jueves. 28.03.2024

La asociación AMA, que aglutina a los afectados por sentencias de derribo, ha celebrado este domingo una reunión en Argoños. La cita se produce tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anula las autorizaciones provisionales y que supone, según AMA, "otro golpe para las familias inocentes".

El encuentro obedece a la inquietud creada por esta sentencia sobre las autorizaciones provisionales, de modo que se informará a los afectados de las consecuencias de la misma, así como la situación de los convenios y daños morales pendientes. Como han explicado desde la propia organización, “este acto se trata de demostrar el apoyo a las familias, darles esperanza y tranquilidad, sobretodo en estas fechas”.

Los afectados han mantenido una reunión con la vicepresidenta regional, Eva María Tezanos, y distintos representantes del Ejecutivo, en el que Tezanos expresó su preocupación por las familias y consideró la sentencia del Consitutcional “injusta”.

Desde AMA aseguran que son ahora las instituciones, sobretodo el Gobierno y los ayuntamientos, quienes tienen que involucrarse para finalizar los PGOU y ver en qué situación quedan las familias.

La asociación ha destacado algunos momentos del acto de esta mañana, como la lectura de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con la que pretendían pedir justicia para todos, porque “es lo más revolucionario en estos tiempos”. “Ha sido un acto entrañable y bonito”, ha concluido.

Autorizaciones provisionales

AMA cree que las autorizaciones provisionales "son un instrumento positivo para solucionar problemas dentro del ámbito urbanístico; y subraya que su función no es la regularización o legalización, sino "dar un tiempo prudencial" para que los instrumentos urbanísticos apropiados se puedan desarrollar, y siempre bajo la supervisión judicial, "lo cual parece muy razonable".

"Lo contrario nos puede llevar al absurdo de derribar viviendas que posteriormente pueden ser legales, e incluso en muchos casos derribar viviendas, donde luego en el mismo sitio se pueden volver a construir", subraya la asociación.

Para AMA, el hecho de que las autorizaciones provisionales hayan sido declaradas inconstitucionales, lo que deja patente es que el ámbito competencia no puede ser autonómico, "y que quizás este tipo de problemas urbanísticos necesitan una mejor y mayor regulación en nuestra legislación estatal", así como una redacción "más acorde" con la normativa vigente, y en concreto que respete el artículo 117.3 de la Constitución, al considerarse legislación procesal.

"Hay que dar soluciones, y no puede ser que los problemas de ejecución de sentencias duren en muchos casos más 20 años, sin una solución justa", reivindica el colectivo.

AMA: “Lo más revolucionario es pedir justicia”
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