaciones del plan de movilidad ciclista en siete ayuntamientos (Torrelavega, Reocín, Cartes, Colindres, Ampuero y Santander); 70.000 para el fomento del uso de la bicicleta en los centros educativos; 730.000 euros para la elaboración del Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT), el desarrollo de la Ley del Paísaje y otros instrumentos de planificación urbanística; 25.000 para la elaboración de la nueva Ley del Suelo; y 68.000 para ayudas técnicas a los ayuntamientos en la elaboración de los planeamientos.
