La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) ha reclamado este miércoles a la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, “acuerdos extrajudiciales definitivos” que no solo den solución a la situación de las familias afectadas por sentencias de derribo, sino que acaben con un “bucle donde nunca se ve el final” y donde “hay sentencias, recursos, planes generales, ilegalizaciones de esos planes, y damos vueltas a una noria que lo único que conduce es a gastar los recursos de los afectados y de las administraciones”.
En declaraciones realizadas tras la reunión, Vilela ha recordado que “llevamos 20 años con un problema grave para los afectados, sobre todo para todos los ciudadanos”, pero también para la propia administración, no solo por el daño que está haciendo, sino por “los costes que supone este tipo de situación” y porque prolonga en el tiempo “un problema durante el que han fallecido 86 personas de las afectadas que no lo han visto resuelto”.
Es por ello que ha considerado “totalmente necesario poner un techo temporal” que permita solucionar este problema, y a su juicio eso solo se conseguirá con los acuerdos extrajudiciales “entre todos los implicados”.
Vilela ha considerado “totalmente necesario poner un techo temporal” que permita solucionar este problema
“Hay que poner sobre la mesa soluciones reales en las que estemos todos de acuerdo y acabemos de una vez por todas con un problema tan grave, con un coste de más de 100 millones de euros para la Comunidad Autónoma”, ha declarado el presidente de AMA, quien también ha pedido “soluciones reales, no simplemente palabras. Pasa el tiempo, y legislatura tras legislatura estas soluciones no acaban de verse”.
Suficiente una legislatura
Asimismo, y respecto a ese techo temporal, Vilela ha considera que “un marco temporal suficiente” es la presente legislatura, consciente de que está tratando con el bipartito PRC-PSOE y que Gobierno podría cambiar en unos años.
En cualquier caso, ha recordado que “hay soluciones que ya se han dado”, así como acuerdos extrajudiciales como los “convenios por daños morales, que han ahorrado muchísimo dinero a la administración en intereses de demora y trabajo”.
“Lo que hace falta es voluntad política. Necesitamos que haya presupuesto necesario para cumplir con esos convenios y daños morales”, ha valorado para, a continuación, reiterar que dicho compromiso debe ser temporal, es decir, que “exista un calendario para que la Administración sepa cuál es el coste que va a tener y los afectados sepan cuál es su situación sin que esto dure otros 20 años gastando recursos”.
Vilela ha recordado que un estudio realizado por AMA señala que cada afectado en este proceso ya ha gastado de media el 20% de valor patrimonial de su vivienda entre abogados, peritos, tasadores, médicos, psicólogos, “sin contar daños que son de difícil cuantificación, como el miedo, la ansiedad, la zozobra de un futuro incierto y sobre todo la injusticia cometida con los mismos”.
